La brecha entre nacimientos y defunciones: qué territorios necesitan de la migración para crecer

La nacionalidad española por residencia es la vía más habitual para que una persona inmigrante obtenga la nacionalidad. Aunque los detalles procedimentales pueden cambiar, los requisitos legales básicos se mantienen relativamente estables porque están en el Código Civil y su normativa de desarrollo. A continuación se resumen los puntos clave que debes cumplir si has residido en España como inmigrante y quieres solicitar la nacionalidad.

1. Tiempo mínimo de residencia legal en España

El requisito central es haber residido legal y continuadamente en España durante un tiempo mínimo antes de presentar la solicitud. El plazo general es de 10 años, pero hay reducciones importantes:

• 10 años: regla general para la mayoría de extranjeros.
• 5 años: para personas con condición reconocida de refugiado.
• 2 años: para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y personas de origen sefardí.
• 1 año de residencia legal suficiente, entre otros supuestos:
  • Si has nacido en territorio español.
  • Si no ejerciste a tiempo el derecho a optar por la nacionalidad.
  • Si has estado legalmente bajo tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución española durante al menos 2 años.
  • Si llevas 1 año casado/a con español/a y no estás separado de hecho ni de derecho.
  • Si eres viudo/a de español/a y no estabas separado al momento del fallecimiento.
  • Si naciste fuera de España de padre o madre (o abuelo/abuela) que originariamente fueron españoles.

La residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. No basta con estancias irregulares o de corta duración (visados de turista, por ejemplo).

2. Situación administrativa y empadronamiento

Debes contar con un título de residencia válido (tarjeta de residencia temporal o de larga duración, residencia de familiar de ciudadano de la UE, etc.) durante todo el periodo exigido. Además, es esencial mantenerte empadronado en España, pues los certificados de empadronamiento suelen utilizarse como prueba de residencia efectiva.

3. Buena conducta cívica y antecedentes penales

La ley exige que el solicitante demuestre buena conducta cívica. En la práctica, esto se traduce en:

• Aportar certificados de antecedentes penales del país de origen y de España.
• No tener delitos graves ni reiterados, especialmente recientes.
• En algunos casos, valorar sanciones administrativas graves (por ejemplo, en materia de extranjería) que puedan cuestionar la integración.

La existencia de antecedentes no implica automáticamente la denegación, pero la autoridad valorará su gravedad, fecha y circunstancias.

4. Suficiente grado de integración en la sociedad española

Otro requisito es acreditar un grado suficiente de integración. Los elementos principales son:

• Conocimiento del idioma español: salvo que procedas de un país hispanohablante, normalmente deberás acreditar un nivel básico de castellano.
• Conocimiento de la realidad social y constitucional de España: se evalúa a través de pruebas específicas sobre la Constitución, la organización del Estado, la cultura y la sociedad españolas.
• Otros indicios de integración: permanencia efectiva en España, vínculos familiares, arraigo laboral y social, participación en la vida comunitaria, etc.

5. Mayoría de edad y capacidad

Pueden solicitar la nacionalidad:

• Las personas mayores de edad y con plena capacidad de obrar, por sí mismas.
• Los menores de 18 años, a través de sus representantes legales (padres, tutores) y con ciertos matices según la edad.
• Personas con la capacidad modificada judicialmente, a través de quien ejerza su representación, conforme a las resoluciones judiciales.

6. Renuncia o compatibilidad de nacionalidades

En general, se exige declarar la renuncia a la nacionalidad anterior cuando el país de origen no tiene convenio de doble nacionalidad con España o no la permite. Sin embargo, en la práctica, las personas de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes suelen poder conservar su nacionalidad de origen al adquirir la española, por los regímenes especiales de doble nacionalidad.

7. Juramento o promesa y cierre del procedimiento

Si la solicitud se concede, antes de inscribirse la nacionalidad en el Registro Civil deberás:

• Jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
• Declarar la renuncia o la compatibilidad de tu nacionalidad anterior, según proceda.

Solo con la inscripción en el Registro Civil la adquisición de la nacionalidad española por residencia se considera plenamente efectiva.

Según la Constitución española, las competencias en materia de inmigración y población se estructuran sobre un claro predominio del Estado, pero con márgenes de actuación importantes para las comunidades autónomas en ámbitos materiales conexos (servicios sociales, integración, ordenación del territorio, etc.). La clave está en la lectura conjunta de los artículos 148 y 149 de la Constitución.

1. Competencias exclusivas del Estado en inmigración y población

El artículo 149.1 CE enumera las materias sobre las que el Estado ostenta competencia exclusiva. Entre ellas, es especialmente relevante el apartado 2.ª:

«Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.»

Esto significa que:

• La regulación de los requisitos de entrada, permanencia y salida de extranjeros (visados, permisos de residencia y trabajo, expulsiones, reagrupación familiar, etc.) es competencia estatal.
• Las normas sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad y sobre la situación jurídica del extranjero dependen exclusivamente del legislador estatal.
• Las políticas de emigración (españoles en el exterior) y de derecho de asilo y refugio corresponden también al Estado.

Desde la óptica de “población” en sentido estadístico y general, el mismo artículo 149.1, en su apartado 31.ª, atribuye al Estado la «estadística para fines estatales», lo que incluye los grandes instrumentos de medición demográfica (por ejemplo, censos generales o padrones a efectos estatales), aunque el trabajo estadístico se apoye después en la colaboración autonómica y local.

Además, el apartado 1.ª de ese mismo artículo atribuye al Estado la «regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles», que actúa como límite transversal: aunque las comunidades adopten políticas propias ligadas a la población o a la integración de inmigrantes, no pueden romper la igualdad básica de derechos y deberes fijada a nivel estatal.

2. Márgenes competenciales de las comunidades autónomas

La Constitución no menciona de forma directa “inmigración” ni “población” en el listado de materias asumibles por las comunidades (art. 148.1 CE). Sin embargo, permite que éstas asuman competencias en ámbitos que, en la práctica, inciden de forma decisiva en la gestión de la realidad migratoria y demográfica.

Entre esas materias del artículo 148.1 destacan:

• Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (148.1.3.ª): permite a las comunidades diseñar políticas de planificación territorial y de vivienda que tienen efectos sobre la distribución de la población, la lucha contra la segregación residencial, la dotación de equipamientos en barrios con alta concentración de personas inmigrantes, etc.
• Asistencia social (148.1.20.ª): las comunidades pueden organizar y gestionar los servicios sociales (prestaciones, ayudas, programas) destinados tanto a nacionales como a extranjeros residentes, lo que incluye políticas de inclusión social e integración.
• Sanidad e higiene (148.1.21.ª), en coordinación con las bases estatales del art. 149.1.16.ª: la gestión de los sistemas autonómicos de salud repercute directamente en la atención a la población inmigrante y en el acceso efectivo a servicios sanitarios.
• Fomento de la cultura y de la enseñanza de la lengua propia (148.1.17.ª): aunque no es una competencia “migratoria” en sentido estricto, permite diseñar políticas educativas y culturales que inciden en la convivencia intercultural y en la integración lingüística de la población de origen extranjero.

Además, la Constitución prevé (art. 148.2 y 149.3) que las comunidades puedan ir ampliando sus competencias dentro del marco del 149.1, y que las materias no atribuidas expresamente al Estado puedan corresponderles vía estatuto. Esto ha permitido que muchos estatutos incluyan hoy en día referencias expresas a la integración de inmigrantes, a la política demográfica o al apoyo a la población retornada, siempre respetando que la entrada y el estatus jurídico de los extranjeros se rigen por la legislación estatal.

3. Reparto funcional: Estado regula el “estatus”, CCAA gestionan la “integración”

En síntesis, puede decirse que:

• El Estado ostenta el control jurídico de la inmigración (nacionalidad, situación de extranjero, permisos, expulsiones, asilo, bases de igualdad y de Seguridad Social, grandes estadísticas estatales).
• Las comunidades autónomas actúan sobre las condiciones materiales de vida de las personas que residen en su territorio (sanidad, educación en el marco estatal, servicios sociales, vivienda, ordenación del territorio, políticas de integración e inclusión social), lo que afecta de lleno a la población inmigrante y al equilibrio demográfico.

Este reparto constitucional obliga a una constante coordinación: el Estado fija el marco normativo general de la inmigración y de los derechos básicos, mientras que las comunidades desarrollan, desde sus competencias sectoriales, políticas públicas dirigidas a gestionar los efectos sociales y territoriales de los flujos migratorios y de la evolución de la población.

Con la información disponible en las bases parlamentarias y ejecutivas consultadas, puede identificarse con claridad una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados en la actual legislatura cuya materia principal es la política migratoria (migraciones, extranjería, asilo o refugio) y que se tramita como ley. Existen además otras iniciativas normativas del Gobierno en materia migratoria, pero no todas pasan por el Congreso como leyes, sino que se articulan como reglamentos.

La única iniciativa con tramitación parlamentaria propiamente legislativa y objeto central migratorio detectada es la siguiente:

• Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, convalidado y tramitado como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
  • Tipo: Real decreto‑ley del Gobierno, tramitado posteriormente como proyecto de ley.
  • Identificadores parlamentarios: 130/000016 (como decreto‑ley) y 121/000055 (como proyecto de ley en el Congreso).
  • Proponente: Gobierno de España.
  • Objeto: articular un mecanismo específico para hacer frente a contingencias migratorias extraordinarias que afectan a menores extranjeros no acompañados, regulando, entre otros aspectos, la declaración de estas situaciones, los planes de respuesta solidaria y la redistribución de menores entre comunidades autónomas.
  • Estado de tramitación: el Congreso acordó la tramitación del decreto‑ley como proyecto de ley y se encuentra en tramitación, con el plazo de presentación de enmiendas ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026.
  • Fuente parlamentaria: ficha de la iniciativa en el Congreso (121/000055): detalle en la web del Congreso .

Desde el punto de vista cuantitativo, si se atiende de forma estricta a la pregunta —leyes o iniciativas legislativas sobre política migratoria presentadas en el Congreso en la actual legislatura— y a la información localizada, la respuesta es:

• Total de iniciativas legislativas en el Congreso con objeto principal migratorio identificadas: 1.
• Desglose por tipo:
  • Reales decretos‑ley del Gobierno tramitados como proyectos de ley: 1 (Real Decreto‑ley 2/2025 → Proyecto de Ley 121/000055).
  • Proposiciones de ley de grupos parlamentarios específicamente sobre migraciones/asilo/extranjería: 0 identificadas en la búsqueda realizada.
  • Otros proyectos de ley del Gobierno con núcleo temático migratorio: 0 adicionales identificados.
• Estado global: la iniciativa localizada está en tramitación en el Congreso, tras haber sido convalidado el decreto‑ley de origen.

En paralelo a esta tramitación parlamentaria, en el ámbito del Gobierno se han identificado otras iniciativas relevantes en materia de extranjería y migraciones que no se canalizan como leyes en el Congreso, sino como normativa reglamentaria. El ejemplo principal es:

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Ámbito: actualización del reglamento de extranjería.
  • Situación: en fase de audiencia pública a finales de enero y principios de febrero de 2026, en el marco de la tramitación reglamentaria del Gobierno.
  • Nota relevante: aunque se trata de una iniciativa normativa en política migratoria, no es una ley tramitada por el Congreso, sino un real decreto reglamentario, por lo que no se incluye en el cómputo parlamentario pedido.

Conviene subrayar una advertencia metodológica: la búsqueda se ha realizado acotando a iniciativas cuya materia principal es la política migratoria (migraciones, asilo, refugio, extranjería, nacionalidad ligada a migrantes o integración de población migrante). Existen otras leyes tramitadas en la legislatura que incluyen disposiciones puntuales sobre personas migrantes, solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional —por ejemplo en materias de discapacidad, dependencia, educación u otras políticas sociales—, pero su foco principal no es migratorio, y por ello no se han contabilizado como “leyes de política migratoria” a efectos de tu pregunta.

En resumen, con base en la información localizada y bajo ese criterio restrictivo de materia principal, en la actual legislatura se ha presentado y se está tramitando en el Congreso al menos una iniciativa legislativa claramente centrada en política migratoria, nacida como real decreto‑ley y convertida en proyecto de ley para su debate y enmienda parlamentaria. El panorama puede completarse con reformas reglamentarias y con disposiciones sectoriales que afectan a población migrante, pero estrictamente como “leyes de política migratoria” con tramitación en el Congreso, el número identificable es uno.