El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha requerido a la Comunidad de Madrid el pago de más de 1,7 millones de euros si quiere seguir utilizando el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta septiembre de 2028, o bien que se comprometa a dejar libre el inmueble antes de que finalice este año.
En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se dirige al Gobierno regional para recordar que el inmueble, ubicado en la calle del General Castaños de la capital, “es un bien de dominio público estatal que no fue transferido” a la Comunidad.
El documento incide en que el edificio “acoge dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a pesar de que la obligación de proporcionar un edificio a ese órgano judicial es de la administración autonómica”.
Asimismo, destaca que tampoco “consta otro título jurídico que ampare su utilización por parte de la Comunidad de Madrid, como se deduce de las actuaciones previas practicadas” por la Secretaría de Estado de Justicia, lo que refuerza la necesidad de regularizar la situación.
Por este motivo, el Ministerio “ha impulsado las actuaciones necesarias para la regularización del uso del inmueble, conforme al marco normativo aplicable”. En concreto, se contempla “el otorgamiento directo de una concesión demanial como título habilitante para la utilización del inmueble” por parte de la Comunidad, según detalla la misiva.
En este contexto, Justicia otorga un plazo de dos meses al Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso para que remita una “comunicación fehaciente y expresa” en la que opte entre dos alternativas: aceptar “la renuncia a continuar utilizando el inmueble, y su compromiso a abandonarlo de manera inmediata antes del día 31 de diciembre de 2026”.
La otra opción que plantea el Ministerio es “la aceptación expresa del pliego de condiciones, que permitirá utilizar el edificio hasta el día 1 de septiembre de 2028, contra el pago de una tasa anual 1.754.315,16 euros”.
Finalmente, el departamento de Justicia advierte de que “la falta de comunicación en el plazo indicado dará lugar al ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico concede para la protección del dominio público, incluyendo la recuperación posesoria de oficio del inmueble ocupado sin título por la Comunidad de Madrid, para su puesta a disposición del Tribunal Supremo, dadas sus necesidades actuales”.