La negociación del próximo gran presupuesto de la Unión Europea entra en su fase decisiva con 141.000 millones de euros menos sobre la mesa. Irlanda, que ocupa este semestre la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha presentado este sábado un nuevo marco de negociación para el periodo 2028-2034 que rebaja aproximadamente un 8% la propuesta inicial de la Comisión Europea. Las cuentas pasarían de 1,76 billones de euros a precios constantes de 2025 a alrededor de 1,62 billones, aunque la cifra inicial ascendía a 1,98 billones cuando se expresaba a precios corrientes. No es todavía el presupuesto definitivo: el documento pretende acercar las posiciones de los Veintisiete antes de la cumbre europea del 15 y 16 de octubre.
El ajuste responde a meses de presión de varios de los países que reclaman mayor disciplina presupuestaria, entre ellos Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia. Al otro lado se encuentran gobiernos como el español y el italiano, que han advertido contra nuevos recortes en partidas tradicionales como la Política Agraria Común y los fondos de Cohesión. El resultado presentado por Dublín intenta cuadrar dos objetivos difíciles de compatibilizar: contener el tamaño de las cuentas y, al mismo tiempo, encontrar dinero para defensa, innovación, competitividad, Ucrania y nuevas crisis, además de afrontar la devolución de la deuda contraída para financiar el fondo europeo de recuperación.
Competitividad y seguridad, entre las áreas que más perderían
Uno de los mayores ajustes recaería sobre las partidas destinadas a competitividad y seguridad, que quedarían aproximadamente un 13% por debajo de lo planteado inicialmente por la Comisión, según el desglose conocido este sábado. Es una rebaja especialmente significativa porque Bruselas había presentado el próximo marco financiero como una oportunidad para cerrar la brecha tecnológica e industrial con Estados Unidos y China, reforzar la industria europea y aumentar la inversión en defensa.
En este bloque se encuadran instrumentos vinculados a investigación, innovación, tecnologías estratégicas y seguridad, aunque el reparto definitivo entre programas todavía debe negociarse. El futuro Fondo Europeo de Competitividad es una de las grandes apuestas del nuevo presupuesto y está concebido para concentrar financiación en sectores considerados estratégicos, desde tecnologías limpias hasta digitalización y capacidades industriales. La paradoja es que precisamente algunas de las prioridades que más protagonismo han ganado en el discurso europeo son las que ahora se enfrentan a algunos de los mayores ajustes respecto a la propuesta original.
Política exterior y cooperación podrían caer alrededor de un 17%
La otra gran damnificada sería la acción exterior. El nuevo marco plantea una reducción próxima al 17% en política exterior y ayuda al desarrollo respecto a las cifras inicialmente previstas, según el desglose avanzado sobre el documento irlandés. Esto afectaría al margen financiero de la UE para cooperación internacional, ayuda a terceros países y diferentes iniciativas geopolíticas fuera de sus fronteras.
La UE está reorganizando además buena parte de esas políticas bajo el instrumento Europa Global, que incluye financiación para el vecindario europeo, Oriente Próximo, África subsahariana, Asia, América Latina, ampliación de la Unión y proyectos de Global Gateway. El Consejo ya había defendido otorgar mayor peso a la ampliación, la migración y la vecindad europea, por lo que el recorte obligará a decidir qué prioridades quedan protegidas y cuáles dispondrán de menos margen.
Agricultura y Cohesión también bajarían, pero menos
La Presidencia irlandesa intenta proteger parcialmente las dos grandes políticas históricas del presupuesto europeo: agricultura y desarrollo regional. Junto con pesca, este bloque sufriría un recorte aproximado del 3% frente a la propuesta de la Comisión, muy inferior al ajuste planteado para competitividad o política exterior. En conjunto, las políticas agrícolas y regionales conservarían alrededor de 914.000 millones de euros, según los cálculos difundidos sobre la propuesta, una cantidad que seguiría siendo superior a la del actual marco financiero.
La comparación necesita, no obstante, una precisión. Que estas partidas aumenten respecto al presupuesto de 2021-2027 no significa que salgan intactas de la negociación: se está recortando dinero respecto a lo que la Comisión quería dedicarles a partir de 2028. Además, el próximo marco cambia la arquitectura del gasto y pretende integrar Cohesión, agricultura, pesca, migración, seguridad y otras políticas dentro de planes nacionales y regionales más amplios, algo que ha provocado preocupación entre regiones y ayuntamientos por el riesgo de una mayor centralización.
Por qué España mira especialmente a la PAC y a los fondos de Cohesión
España tiene especial interés en proteger estas dos partidas por su condición de importante receptora de financiación agrícola y regional. El Gobierno español se ha aliado con otros Estados para reclamar que la PAC y la Cohesión no sufran recortes adicionales, argumentando que deben convivir con las nuevas prioridades europeas en lugar de convertirse en la fuente de financiación para defensa o competitividad.
Madrid ha intentado además ampliar el margen presupuestario mediante otra fórmula: reestructurar el calendario de devolución de la deuda del fondo Next Generation. La propuesta española calculaba que repartir de otra manera el pago de intereses podría liberar alrededor de 70.000 millones de euros durante el próximo marco financiero, pero Alemania y otros países han mostrado reticencias y los servicios de la Comisión han advertido de que prolongar la deuda también podría elevar su coste total.
Hasta 9.000 millones menos para la administración europea
El ajuste no se limitaría a programas de inversión. La propuesta contempla también alrededor de 9.000 millones de euros menos en gasto administrativo frente al diseño inicial de la Comisión. Esta partida cubre el funcionamiento de las instituciones europeas y parte de sus costes de personal y estructura.
Irlanda defiende que su documento constituye un compromiso capaz de responder a las "realidades fiscales" de los Estados miembros sin desmontar las grandes prioridades comunitarias. Su ministro de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, ha subrayado que, incluso después de los 141.000 millones de ajuste, prácticamente todos los grandes programas dispondrían de más recursos que en el actual marco financiero y el presupuesto total seguiría siendo más de un 30% superior al de 2021-2027 en términos comparables.
Alemania y los países frugales quieren ir todavía más lejos
El problema para Irlanda es que el recorte puede resultar demasiado grande para unos y demasiado pequeño para otros. Suecia y Países Bajos ya han considerado insuficiente el ajuste y continúan reclamando un presupuesto más reducido. El bloque partidario de contener el gasto sostiene que los gobiernos nacionales atraviesan también dificultades fiscales y que Bruselas no puede aumentar su presupuesto al ritmo inicialmente planteado.
En el extremo contrario, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido durante los últimos días contra "grandes recortes", mientras el Parlamento Europeo ha avisado de que no dará su consentimiento a unas cuentas que, a su juicio, debiliten la capacidad de actuación de la Unión. Los negociadores de la Eurocámara han llegado a defender un presupuesto todavía más ambicioso que el inicialmente presentado por la Comisión.
Nuevos impuestos europeos para cuadrar las cuentas
La otra pata de la negociación está en los ingresos. El documento irlandés contempla nuevas fuentes de financiación comunitaria vinculadas, entre otros elementos, a derechos de aduana, una parte de los ingresos obtenidos por la venta de permisos de emisiones de CO2 y una aportación de grandes empresas que operan en la UE. El objetivo es reducir la cantidad que los presupuestos nacionales tienen que transferir directamente a Bruselas para sostener el aumento del gasto.
La Comisión lleva meses defendiendo que aumentar los denominados "recursos propios" permitiría financiar las nuevas prioridades sin obligar a los Estados a elevar en la misma proporción sus contribuciones nacionales. Pero tampoco existe consenso sobre estos instrumentos: algunos gobiernos rechazan que la UE adquiera mayor capacidad fiscal propia y consideran que, aunque se denominen recursos europeos, siguen representando dinero obtenido de ciudadanos y empresas de los Estados miembros.
Los 141.000 millones son el comienzo de la negociación, no el final
El nuevo marco será discutido por los líderes europeos en la cumbre de los próximos 15 y 16 de octubre. El objetivo político es cerrar un acuerdo antes de terminar 2026 para que durante 2027 pueda aprobarse toda la legislación necesaria y el nuevo presupuesto entre en vigor el 1 de enero de 2028. La tarea no será sencilla: el Marco Financiero Plurianual necesita la unanimidad de los 27 Estados miembros y posteriormente el consentimiento del Parlamento Europeo.
Por eso, los 141.000 millones de euros no constituyen todavía un recorte aprobado, sino la nueva base sobre la que los gobiernos empezarán a negociar. Si el documento irlandés sobreviviera sin grandes cambios, las partidas más expuestas frente al plan original serían política exterior y cooperación, con un ajuste cercano al 17%, y competitividad y seguridad, con alrededor del 13%. Agricultura, pesca y desarrollo regional quedarían más protegidos, aunque también perderían aproximadamente un 3%. El pulso de las próximas semanas decidirá si estos porcentajes se mantienen o si la presión de Alemania y los países más austeros obliga a buscar todavía más ahorro.