Cuántos hijos exige el relevo generacional: España tendría que doblar su tasa de fecundidad

España registra una de las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea, 1,10 hijos por mujer, cuando el relevo está garantizado a partir de una tasa de 2,1 hijos

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España registra una de las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy la Estimación Mensual de Nacimientos correspondiente a junio de 2026 y su último dato definitivo indica una media de 1,10 hijos por mujer, casi la mitad del valor de referencia que Eurostat identifica como el necesario en los países desarrollados para que una población permanezca estable en ausencia de migraciones: 2,1 hijos por mujer.

No existe un número fijo de bebés que tengan que nacer cada año. Este cálculo depende de cuántas mujeres haya en edad fértil y de la estructura por edades de la población.

En 2024 nacieron 318.005 niños en España, un 25,6% menos que una década antes, cuando se contabilizaron 427.595 nacimientos. El número medio de hijos por mujer cayó hasta 1,10, frente a 1,32 en 2014. Solo Malta presentó en 2024 una fecundidad inferior dentro de la UE, con 1,01. La media europea fue de 1,34.

El avance provisional de 2025 rompe ligeramente esa trayectoria: el INE estima 321.164 nacimientos, un 1% más que el año anterior. Son todavía de cifras provisionales a la espera de confirmar cuando se publiquen los datos definitivos.

¿Hasta qué punto tendría que aumentar esa cifra?

Una simple equivalencia proporcional entre los aproximadamente 321.000 nacimientos de 2025 y una fecundidad de 1,10 hijos por mujer elevaría a 610.000 nacimientos anuales la citada tasa de 2,1 por mujer. Es decir, harían falta 290.000 nacimientos adicionales.

Sin embargo, la aproximación es simplemente orientativa. No es ninguna estimación del INE ni de Eurostat. Pero sí permite comprobar que España necesita elevar de forma muy significativa su fecundidad hasta aproximarse a 2,1 hijos por mujer para asegurar el reemplazo exclusivamente mediante nacimientos.

Y el INE no lo prevé

Las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, publicadas en junio de 2026, dibujan un escenario bastante alejado de ese umbral. El INE contempla una leve recuperación de los nacimientos desde 2026 hasta 2042. Entre 2026 y 2040 nacerían alrededor de 5,3 millones de niños, pero esa cantidad todavía sería un 6,2% inferior a la registrada durante los 15 años anteriores.

La hipótesis central tampoco contempla un gran salto en la fecundidad. El número medio de hijos por mujer pasaría de 1,10 en 2024 a 1,16 en 2040. Es decir, incluso después de esa recuperación, España seguiría muy lejos del nivel de reemplazo.

El resultado es que los nacimientos permanecerían por debajo de las defunciones durante todo el horizonte de la proyección. El saldo vegetativo —la diferencia entre nacimientos y muertes— seguiría siendo negativo.

¿Los españoles no quieren tener hijos?

La baja fecundidad no equivale necesariamente a que los españoles no quieran tener hijos.

La última Encuesta de Fecundidad específica realizada por el INE, correspondiente a 2018, detectó una distancia entre el número de hijos deseado y el finalmente tenido. Entre las mujeres que habían tenido menos hijos de los que querían, a partir de los 35 años ganaban peso especialmente las razones laborales, las dificultades para conciliar y los motivos económicos.

La encuesta es de hace ocho años y, por tanto, no puede ser un reflejo fiel a día de hoy. Sin embargo, es la última operación estadística específica del INE para identificar qué factores condicionan la fecundidad y da muestra de una realidad existente en la sociedad española

La OCDE llega a conclusiones similares en sus análisis internacionales. Sus estudios encuentran una relación negativa entre la fecundidad y factores como el desempleo y los elevados costes de la vivienda.

Frente a ello, la posibilidad de compatibilizar empleo y familia, la educación infantil y los permisos parentales aparecen asociados positivamente con la natalidad. La propia organización advierte de que ninguna política aislada constituye una solución automática.

En su informe específico sobre España, la OCDE señalaba ya que numerosos jóvenes retrasaban la llegada del primer hijo por las dificultades para encontrar un empleo estable, acceder a una vivienda, afrontar los costes económicos y conseguir un equilibrio satisfactorio entre trabajo y familia.

Vivienda: emancipación, luego familia

La vivienda aparece como uno de los principales obstáculos previos incluso a plantearse tener hijos. España es uno de los países comunitarios con una emancipación más tardía. Los jóvenes españoles abandonaron el hogar de sus padres en 2024 a una edad media de 30 años, frente a los 26,2 años de media en la Unión Europea

El precio medio de la vivienda libre en España pasó de 1.463 €/m² en 2014, el mínimo de la serie reciente, a 2.230 €/m² en 2025. Es un incremento del 52,4% en once años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En el alquler, las tasas anuales publicadas por el INE implican una subida acumulada de aproximadamente el 24% en el precio de los alquileres entre 2015 y 2024. La situación es especialmente grave para quien se incorpora ahora al mercado. Mientras los alquileres de contratos ya existentes aumentaron un 2,8%, los de los nuevos contratos subieron un 8,8% en un solo año

Conciliación: de 16 a 19 semanas por progenitor

Otro de los cambios recientes se ha producido en los permisos para cuidar a los hijos. Desde la reforma aprobada en julio de 2025, cada progenitor dispone de 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado, frente a las 16 anteriores. En las familias monoparentales, el periodo asciende a 32 semanas.

De las 19 semanas, seis deben disfrutarse inmediatamente después del nacimiento; otras once pueden distribuirse durante el primer año de vida y dos semanas adicionales pueden utilizarse hasta que el menor cumpla ocho años.

La conciliación no acaba, sin embargo, en el permiso inicial. La OCDE señala que los sistemas con mayor continuidad entre permisos retribuidos, educación infantil asequible y medidas de conciliación reducen mejor el coste que supone compatibilizar el empleo con la crianza. E incluso así, advierte, las políticas familiares por sí solas no garantizan el retorno a tasas próximas a 2,1.

Ayudas a las familias

España cuenta también con instrumentos económicos ligados a la crianza, aunque el sistema combina ayudas condicionadas, deducciones y prestaciones específicas en lugar de una prestación estatal universal por hijo.

Uno de los principales mecanismos es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), ligado al sistema del Ingreso Mínimo Vital pero con límites de renta más amplios. Actualmente establece 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros entre los tres y los seis y 57,50 euros entre los seis y los 18 años. En abril lo recibían 586.118 hogares.

Existe también una prestación de 1.000 euros por nacimiento o adopción para determinados hogares, entre ellos familias numerosas, monoparentales y progenitores con discapacidad, sujeta a los requisitos establecidos por la Seguridad Social.

El Proyecto de Ley de Familias, actualmente en tramitación en el Congreso, contempla una batería de ayudas pero está lejos de ser aprobado.

Empleo juvenil

Cierra el círculo la situación laboral. La formación de una familia suele llegar después de la incorporación al mercado de trabajo, la estabilización profesional y la emancipación.

España ha dado un salto importante en la estabilización del empleo, al rebajar en más de diez puntos su tasa de temporalidad a partir de la última reforma laboral: pasó del 25,6% en 2021 al 15,1% registrado en el segundo trimestre de 2026.

La transformación se aprecia especialmente en la composición del empleo asalariado. En los últimos doce meses hasta junio de 2026, el número de asalariados indefinidos aumentó en 571.900, mientras que los temporales crecieron en 34.900: prácticamente todo el crecimiento neto del empleo asalariado durante ese periodo correspondió a trabajadores indefinidos.

La precariedad contractual se ha reducido mucho, pero no permite concluir por sí solo que haya desaparecido la inseguridad económica de los jóvenes. La temporalidad es solo una dimensión de la estabilidad laboral, que implica a otros factores como el salarial, la distribución de la jornada o el propio acceso a un empleo.

Saldo positivo de 3,4 millones en diez años

Hay una segunda variable que cambia completamente la lectura del relevo generacional: la inmigración.

España no necesita alcanzar necesariamente una fecundidad de 2,1 para mantener o aumentar su población si la llegada de población desde el exterior compensa el déficit de nacimientos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido durante buena parte de la última década.

Entre 2015 y 2024, España acumuló un saldo migratorio exterior positivo de aproximadamente 3,44 millones de personas, sumando los datos anuales publicados por el INE. El periodo comenzó prácticamente en equilibrio, con un saldo de -1.761 personas en 2015, y terminó con 626.268 entradas netas en 2024.

La evolución no ha sido lineal. El saldo fue de 87.422 personas en 2016, 163.272 en 2017, 334.158 en 2018 y 454.232 en 2019. Después descendió durante la pandemia hasta 219.357 en 2020 y 191.094 en 2021. Posteriormente alcanzó 727.005 personas en 2022, el máximo de la década, y se mantuvo en niveles elevados: 642.296 en 2023 y 626.268 en 2024.

El dato de 2024 es el tercer mayor saldo migratorio exterior de los últimos diez años. Ese año llegaron desde el extranjero 1.288.562 personas y salieron del país 662.294.

La inmigración también está teniendo un efecto directo sobre la natalidad. En 2024, el 33,3% de los nacimientos correspondió a madres nacidas fuera de España. Si se utiliza la nacionalidad en lugar del país de nacimiento, el 25,6% de los bebés tuvo una madre de nacionalidad extranjera.

Seis millones más hasta 2040

Las proyecciones demográficas del INE conceden a la inmigración un papel todavía mayor durante las próximas décadas. El escenario central parte de que el saldo migratorio de 2026 será similar al observado en 2024 y descenderá después ligeramente, aunque se mantendrá positivo durante todo el periodo analizado.

El resultado acumulado sería considerable: 2,7 millones de habitantes adicionales por migraciones durante los primeros cinco años de la proyección y 6,3 millones hasta 2040. Si se extiende el horizonte hasta 2075, el saldo migratorio neto acumulado alcanzaría los 15,5 millones de personas.

Eso permite entender una aparente contradicción. España puede ganar población mientras registra más muertes que nacimientos. El INE proyecta que la población residente pasará de unos 49 millones de habitantes en 2025 a aproximadamente 53,7 millones en 2040, impulsada fundamentalmente por los movimientos migratorios.

Las proyecciones no son predicciones cerradas. El INE las define como simulaciones construidas a partir de hipótesis sobre fecundidad, mortalidad y migraciones. Su utilidad consiste en mostrar qué ocurriría si esas tendencias evolucionaran conforme al escenario planteado.

Relevo generacional no es mantener la población

El reemplazo generacional y el mantenimiento del número total de habitantes no son exactamente lo mismo. Una fecundidad de aproximadamente 2,1 permitiría que una generación sustituyera a la anterior sin recurrir a migraciones. Pero una sociedad con una fecundidad inferior puede mantener e incluso aumentar su población mediante inmigración.

España representa actualmente ese segundo escenario: pocos nacimientos, más defunciones que nacimientos y, al mismo tiempo, crecimiento poblacional gracias al saldo migratorio positivo.

La OCDE plantea precisamente que los países con fecundidad persistentemente baja deben trabajar en dos direcciones. Una es facilitar que quienes quieren tener hijos puedan hacerlo mediante vivienda accesible, estabilidad laboral, conciliación, educación infantil y apoyos económicos. La otra consiste en adaptarse a una sociedad de baja fecundidad recurriendo también a la inmigración, una mayor participación laboral y mejoras de productividad.

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¿Cuál es el estado de tramitación del Proyecto de Ley de Familias en el Congreso y qué plazos quedan para su aprobación?

A 19 de agosto de 2026, el Proyecto de Ley de Familias del Gobierno (expediente 121/000011, proceso process_ini_216343) sigue en el Congreso de los Diputados en la fase de enmiendas al articulado en comisión, con el plazo de enmiendas prorrogado sucesivamente hasta el 2 de septiembre de 2026. No ha pasado aún a ponencia ni hay dictamen ni fecha de Pleno, de modo que la tramitación está de facto congelada en el Congreso.

1. Identificación y recorrido hasta ahora

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros dentro del Plan de Recuperación (C22, R3) y remitido al Congreso:

  • 27/02/2024: Acuerdo del Consejo de Ministros “PROYECTO DE LEY de Familias” (referencia de Moncloa).
  • 29/02/2024: Registro de la iniciativa en el Congreso.
  • 05/03/2024: Calificación y admisión a trámite por la Mesa del Congreso.
  • El mismo 5 de marzo, la Mesa acordó:
    • encomendar su aprobación a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo con competencia legislativa plena y
    • tramitarlo por el procedimiento de urgencia, según el acuerdo publicado en el BOCG (Boletín 15-A-11-1).
  • 08/03/2024: Publicación del texto del Proyecto de Ley de Familias en el BOCG.
  • Plazo inicial de enmiendas: ocho días hábiles, hasta el 18/03/2024.

A partir de ahí, según el cronograma oficial del proceso process_ini_216343, la Mesa ha acordado prorrogar una y otra vez el plazo de presentación de enmiendas, hasta fijarlo en la fecha límite de 02/09/2026, con alrededor de 90 prórrogas sucesivas. El propio boletín de la base de datos institucional resume que “se amplió el plazo de enmiendas (…) prorrogado 90 veces”.

La prensa especializada describe el mismo fenómeno: Demócrata señalaba ya en 2024 que el Proyecto de Ley de Familias estaba en “fase de enmiendas (…) ampliado hasta el 27 de marzo” en su radiografía de iniciativas en tramitación en la XV Legislatura (artículo de Demócrata) y, posteriormente, que el proyecto “dormita al calor de las sucesivas ampliaciones de enmiendas” en el Congreso (Semana de conciliación en el Congreso).

2. Estado exacto de la tramitación en el Congreso

Con esta información, el estado actual puede resumirse así:

  • Cámara: Congreso de los Diputados.
  • Comisión competente: Comisión de Derechos Sociales y Consumo, con competencia legislativa plena.
  • Procedimiento: urgente (plazos teóricos reducidos a la mitad).
  • Fase: fase de enmiendas al articulado, con el plazo de enmiendas formalmente abierto hasta el 02/09/2026.
  • No consta aún:
    • constitución de la ponencia para negociar el articulado,
    • ni elaboración de dictamen de comisión,
    • ni inclusión del proyecto en el orden del día del Pleno.

En la práctica, esto significa que el proyecto está “atascado” en comisión: sigue vivo jurídicamente, pero sin avances visibles más allá de las prórrogas de plazo.

3. Qué plazos y pasos restan para su aprobación

Desde el punto en el que se encuentra hoy, los pasos y márgenes son estos:

  • Cierre del plazo de enmiendas: hasta que la Mesa no deje de prorrogarlo y lo cierre de forma efectiva, no puede arrancar el trabajo de ponencia. No hay un plazo máximo fijado en el Reglamento: el límite real es el fin de la legislatura, porque si las Cortes se disuelven el proyecto decae.
  • Ponencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo: una vez cerrado el plazo, la Comisión nombra una ponencia que:
    • negocia las enmiendas registradas,
    • puede pactar enmiendas transaccionales y
    • eleva un informe de ponencia a la Comisión.
  • Dictamen de Comisión con competencia legislativa plena: la propia Comisión aprueba el texto definitivo como dictamen. Al tener competencia legislativa plena, ese dictamen puede equivaler a la aprobación por el Congreso, salvo que se acuerde una avocación al Pleno.
  • Senado: el texto aprobado se remite al Senado, que dispone en general de dos meses (un mes si se mantiene la urgencia) para:
    • aprobarlo sin cambios,
    • introducir enmiendas o
    • plantear un veto.
  • Vuelta al Congreso (si el Senado modifica o veta): el Congreso puede:
    • levantar el veto por mayoría absoluta (o simple tras dos meses), y
    • aceptar o rechazar las enmiendas del Senado.
  • Sanción y publicación: tras la aprobación parlamentaria final, la ley se sanciona, se promulga y se publica en el BOE.

4. Horizonte temporal realista

Desde el momento en que el Gobierno y sus socios decidieran desbloquear la Ley de Familias (cerrando el plazo de enmiendas y poniendo en marcha la ponencia), la experiencia con otros proyectos indica que:

  • Un calendario rápido pero verosímil exigiría al menos:
    • varias semanas para ponencia y dictamen de comisión,
    • 1–2 meses para el trámite en el Senado, y
    • una última sesión del Congreso para resolver enmiendas/veto, si los hubiera.
  • En términos agregados, eso supone del orden de 3–4 meses desde el desbloqueo efectivo en el Congreso hasta la entrada en vigor, siempre que haya mayorías estables y no surjan nuevos bloqueos.
  • El límite determinante no es un plazo reglamentario interno, sino el tiempo restante de legislatura: si la disolución de las Cortes se acercase sin que se cierre la fase de enmiendas y se envíe el texto al Senado con margen suficiente, la ley puede acabar decayendo.

En resumen, hoy el Proyecto de Ley de Familias está formalmente en tramitación en el Congreso, pero congelado en la fase de enmiendas por decisión política de la mayoría de la Mesa. Los “plazos que quedan” para su aprobación no son tanto jurídicos como políticos: mientras no se cierre el plazo de enmiendas y se constituya la ponencia, el reloj real no empieza a correr, y el riesgo es que la legislatura termine antes de que pueda completarse todo el recorrido Congreso–Senado–Congreso.

¿Qué competencias tiene el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana respecto al acceso a la vivienda y ayudas a familias?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) es el departamento de la Administración General del Estado responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, Agenda Urbana, calidad de la edificación y suelo, según el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, de reestructuración de departamentos ministeriales (BOE). Esa responsabilidad se concreta después en su desarrollo orgánico por el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero (cit. en varias resoluciones y órdenes del BOE).

1. Marco general de competencias

La vivienda es una competencia compartida: las comunidades autónomas ostentan la competencia principal en vivienda y urbanismo, pero el Estado (y, por tanto, el Ministerio) puede:

  • Fijar las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda).
  • Definir la política estatal de vivienda y su financiación a través de planes estatales y programas de ayudas.
  • Impulsar y gestionar el parque público estatal y grandes instrumentos financieros (ICO, SEPES/Casa 47).

Muchas ayudas al acceso a la vivienda y al alquiler las gestionan y convocan las comunidades autónomas, pero se diseñan, financian en gran parte y coordinan desde el Ministerio.

2. Planes estatales y coordinación con las CCAA

El instrumento nuclear de las competencias del Ministerio respecto al acceso a la vivienda y ayudas a familias son los Planes Estatales de Vivienda:

  • Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022‑2025, con 13 programas (ayudas al alquiler, jóvenes, colectivos vulnerables, vivienda en pequeños municipios, etc.), citado en notas de Moncloa como marco del Bono Alquiler Joven y de ayudas al alquiler (nota 09/07/2024).
  • Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, aprobado por el Consejo de Ministros en 2026, con hasta 7.000 millones de euros, que triplica la dotación anterior y reparte fondos en tres grandes bloques: incremento de vivienda protegida (40%), rehabilitación (30%) y ayudas al alquiler/emancipación y actuación en zonas tensionadas (30%) (síntesis en Demócrata).

A través de estos planes, el Ministerio:

  • Define los programas de ayuda al alquiler, rehabilitación y parque público, así como los criterios básicos de acceso.
  • Financia una parte mayoritaria del coste (aprox. 60%) y distribuye fondos entre CCAA en Conferencia Sectorial (nota 30/10/2025).
  • Puede condicionar o incluso suspender transferencias si las CCAA no facilitan datos de alquiler y ejecución, reforzando la evaluación de políticas (Demócrata, 21/04/2026).
3. Programas de ayudas al alquiler y a familias

Entre las competencias más directamente vinculadas al acceso a la vivienda y al apoyo a familias destacan:

  • Bono Alquiler Joven: ayuda estatal de 250–300 euros/mes para jóvenes, financiada por el Estado e integrada como medida estructural del Plan Estatal de Vivienda. El Ministerio:
    • Define las bases comunes y reparte los fondos entre CCAA (200 millones en 2024‑2025, según Moncloa y Demócrata).
    • Prevé incrementos de cuantía y ampliación de colectivos en el Plan 2026‑2030.
  • Ayudas generales al alquiler para hogares y colectivos vulnerables (familias con bajos ingresos, víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar, etc.), canalizadas a través de programas específicos de los Planes Estatales.
  • Línea de avales ICO para la adquisición de primera vivienda por jóvenes y familias con menores a cargo: el Ministerio de Vivienda, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, asume las comisiones de gestión de estos avales (nota del Ministerio de Hacienda de 27/05/2025: enlace).
  • Programas de ayudas específicas a familias en zonas de mercado residencial tensionado, apoyando a las CCAA en la declaración de estas zonas y en la financiación de oferta de alquiler asequible en ellas (Resoluciones sobre zonas tensionadas publicadas en el BOE en 2025).
4. Rehabilitación y mejora del parque residencial

El Ministerio también tiene competencias clave en rehabilitación de viviendas y edificios, tanto con fondos del Plan Estatal como del Plan de Recuperación:

  • Diseña programas de subvenciones a la rehabilitación (estructural, accesibilidad, eficiencia energética), con ayudas que pueden superar los 20.000–35.000 euros por vivienda cuando se destina posteriormente al alquiler asequible, según los borradores y notas del Plan 2026‑2030.
  • Coordina con las CCAA la “ola rehabilitadora” financiada con fondos europeos, que incluye barrios completos y hogares individuales (nota 03/10/2024).
5. Parque público de vivienda y entidades adscritas

Otra vertiente competencial esencial es la creación y gestión de parque público y asequible de titularidad estatal:

  • Impulso del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA), en colaboración con SEPES/Entidad Estatal de Vivienda, para construir y gestionar viviendas en alquiler asequible o social (Orden PJC/785/2025, BOE-A-2025-15293).
  • Conversión de SEPES en Casa 47, Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio, responsable de gestionar el parque de vivienda pública estatal, comprar viviendas privadas para destinarlas a alquiler asequible y licitar nuevas promociones (Demócrata, 11/12/2025).
  • Convenios con el ICO y entidades financieras para movilizar miles de millones en préstamos y avales destinados a vivienda social o asequible en alquiler y rehabilitación (nota 07/08/2024).

En resumen, el Ministerio no concede directamente todas las ayudas a las familias (papel central de CCAA y ayuntamientos), pero sí es el órgano rector de la política estatal de vivienda: fija el marco jurídico y financiero, define y financia los grandes programas de ayudas al alquiler, a la compra y a la rehabilitación, y desarrolla instrumentos propios (Casa 47, convenios con ICO y SEPES) para ampliar el parque público y social y facilitar el acceso efectivo a la vivienda.

¿Cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones generales en España y qué partidos tienen mayor representación parlamentaria?

Las últimas elecciones generales en España se celebraron en julio de 2023 (el llamado 23J) y dieron como resultado un Congreso muy fragmentado, en el que ningún partido alcanzó por sí solo la mayoría absoluta de 176 escaños. El Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada en número de escaños, seguido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y a bastante distancia se situaron Vox y la coalición Sumar como terceros y cuartos actores en tamaño.

Resultados básicos del 23J en el Congreso

La información de contexto recogida por diversos análisis y encuestas posteriores permite reconstruir la fotografía principal del Congreso salido del 23J:

  • Partido Popular (PP): 137 escaños. Varias piezas de análisis electoral publicadas después de 2023 toman esta cifra como referencia y hablan explícitamente de los “137 diputados” que el PP obtuvo en las generales de julio de 2023, usándola como punto de comparación para nuevas encuestas que proyectan subidas o bajadas sobre ese resultado.
  • Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños. Distintos sondeos citados por Demócrata recuerdan que Pedro Sánchez “obtuvo 7.821.718 votos y 121 escaños” en las elecciones generales de 2023 y comparan el suelo actual del PSOE con ese listón.
  • Vox: 33 escaños. Numerosos barómetros de 2025 y 2026 señalan que Vox “logró el 12,4% y 33 diputados” en las generales de 2023 y se centran en cómo sus nuevas estimaciones duplicarían o no esa representación.
  • Sumar: 31 escaños. Los artículos que analizan la evolución del espacio a la izquierda del PSOE subrayan que Sumar, cuando concurrió en 2023 como candidatura unificada que integraba a Podemos, obtuvo en torno al 12,3% del voto y “31 diputados”, cifra que se utiliza repetidamente como referencia para medir su retroceso posterior.

El resto de escaños hasta completar los 350 del Congreso se reparten entre varios partidos de ámbito territorial o nacionalista (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, entre otros), cada uno con un grupo reducido de representantes. Las piezas de análisis sobre bloques parlamentarios señalan que esos partidos resultan decisivos para articular mayorías, pero no alcanzan el peso numérico de las cuatro grandes formaciones estatales.

¿Qué partidos tienen mayor representación parlamentaria?

Si ordenamos las fuerzas por número de escaños en el Congreso resultante del 23J, el mapa de mayor a menor representación es el siguiente:

  • 1.º PP – Con 137 diputados, es el partido con mayor representación. Diversas encuestas posteriores indican que sigue siendo la primera fuerza en escaños y comparan sus proyecciones con “los 137 logrados en 2023”.
  • 2.º PSOE – Sus 121 escaños lo sitúan como segundo grupo de la Cámara. Buena parte de los análisis cuantifican el desgaste socialista en relación con esa cifra, señalando la “pérdida respecto al 23J” cuando las encuestas bajan al PSOE por debajo de los 121 escaños.
  • 3.º Vox – Es el tercer partido por tamaño, con 33 diputados. Los estudios demoscópicos de 2025 y 2026 destacan que su eventual crecimiento se mediría frente a esos 33 escaños iniciales.
  • 4.º Sumar – La coalición encabezada por Yolanda Díaz ocupa la cuarta posición en el Congreso con 31 escaños. La prensa recalca que el espacio Sumar+Podemos, cuando fue unido, tenía esos 31 diputados y que la fragmentación posterior lo debilita en escaños aunque pueda conservar voto.
  • Partidos territoriales – Por detrás se sitúa un bloque de formaciones nacionalistas y regionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, etc.), todas con un número mucho menor de diputados. La suma de estos grupos, sin embargo, es estratégica, porque puede inclinar la balanza en un Congreso donde ningún partido alcanza en solitario la mayoría absoluta de 176 escaños, umbral que las crónicas citan reiteradamente como referencia para valorar las mayorías.

Lectura política del resultado

La combinación de datos que utilizan Demócrata y otros medios para sus análisis posteriores permite, además, entender el equilibrio entre bloques. Algunos artículos recuerdan que el bloque de derechas (PP y Vox) sumó 170 escaños en el Congreso surgido del 23J (137 del PP y 33 de Vox), mientras que otros textos toman como referencia que el PSOE y la candidatura de Sumar alcanzaron en torno a 152 escaños entre ambos. Esa aritmética explica por qué el Gobierno ha dependido de acuerdos con varios partidos territoriales para sacar adelante la investidura y la agenda legislativa.

En resumen, las últimas generales dibujaron un Parlamento sin mayorías claras, con un bipartidismo PP–PSOE todavía dominante en escaños, pero obligado a entenderse con una tercera y cuarta fuerza relevantes (Vox y Sumar) y con un conjunto de partidos territoriales que, pese a su pequeño tamaño, resultan imprescindibles en casi cualquier ecuación de gobierno.

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¿Cuál fue la tasa de fecundidad media en España en 2024 según el INE?

Pregunta 1 de 3

¿Qué factor NO se menciona como uno de los principales obstáculos para la natalidad en España según la noticia?

Pregunta 2 de 3

¿Cuál es una de las principales ayudas económicas ligadas a la crianza en España mencionada en el texto?

Pregunta 3 de 3

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