El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la tasación de las costas procesales impuestas al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, fijadas en 39.009,48 euros, es decir, aproximadamente la mitad de la cuantía inicialmente calculada. Esta obligación deriva de la sentencia que le declaró culpable por la revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal lo recoge en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que rechaza los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz y confirma el pago de unos 39.000 euros en concepto de costas.
El tribunal descarta los argumentos de la Abogacía del Estado "acerca de la escasa complejidad de este proceso", al considerar que dicha complejidad "deriva de razones materiales y procesales".
En el plano material, el Supremo subraya que "la causa versaba sobre hechos de singular gravedad institucional, al referirse a la revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal, en un contexto vinculado al deber de reserva propio de dicha institución".
En cuanto al ámbito procesal, la resolución destaca que la complejidad "se vio incrementada por la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posteriormente, ante esta Sala por razón del aforamiento, la incoación de quince piezas separadas para la tramitación de recursos de apelación, la necesidad de practicar numerosas diligencias de instrucción --entre ellas, comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y Estados Unidos-- y la intensa actividad impugnatoria desplegada durante todo el procedimiento".
La condena a García Ortiz incluyó dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, el pago de 17.200 euros en concepto de indemnización y multa --cantidad que fue satisfecha por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta--, además de asumir las costas del procedimiento.
En febrero, el Supremo había calculado inicialmente en 79.942,70 euros el importe de dichas costas. Tanto la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, como la Fiscalía recurrieron esa cifra al entender que era indebida y desproporcionada.
Sin embargo, el alto tribunal estimó en marzo la impugnación por indebidas y rebajó los honorarios del abogado y del procurador, al excluir de las costas varios recursos, después de que el letrado de González Amador reclamara casi 80.000 euros por sus servicios profesionales.
En esta nueva resolución, el Supremo tiene en cuenta esa rebaja previa y recuerda que la decisión recurrida "efectuó una labor de ponderación y moderación atendiendo a las circunstancias concurrentes en la causa y, por tanto, tampoco existe motivo alguno, como sugiere el Ministerio Fiscal, para rebajar aún más el porcentaje aplicado".