La titular del Juzgado de Instrucción de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Santander, que dirige la investigación del accidente de El Bocal en el que murieron seis personas y otra resultó gravemente herida tras el colapso de una pasarela de la senda costera, ha llamado a declarar el próximo 20 de noviembre, en calidad de investigado, al jefe de obra de Dragados, empresa adjudicataria encargada de la ejecución del proyecto, por un actuar "supuestamente negligente" al haberse construido la pasarela "de forma distinta a lo proyectado".
En un auto difundido este martes, la magistrada acuerda abrir acción penal contra el jefe de obra de la contratista a partir de las manifestaciones realizadas en la causa por el también investigado representante legal de Dragados, que declaró en septiembre, y por el jefe de grupo y la responsable de calidad de la compañía, que comparecieron como testigos el pasado viernes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La resolución indica que se encuentra motivada su citación como investigado "al concurrir en su persona, presuntamente, indicios de comisión del ilícito penal objeto de investigación en la presente causa".
En particular, la jueza subraya que "debe responder en su condición de jefe de obra de la entidad Dragados en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado a la hora de ejecutar la indicada pasarela de forma distinta a lo proyectado".
A criterio de la instructora, esa forma de proceder habría supuesto "una merma en la robustez de la estructura de la pasarela siniestrada que, en principio, sí pudo tener incidencia en el resultado final".
De testigo-perito a investigado en la causa
La magistrada precisa que el hecho de que el jefe de obra de Dragados hubiera intervenido anteriormente en el procedimiento como testigo-perito "no constituye obstáculo para que, como consecuencia del resultado de las diligencias de investigación y la aparición de nuevos elementos indiciarios, pueda pasar a ostentar la condición procesal de investigado".
En esta línea, aclara que su primera declaración testifical tuvo lugar antes de que afloraran los indicios que ahora sustentan la decisión de dirigir contra él la acción penal.
El jefe de obra compareció en junio y, un mes más tarde, tras conocerse las conclusiones de los peritos sobre la forma de ejecución de la pasarela, se resolvió encausar al representante legal de la contratista.
Tras escuchar a este último y a otros dos empleados de Dragados, la instructora acuerda ahora investigar a la persona de la contratista que asumió la jefatura de la obra de la senda costera, por ser "quien previsiblemente ostenta una posición de garante respecto de la correcta ejecución material de la pasarela siniestrada".
En esa posición, "debió advertir las desviaciones técnicas relevantes respecto a lo así proyectado, promover su corrección y poner en conocimiento de la dirección facultativa las modificaciones que pudieran afectar a la estructura de la pasarela".
Según concluye la resolución judicial, "la eventual relevancia penal de su actuación ha de examinarse tanto desde la perspectiva de una posible intervención activa en la ejecución, autorizando o aceptando una solución constructiva distinta a la diseñada, como desde la posible omisión de los deberes de vigilancia, advertencia y actuación que le eran exigibles, valorando sus funciones o competencias".
Ocho personas figuran ya como investigadas
La instrucción por el siniestro de El Bocal se inició el 3 de marzo de este año, fecha en la que seis personas perdieron la vida y otra sufrió lesiones graves al desplomarse la pasarela sobre la que se encontraban, en la senda costera de Santander.
Desde ese momento, la jueza ha ido practicando distintas diligencias para esclarecer lo ocurrido y ha impulsado la acción penal contra ocho personas: la gestora del 112 que atendió la llamada de un vecino el día previo alertando del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local que recibió dicho aviso; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han ejercido como jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero de Fronda que redactó y firmó el proyecto de la pasarela de madera; el representante legal de Dragados, empresa contratista que construyó la infraestructura, y ahora el jefe de obra de la misma compañía que dirigió sobre el terreno la ejecución del proyecto.
Además, la instructora ha señalado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa Dragados, que podrían verse obligados a responder patrimonialmente por los daños derivados del derrumbe de la pasarela si finalmente se apreciara responsabilidad penal.