La vivienda ocupa buena parte del debate político español, pero también forma una parte importante del patrimonio de quienes se sientan en el Congreso de los Diputados. El 86% de los parlamentarios declara ser propietario de al menos una vivienda, mientras alrededor del 14% no recoge ninguna en su declaración de bienes, según un análisis realizado por Europa Press sobre la información patrimonial presentada por los diputados. Sin embargo, ser propietario está lejos de significar automáticamente convertirse en casero: únicamente 66 de los 350 diputados, cerca del 19% de la Cámara, declararon recibir dinero procedente del alquiler de viviendas, locales o fincas rústicas.
La diferencia tiene que ver con el funcionamiento de las propias declaraciones del Congreso. Los parlamentarios deben informar por separado de sus bienes patrimoniales y de las rentas que obtienen, de modo que una vivienda puede aparecer entre sus propiedades sin generar ningún rendimiento por alquiler. Puede tratarse de la residencia habitual, de una segunda vivienda que no esté arrendada, de una propiedad compartida o de una participación recibida mediante herencia. Además, los formularios parlamentarios recogen las rentas percibidas durante el ejercicio económico anterior, por lo que la fotografía de los ingresos no siempre coincide exactamente con la situación actual de cada inmueble.
66 diputados declaran ingresos por alquiler
El análisis de las declaraciones presentadas al comienzo de la XV Legislatura muestra que 66 parlamentarios reconocieron ingresos procedentes del arrendamiento de inmuebles, incluyendo no solo viviendas de alquiler convencional, sino también en algunos casos alquileres vacacionales, locales comerciales o fincas rústicas. Es decir, el dato no permite concluir que los 66 sean necesariamente propietarios de una vivienda arrendada a largo plazo a otra familia.
Por grupos, el PP contaba con 29 diputados que declaraban rentas por arrendamiento, el 21% de los 137 parlamentarios que tenía el grupo en el momento del análisis. En el Grupo Socialista eran 21 de 121, un 17,35%, mientras en Vox figuraban siete de sus 33 diputados, alrededor del 21,2%. En términos proporcionales, Junts registraba tres arrendadores entre sus siete representantes y el PNV, dos entre cinco; EH Bildu contabilizaba dos entre seis y Sumar, dos entre 26. Europa Press no localizó ingresos por alquiler entre los diputados de ERC ni entre los integrantes que entonces formaban el Grupo Mixto.
Las cifras corresponden al análisis de las declaraciones disponibles y a la composición parlamentaria existente en febrero de 2026, por lo que no deben interpretarse como una fotografía inmutable de la Cámara. El Congreso obliga a publicar las declaraciones de bienes y rentas y también sus modificaciones cuando un parlamentario actualiza la información, mientras las declaraciones finales se hacen públicas cuando pierde la condición de diputado.
Sánchez y Feijóo sí declararon rentas inmobiliarias
Entre los principales dirigentes nacionales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo declararon ingresos procedentes de bienes inmuebles al incorporarse a la legislatura. Según el análisis de Europa Press, Sánchez consignó 12.845 euros anuales por este concepto y Feijóo, 5.584 euros. Las declaraciones patrimoniales forman parte del Registro de Intereses de las Cortes y son públicas durante la legislatura.
En el caso de los otros dos líderes incluidos en aquella comparación, Santiago Abascal y Yolanda Díaz no figuraban entre quienes declaraban rentas por alquiler. Eso no permite deducir por sí solo si poseen o no inmuebles: nuevamente, patrimonio e ingresos son dos apartados diferentes de la declaración. La ficha del Congreso de ambos dirigentes mantiene accesibles sus declaraciones de bienes y rentas correspondientes al inicio de la XV Legislatura.
Tener tres viviendas no significa alquilar tres viviendas
Este es uno de los aspectos que puede generar mayor confusión al consultar las declaraciones. En la parte relativa al patrimonio, los diputados deben detallar los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, indicando cuestiones como su localización general, la fecha de adquisición, el porcentaje o derecho que ostentan sobre ellos y la forma en la que fueron adquiridos. Una persona puede, por ejemplo, ser propietaria del 50% de una vivienda adquirida junto a su pareja o disponer únicamente de una participación heredada en otro inmueble.
El hecho de que esas propiedades aparezcan en el patrimonio no implica que estén en el mercado de alquiler. Una puede ser la vivienda habitual y otra utilizarse personalmente durante parte del año; también puede existir una propiedad vacía, cedida gratuitamente a familiares o compartida entre varios herederos. Lo que permite saber si ha generado rentas es el apartado específico dedicado a los ingresos, donde el parlamentario debe consignar las cantidades obtenidas por bienes inmuebles durante el ejercicio económico anterior.
Hay además otra particularidad: la declaración no ofrece necesariamente todos los detalles de cada contrato. Puede indicar que existen "rendimientos de bienes inmuebles" o "alquileres", junto con la cantidad anual percibida, pero eso no siempre permite vincular públicamente cada euro a una propiedad concreta ni conocer el alquiler mensual, la duración del contrato o las características del arrendatario.
Hasta 33.000 euros anuales entre las rentas más altas declaradas
Las cantidades son muy diferentes entre parlamentarios. Dentro del PP, los diputados con mayores ingresos inmobiliarios analizados por Europa Press se movían en una horquilla de entre 24.000 y 33.000 euros anuales, mientras entre los socialistas las cifras más elevadas estaban entre 11.000 y 16.000 euros. Son importes declarados por los propios parlamentarios y correspondientes al ejercicio fiscal anterior al momento en que presentaron su información patrimonial.
Por este motivo, tampoco es correcto comparar sin más el número de propiedades con la renta declarada. Un diputado puede poseer varias participaciones de pequeño tamaño en inmuebles familiares y no obtener prácticamente ingresos, mientras otro puede disponer de un único inmueble arrendado que genere una cantidad significativa cada año. La declaración sirve para conocer qué posee el parlamentario y qué rentas manifiesta haber recibido, pero no equivale a un inventario del uso cotidiano de todas sus propiedades.
Qué obliga a declarar el Congreso
La publicación de esta información deriva de las normas sobre el Registro de Intereses de las Cortes Generales y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los diputados tienen que presentar declaraciones sobre sus actividades, bienes y rentas, además de informar de determinados intereses económicos. El objetivo es hacer públicos posibles intereses patrimoniales que puedan resultar relevantes durante el ejercicio del cargo.
El formulario distingue expresamente entre las rentas procedentes del trabajo, los dividendos, los intereses financieros y "otras rentas o percepciones", apartado en el que suelen incluirse los rendimientos derivados de propiedades inmobiliarias. Por separado aparecen los bienes patrimoniales, incluyendo viviendas, locales, garajes, terrenos y otras propiedades. Las propias instrucciones señalan que los ingresos declarados corresponden al ejercicio económico anterior a la presentación.
Propietarios, pero no necesariamente caseros
La fotografía del Congreso deja por tanto dos cifras que describen realidades diferentes. Más de ocho de cada diez diputados poseen al menos una vivienda, pero menos de dos de cada diez declararon ingresos por arrendamientos. La primera cifra habla del patrimonio inmobiliario de los parlamentarios; la segunda, de quién obtuvo efectivamente rentas procedentes de alguna propiedad durante el periodo declarado.
Esa diferencia es especialmente relevante en pleno debate sobre alquileres, desahucios y acceso a la vivienda. Las declaraciones públicas permiten saber cuántos diputados han comunicado ingresos inmobiliarios y qué cantidades consignan, pero no permiten convertir automáticamente cada piso declarado en una vivienda alquilada. Para hacerlo habría que conocer el uso de cada inmueble, algo que el Registro de Intereses no exige detallar con ese nivel de precisión.