La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha ordenado seguir adelante con la causa penal contra un agente de la Policía Municipal de Madrid y su antiguo compañero, ya jubilado, por la muerte de Abderrahim Akkouh, ocurrida el 17 de junio de 2025 tras ser reducido después de un presunto robo de un teléfono móvil.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza aprecia que de las diligencias practicadas hasta la fecha se desprenden indicios racionales de un presunto delito contra la vida consumado, a la espera de su calificación definitiva, y determina que el enjuiciamiento deberá realizarlo el Tribunal del Jurado.
De acuerdo con la resolución, sobre las 23.00 horas del 17 de junio de 2025, ambos agentes abandonaban el bar Itabo, situado en la calle San Alberto de Torrejón de Ardoz, cuando fueron interceptados por Abderrahim Akkouh y otra persona no identificada. Alguno de ellos habría empujado al policía municipal y le habría arrebatado el teléfono móvil que portaba en una bandolera.
Los dos agentes emprendieron entonces la persecución de los supuestos autores del robo y el agente de la Policía Municipal alcanzó a Akkouh en la intersección de las calles Pesquera y Calderas. Allí, según detalla el auto, lo redujo en el suelo, en posición de decúbito prono, apoyando la parte superior de su cuerpo sobre la espalda del hombre y rodeándole el cuello con el brazo, mientras su compañero, el agente retirado, colaboraba en la maniobra sujetándole las piernas.
Akkouh murió unos diez minutos más tarde, hacia las 23.10 horas. El informe definitivo de autopsia fija como causa inmediata del fallecimiento la anoxia y como causa fundamental una asfixia mecánica.
El dictamen médico-forense añade que en el desenlace intervinieron varias concausas: entre las preexistentes, el consumo reciente de drogas y patologías cardiacas, y entre las simultáneas, la inmovilización con compresión torácica y presa cervical, así como la posición en decúbito prono.
La magistrada entiende que la acusación formulada por la Fiscalía y la acusación particular presenta base suficiente para proseguir la tramitación del procedimiento.
Entre las diligencias acordadas se incluye la personación del Ayuntamiento de Madrid como posible responsable civil subsidiario, al amparo del artículo 121 del Código Penal. La jueza también ordena recabar de oficio los antecedentes penales de los dos investigados para incorporarlos a la causa.