El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la identidad de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos y cuyo derecho al voto permanece suspendido cautelarmente de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La documentación se ha remitido después de que el alto tribunal exigiera al Ejecutivo identificar individualmente a los afectados y advirtiera de posibles sanciones si no cumplía el requerimiento antes de las 15.00 horas de este 28 de octubre.
La relación definitiva incluye 335 personas más que las 163.020 inicialmente comunicadas por la Abogacía del Estado, una diferencia que, según fuentes gubernamentales citadas por El País, responde a la revisión de los expedientes de nacionalización realizada durante los últimos días por los consulados españoles.
La suspensión afecta a ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de su desarrollo administrativo. No obstante, la resolución judicial contempla una excepción para quienes acrediten mediante un certificado consular que son hijos o nietos de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.
El Supremo había dado cinco días al Gobierno para identificar a los afectados
La entrega del listado responde al requerimiento dictado el pasado viernes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que concedió cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para facilitar la relación nominal tanto al tribunal como a la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral.
Los magistrados habían advertido de la posibilidad de imponer multas y exigir responsabilidades penales en caso de incumplimiento, al considerar imprescindible disponer de las identidades de los afectados para aplicar las medidas cautelares antes de las elecciones generales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado la revisión de los expedientes tramitados en las distintas oficinas consulares y, según las fuentes gubernamentales citadas, ha autorizado la contratación de las asistencias técnicas solicitadas para completar los trabajos dentro del plazo judicial.
El Ejecutivo sostiene que ya había facilitado parte de la información antes del último requerimiento. En concreto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una relación de 76.600 personas identificadas en el Registro Civil digital, conocido como Dicireg, que constituía la información disponible en ese departamento.
Según la versión del Gobierno, la Oficina del Censo trasladó esos datos al Supremo el 21 de octubre. Sin embargo, en dos autos notificados el día 23, el tribunal reprochó a la Administración no haber aportado la relación nominal completa de los electores afectados, pese a disponer de sus identidades por haber tramitado los correspondientes expedientes de nacionalización.
Solo 91 certificados expedidos entre más de 31.000 expedientes revisados
La documentación examinada previamente por el Supremo reflejaba que, hasta el 21 de octubre, los consulados habían revisado 31.390 expedientes de nacionalizados por la ley de nietos, de los cuales únicamente 91 habían dado lugar a la expedición de certificados que acreditaban la condición de descendiente de exiliados.
Estos certificados son determinantes para los afectados, puesto que permiten acreditar que cumplen la excepción contemplada por el tribunal y, por tanto, conservar el derecho a participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Supremo ha cuestionado la demora en la identificación de los electores al considerar que la falta de información podía comprometer la aplicación de las resoluciones judiciales en pleno proceso electoral.
La cifra de 91 certificados corresponde a la revisión comunicada hasta el 21 de octubre y no constituye un balance definitivo de los ciudadanos que podrán acreditar su condición de descendientes del exilio.
El Gobierno pide proteger la lista frente a un posible uso indebido de los datos
Junto con la entrega de la relación nominal, la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que declare reservado el listado, al contener información personal de los 163.355 ciudadanos afectados.
El Ejecutivo argumenta que esta protección resulta necesaria para evitar que los datos puedan utilizarse con fines distintos de los previstos en el procedimiento judicial.
En particular, la solicitud hace referencia a Vox e Iustitia Europa, las dos formaciones que promovieron el recurso ante el Supremo y que participan en el procedimiento. La Abogacía del Estado pretende impedir que puedan hacer un uso "malicioso o ilegítimo" de la información, según recoge El País.
La petición de confidencialidad deberá ser examinada por el tribunal y no modifica por sí misma las medidas cautelares que afectan al derecho al voto de los nacionalizados.