La titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que instruye la causa por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y resultaron heridas más de 120, ha señalado el 12 de noviembre para que técnicos de Iryo y Renfe, junto a especialistas de otras compañías y los peritos judiciales, lleven a cabo en sede judicial la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos almacenados en los registradores jurídicos de ambos trenes, es decir, las cajas negras.
De acuerdo con la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha requerido al departamento de Informática para que ponga a disposición de los técnicos todos los recursos necesarios reclamados por Hasler Rail --fabricante de los dispositivos-- en la fecha fijada para la práctica de dicha diligencia.
Antes de esa actuación, todos los citados, salvo los peritos judiciales, deberán prestar juramento del cargo de perito, para lo cual se ha fijado el día 29 de octubre, realizándose el trámite de forma telemática mediante una aplicación específica.
En los días anteriores a esa comparecencia telemática, cada interviniente recibirá en la dirección de correo electrónico que haya indicado un enlace para conectarse al acto de juramento del cargo, evitando así su desplazamiento físico a la sede judicial.
Las instalaciones de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en el siniestro, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de su contenido, así como la obtención de los datos de las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del tren de Iryo.
En esa resolución, la jueza dio luz verde al uso de cualquier herramienta informática que comprobara “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El volcado, extracción y estudio de la información se llevó a cabo en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta de todo el procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para la continuación de las pesquisas y remitiendo otra de forma inmediata al órgano judicial.
Finalmente se decidió no trasladar los equipos de grabación hasta Montoro, con el fin de evitar los riesgos asociados al movimiento del material a las dependencias judiciales de esta localidad cordobesa.
MÁS DE 2.000 EUROS
A mediados de mayo, la magistrada remitió oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que, “con carácter urgente”, el órgano administrativo competente adoptara las medidas necesarias que permitieran a este juzgado, “a la mayor brevedad posible”, disponer de las aplicaciones informáticas y del personal de la empresa fabricante imprescindibles para descifrar las cajas negras de los dos trenes.
En dicha providencia, y ante “el estado de las actuaciones”, la jueza solicitó el acceso a los programas --'softwares'-- Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren de Iryo y del Alvia, cuyas licencias de instalación y uso pertenecen a Hasler Rail, así como la intervención de “personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”.
A comienzos de junio, la Junta de Andalucía acordó asumir, por un importe total de 1.980 euros más IVA, el coste de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, con el objetivo de disponer de los medios técnicos para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de la información contenida en los registradores jurídicos de los dos trenes.
La resolución de la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba precisa que se trata de un software cuya licencia de instalación y uso pertenece a Hasler Rail, por lo que la “pericia sólo puede realizarse por esta”.
El documento añade que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.
En esta línea, el Gobierno andaluz solicitó presupuesto a Hasler Rail, que remitió una oferta detallada por un importe de 1.980 euros, IVA no incluido.