El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha calificado como “fracaso” la actuación del Gobierno de España en materia de control de fronteras tras la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, y ha advertido de que la Administración autonómica acudirá a los tribunales si el Ejecutivo central intenta “diluir” el problema entre las distintas comunidades autónomas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha insistido en que se trata de una cuestión de “seguridad nacional” y de “control de fronteras” que afecta “gravemente” a la seguridad, por lo que considera que la respuesta del Estado debe ser firme y clara.
El consejero ha subrayado que la postura de la Junta es “común”, “coherente” con el acuerdo de Gobierno y en línea con la mantenida en la anterior legislatura, cuando la Comunidad ya llevó a cabo recursos judiciales ante decisiones que, a su juicio, perjudicaban los intereses autonómicos.
Fernández Carriedo ha defendido la “oposición radical” de la Junta a una política que, según sostiene, genera perjuicios, y ha remarcado que la defensa de los límites territoriales constituye una función esencial de cualquier Estado.
Por ello, ha reclamado al Gobierno central que garantice el retorno a su lugar de origen de las personas que han accedido de forma irregular, y ha reiterado que Castilla y León rechazará cualquier iniciativa que no tenga en cuenta la posición del Ejecutivo autonómico o que pueda vulnerar los intereses de la Comunidad.
En esta línea, el portavoz ha confirmado que la Junta analizará la vía judicial y presentará los recursos que considere oportunos ante la Administración de Justicia si se plantea asignar la tutela de menores a una administración en un territorio sobre el que no ostenta competencias.
Para concluir, el consejero ha instado al Gobierno de España a atender la orientación marcada por la Unión Europea, que establece una pauta “muy precisa” para abordar este tipo de situaciones.