La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado nuevas diligencias al juez instructor del caso Leire Díez para profundizar en el rastreo de cuentas bancarias, movimientos financieros y relaciones comerciales de varios investigados, incluyendo el PSOE y el PSC.
Según los investigadores, el objetivo es analizar operaciones económicas vinculadas a una presunta red que habría buscado desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el Gobierno y el Partido Socialista, y que estaría coordinada por distintos actores investigados en la causa.
Una investigación que amplía el foco financiero
La UCO ha solicitado a la Agencia Tributaria información detallada de una quincena de personas físicas y jurídicas, entre las que figuran empresas de comunicación, sociedades mercantiles, abogados y medios digitales, además de responsables políticos y empresariales relacionados con el procedimiento.
El listado incluye datos sobre cuentas bancarias, rentas, fondos de inversión, valores, seguros, bienes muebles e inmuebles, operaciones societarias, activos en el extranjero, donaciones, fondos de pensiones y declaraciones fiscales, entre otros elementos patrimoniales.
Bancos bajo requerimiento directo de información
En paralelo, los agentes han pedido al juez que ordene a las entidades financieras remitir de forma directa toda la información disponible sobre movimientos y saldos de cuentas vinculadas al PSOE y al PSC desde 2024 hasta la actualidad.
También se incluyen cuentas de otros investigados, como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, varios abogados y sociedades mercantiles vinculadas a los mismos, así como el medio digital Crónica Libre.
Relaciones comerciales y pagos bajo análisis
Entre las líneas de investigación, la UCO examina posibles relaciones comerciales entre el PSOE y empresas del grupo IKI, así como contratos, facturas y justificantes de pago que podrían estar relacionados con campañas de comunicación o publicidad.
Los investigadores también analizan operaciones económicas detectadas entre sociedades vinculadas a medios digitales y empresas intermediarias, en el contexto de supuestos pagos relacionados con actividades informativas o publicitarias.
Posibles pagos vinculados a campañas de comunicación
El oficio señala que se investiga un posible pago cercano a 20.000 euros atribuido al PSOE hacia el medio Crónica Libre, canalizado a través de una agencia intermediaria y vinculado a una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones autonómicas de 2024.
Asimismo, se han detectado operaciones económicas entre sociedades vinculadas a medios digitales y empresas del entorno del caso, con importes que superan los 18.000 euros en distintos contratos de servicios de comunicación.