La Delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado abrir una investigación interna sobre la actuación policial frente a los manifestantes en defensa de la Educación Pública que este lunes se concentraron ante el Palacio de Santoña, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participaba en un acto institucional.
Fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press han confirmado esta decisión y subrayan que desde el organismo se defiende que se “analice” cualquier intervención policial cuando pueda no ajustarse a los principios de proporcionalidad y oportunidad, en respuesta a la reclamación de los sindicatos educativos, que han exigido aclarar lo ocurrido con las cargas del lunes.
“Desde Delegación siempre se reclama que las actuaciones policiales atiendan a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que marca la ley, y que se analice y responda cuando pueda incumplirse cualquiera de estos principios”, señalan las mismas fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press.
El departamento que dirige Francisco Martín sale así al paso de las denuncias de los sindicatos de Educación, que han calificado de “violentas y desproporcionadas” las cargas efectuadas el lunes, coincidiendo con la concentración de cientos de personas ante el Palacio de Santoña durante un 'escrache' dirigido a la presidenta madrileña.
Agentes de la Policía Nacional intervinieron cerrando los accesos al edificio con el objetivo de asegurar la protección de la dirigente autonómica, recurriendo a cargas contra los manifestantes para despejar los alrededores y permitir la salida del recinto. El comité de huelga ha denunciado que varias personas habrían resultado heridas a raíz de esta intervención.
Los convocantes reclamaron a la Delegación del Gobierno que garantizase que este tipo de episodios no vuelvan a producirse y recordaron que las cargas del lunes se suman a las ya registradas el miércoles anterior durante las protestas desarrolladas en la Universidad Complutense.
Tras las “duras imágenes” de aquellas actuaciones policiales, el delegado del Gobierno en Madrid ya había anunciado que solicitó a la jefa superior de Policía una “investigación de urgencia” para esclarecer una posible desproporción en el uso de la fuerza, decisión que fue duramente cuestionada por diversos sindicatos policiales.