José Luis Calama es el magistrado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso Plus Ultra.
El juez ha citado como investigados al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli, después de que ambos modificaran su versión y remitieran escritos en los que implican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones que precedieron al rescate público de 53 millones de euros.
Las declaraciones se celebrarán los días 7 y 8 de septiembre.
Cuándo declararán los directivos de Plus Ultra
Julio Martínez Sola deberá comparecer a las 09.00 horas del 7 de septiembre.
Roberto Roselli está citado a la misma hora del día siguiente. Roselli era director financiero de Plus Ultra cuando se tramitaron las ayudas concedidas durante la pandemia.
Los dos directivos ya figuraban como investigados. Cuando fueron detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2025 se acogieron a su derecho a no declarar.
La Fiscalía Anticorrupción consideró necesario volver a interrogarlos después de conocer sus nuevos escritos.
El cambio de versión de la cúpula de Plus Ultra
El presidente de Plus Ultra había negado públicamente cualquier trato de favor o injerencia política.
Esta semana, sin embargo, Martínez Sola y Roselli presentaron escritos ante la Audiencia Nacional en los que reconocen que la empresa contrató al consultor Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero y con la expectativa de que pudiera ayudar en la obtención del rescate.
Ambos admiten que no tuvieron constancia directa de las gestiones concretas que habría realizado el expresidente ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Su nueva versión se apoya en la idea de que Plus Ultra asumió que debía contratar a Martínez Martínez porque tenía acceso a Zapatero.
La comisión del 1% por conseguir el rescate
La investigación analiza un contrato que establecía una comisión equivalente al 1% de la financiación obtenida.
Como el rescate ascendió a 53 millones de euros, la cantidad prevista rondaba los 530.000 euros. El documento definía ese pago como contraprestación por los servicios prestados y por el éxito de la operación ante la SEPI.
La Policía intervino una copia del contrato durante el registro del domicilio de Julio Martínez Martínez.
A ese acuerdo se sumó otro contrato de 5.000 euros mensuales por servicios de asesoramiento que, según la versión del consultor, ya se prestaban desde mayo de 2020.
La llamada que compromete las versiones
Julio Martínez Sola sostiene que habló por teléfono con Zapatero el 30 de abril de 2020.
Según su relato, explicó al expresidente la difícil situación financiera de Plus Ultra y la necesidad de acceder a fondos públicos. Martínez Sola afirma que Zapatero respondió que su intervención podía resultar útil y que las comunicaciones posteriores se canalizarían a través de Julio Martínez Martínez.
Zapatero niega haber realizado gestiones ante la SEPI o el Consejo de Ministros para favorecer a la compañía.
La declaración de septiembre permitirá a Calama interrogar directamente a los directivos sobre esa supuesta conversación, los contratos firmados y los pagos realizados.
Qué investiga el caso Plus Ultra
La causa trata de determinar si el rescate público fue obtenido mediante una estructura de influencias y si parte del dinero terminó canalizándose a través de contratos y comisiones.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia.
La investigación no se limita a comprobar si la aerolínea cumplía los requisitos económicos. También examina quién intervino en la operación, qué servicios se prestaron realmente y cuál fue el destino de las cantidades pagadas a consultores y empresas relacionadas.
Qué papel atribuye la investigación a Zapatero
Los investigadores analizan si el expresidente actuó como figura de referencia dentro de las gestiones para lograr el rescate.
Julio Martínez Martínez declaró ante el juez que Zapatero “marcaba los pasos a seguir”. Los directivos de Plus Ultra no afirman haber presenciado personalmente esas actuaciones, pero reconocen que contrataron al consultor por la relación que mantenía con el antiguo presidente del Gobierno.
Zapatero rechaza esa interpretación y sostiene que no habló con responsables de la SEPI ni del Gobierno sobre la ayuda.
La causa se encuentra en fase de instrucción. Las afirmaciones de los investigados no constituyen por sí solas hechos probados.
Calama rechaza la nulidad pedida por Zapatero
El juez ha inadmitido la solicitud de nulidad general presentada por la defensa de Zapatero.
Calama considera que la petición llegó fuera del plazo legal de 20 días desde que la defensa tuvo acceso material al sumario. Según su resolución, el plazo terminó el 23 de junio a las 15.00 horas y el escrito se presentó el día 25.
El magistrado no entró a valorar el fondo de las vulneraciones denunciadas. Rechazó la solicitud por extemporánea.
La defensa intenta corregir esa decisión alegando un error en el cómputo de las fechas de acceso al procedimiento.
Las joyas intervenidas a Zapatero
La Fiscalía ha solicitado un informe ampliatorio sobre las joyas intervenidas a nombre del expresidente.
El objetivo es obtener más información sobre cuándo fueron engarzadas las piezas y profundizar en su valor actual de mercado. Calama todavía no había resuelto esa petición al publicarse la citación de los directivos.
La tasación preliminar difundida en el procedimiento situó el conjunto en 1,3 millones de euros, aunque el origen y la valoración definitiva siguen bajo investigación.
Quién es José Luis Calama
Calama es magistrado de la Audiencia Nacional y dirige el Juzgado Central de Instrucción que tramita la causa.
Su nombre ha aparecido en procedimientos de gran relevancia política, económica y de seguridad. En el caso Plus Ultra ha autorizado registros, tomado declaraciones, analizado documentación financiera y resuelto los recursos presentados por las defensas.
Su función no consiste en dictar ahora una condena, sino en determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento y, llegado el momento, proponer la apertura de juicio o el archivo.