La condena de la Audiencia Nacional a Francisco Granados ha vuelto a situar en primera línea mediática uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia reciente de España: el caso Púnica. El exsecretario general del PP de Madrid y antiguo consejero de la Comunidad de Madrid fue durante años una de las figuras más poderosas del entorno de Esperanza Aguirre, hasta que su caída en la Operación Púnica puso fin a su carrera política.
La sentencia, que le impone dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación, hace referencia a una de las piezas centrales del caso Púnica: las adjudicaciones públicas relacionadas con la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huerta.
De alcalde de Valdemoro a hombre fuerte del PP madrileño
Nacido en Valdemoro en 1964 y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Francisco Granados inició su carrera política en el ámbito municipal. Tras convertirse en alcalde de Valdemoro en 1999, consolidó una posición de creciente influencia dentro del Partido Popular madrileño.
Su ascenso definitivo llegó de la mano de Esperanza Aguirre. Durante los años de mayor poder del PP en Madrid ocupó cargos de primer nivel, entre ellos los de consejero de Transportes e Infraestructuras, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, senador por designación autonómica y secretario general del PP de Madrid.
Durante aquella etapa, Granados fue considerado por numerosos observadores como el principal operador político del partido en la Comunidad de Madrid, con una amplia capacidad para articular alianzas territoriales y ejercer influencia sobre alcaldes y estructuras locales.
La caída: la Operación Púnica
La trayectoria de Granados se truncó en octubre de 2014, cuando fue detenido en el marco de la Operación Púnica, una investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos, adjudicaciones amañadas y cobro de comisiones.
El nombre de la operación no fue casual. Procede de Punica granatum, el nombre científico del granado, en alusión directa al apellido del exdirigente popular. Granados permaneció en prisión preventiva durante más de dos años y desde entonces ha afrontado diversas piezas judiciales derivadas de la macrocausa.
¿Quién era José Luis Huerta?
En el centro de esta pieza judicial aparece también la figura de José Luis Huerta, empresario madrileño y propietario de Waiter Music, una compañía especializada en la organización de conciertos, espectáculos, fiestas patronales y eventos públicos. Durante años, Waiter Music obtuvo numerosos contratos de ayuntamientos y organismos públicos madrileños para la celebración de eventos festivos y actividades culturales.
Según la investigación judicial, Huerta mantenía una relación de amistad con Granados desde la etapa en la que este ejercía como alcalde de Valdemoro.
La relación entre Granados y Waiter Music
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo durante el juicio que Granados utilizó su posición política y su capacidad de influencia para favorecer la adjudicación de contratos públicos a Waiter Music, mientras que la empresa habría asumido determinados gastos y prestaciones en beneficio del dirigente popular.
La Audiencia Nacional considera acreditado que existió una utilización irregular de la influencia política del exconsejero para beneficiar a la empresa de Huerta en distintos procedimientos administrativos. Por su parte, Granados ha defendido durante todo el proceso que nunca participó en amaños de contratos públicos y ha sostenido que la relación con Huerta era exclusivamente personal.
Un símbolo de una etapa política
Más allá de la condena concreta, el caso vuelve a poner el foco sobre una figura que llegó a simbolizar una etapa de enorme poder político en la Comunidad de Madrid. Durante más de una década, Francisco Granados fue uno de los dirigentes más influyentes del PP madrileño. Su ascenso reflejó el auge del partido bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre; su caída, por el contrario, se convirtió en uno de los episodios más representativos de la sucesión de escándalos de corrupción que marcaron la política española durante la década pasada.
Con la nueva sentencia, la Audiencia Nacional vuelve a situar bajo escrutinio judicial una red de relaciones políticas y empresariales que, según los magistrados, permitió favorecer intereses privados mediante el uso de influencia institucional, uno de los elementos centrales que han definido el caso Púnica desde su inicio.