El pleno de Les Corts valencianas ha dado luz verde este miércoles a una propuesta del PP en materia de vivienda que incorpora una enmienda de Vox para aplicar de forma "efectiva" el principio de 'prioridad nacional'. En paralelo, los 'populares' han optado por la abstención ante otra iniciativa de Vox sobre la "saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración masiva", que finalmente ha sido tumbada.
PSPV y Compromís, por su parte, no han logrado el respaldo de la derecha a sus proposiciones relacionadas con la vivienda, en las que reclamaban deshacer las últimas subidas del precio máximo de las VPP y volver, como tope, al módulo de 2.200 euros por metro cuadrado.
Desde el PP, Nando Pastor recordó este martes que el Consell lleva "dejando la piel desde hace tres años para intentar en la medida de lo posible paliar y solucionar los problemas de los valencianos que tienen dificultades de acceso a la vivienda" y arremetió contra quienes "no han dado nunca un palo al agua" y ahora "dan lecciones a los demás de cómo hacerlo".
En su propuesta, los 'populares' reclaman que el Consell avance en las metas del Plan Vive para promover la construcción de VPP, con el fin de "revertir la situación heredada de desequilibrio entre oferta y demanda" que "sigue dificultando el acceso a una vivienda digna y asequible a amplios sectores de la población, especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y bajas, y personas en situación de vulnerabilidad".
Plan Vive y papel del Gobierno central
Sobre el Plan Vive, Pastor reivindicó los "tan buenos resultados que ha dado" y resaltó que se han adherido 85 ayuntamientos gobernados por el PSPV, que no han "hecho caso" a su líder, Diana Morant, "que desde el minuto uno quiso boicotearlo". "Pero al final sus alcaldes han acabado viniéndose con nosotros, con el PP, y es también de agradecer", apuntó.
Además, el PP reclama al Gobierno de España que libere y ceda todo el suelo público disponible de la Administración General del Estado para destinarlo a vivienda de alquiler asequible, "con un precio un 30% por debajo de la media del mercado"; que autorice a los ayuntamientos a usar sus remanentes para inversión en vivienda asequible; que bonifique o suprima el IRPF a los jóvenes durante sus primeros cuatro años de vida laboral; y que reduzca el IVA al 4% en la compra de la primera vivienda de nueva construcción. También pide derogar la ley de vivienda por considerarla "intervencionista".
Vox ha registrado una enmienda a la iniciativa del PP en la que incorpora la puesta en marcha "de manera efectiva" del principio de prioridad nacional, "adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable". Los 'populares' han terminado aceptando esta modificación.
Dos modelos enfrentados sobre la vivienda
Desde el PSPV, José Muñoz defendió que en este pleno se enfrentan dos modelos de vivienda: uno ligado a la especulación y otro centrado en los derechos de la ciudadanía. Reclamó al Consell que deshaga los cambios aprobados en los últimos meses en los módulos de las VPP: primero el que el 'expresident' Carlos Mazón presentó como "revolucionario" y después el convalidado el pasado verano "con 'agosticidad'".
La PNL socialista, rechazada por PP y Vox, planteaba derogar el precio máximo de 2.568 euros por m2 de superficie útil para volver al módulo de 2.200 aprobado el 12 de mayo de 2023, antes de las últimas autonómicas.
El PSPV también pedía asegurar que cualquier futura revisión del precio máximo de la vivienda protegida se base en criterios de asequibilidad y capacidad económica, así como recuperar los criterios de acceso que priorizan a las unidades de convivencia con menores rentas. Igualmente, reclamaba que las VPP conserven de forma permanente su calificación y su función social.
Debate sobre el precio y el carácter de las VPP
Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, incidió en que la mayoría de propuestas debatidas evidencian que la vivienda es "la preocupación de la sociedad", al tiempo que acusó a Vox de pretender "inocular odio" y de ligar la saturación de los servicios públicos con la inmigración en su PNL.
La iniciativa de la coalición valencianista sobre vivienda, igualmente rechazada, reclamaba revertir las últimas alzas del precio máximo de las VPP y volver, como límite, al módulo de 2.200 euros por m2, además de garantizar que "en ningún caso" una VPP pueda alcanzar un precio de venta o alquiler superior al de una vivienda libre de características similares. También planteaba fijar el carácter permanente de las VPP y evitar que se transformen en activos especulativos o viviendas no asequibles.
Más allá de esta PNL, Baldoví volvió a denunciar el "deterioro" de Les Corts con este "plenito" que considera falto de contenido, y advirtió de que en las próximas semanas no habrá plenos "por miedo de Juanfran Pérez Llorca a dar la cara".
Inmigración y "colapso" de los servicios públicos
Vox, que en esta sesión no ha impulsado propuestas específicas sobre vivienda, centró su intervención en la cuestión del "colapso" de los servicios públicos. José Mª Llanos sostuvo que su grupo ya abordó la vivienda en el pleno anterior y ahora pone el foco en la "gravedad" de las consecuencias de la inmigración masiva, alertando de que los recursos de las Administraciones públicas están "alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española".
Ante este escenario, Vox reclama frenar "las políticas de inmigración masiva", iniciar "la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España y la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra" y "la remigración de los extranjeros que vivan de las ayudas sociales".
Llanos calificó de "cortina de humo" los dos decretos aprobados por el Gobierno de España y acusó al Ejecutivo central de actuar con "fraude de ley" al llevarlos a la Diputación Permanente del Congreso, "a espaldas del Parlamento", por la convocatoria electoral del 29 de noviembre. "Suponen incremento de precios, suponen menos viviendas en el mercado, menos viviendas para alquiler y es una burla, una farsa de este Gobierno que durante ocho años no ha hecho ni una sola vivienda pública y ahora quiere tapar su absoluta negligencia", argumentó.
Como alternativa, defendió liberalizar suelo, suprimir los impuestos a la primera vivienda, reducir "drásticamente" la burocracia y priorizar "la necesidad de los españoles primero, los que están legalmente en España". "En los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes han entrado en España y los recursos son absolutamente limitados, lo son en todos los servicios públicos y también en la vivienda", advirtió.
El PP registró una enmienda a la propuesta de Vox para matizar distintos puntos sobre la inmigración "masiva" y eliminar la petición de "acabar con todas aquellas trabas que dificultan el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en tiempo y forma".