El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, adjudicó el pasado 5 de octubre la compra de 790 espráis de defensa para la Policía Nacional por un importe de 71.656,20 euros. La operación, revelada por elDiario.es y La Razón, se produjo semanas antes de que el departamento aprobara un nuevo protocolo para regular el uso de estos dispositivos y apenas un mes antes de las controvertidas cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre. Ahora, el Gobierno ha decidido restringir su utilización en operaciones de orden público mientras investiga si las intervenciones de los agentes respetaron los principios de necesidad y proporcionalidad.
La sucesión de decisiones ha abierto un debate sobre la adquisición de material policial, las instrucciones para su utilización y la responsabilidad de los mandos durante las manifestaciones. Según la documentación contractual consultada por ambos periódicos, Interior justificó la compra por la necesidad de reforzar la protección de los agentes ante situaciones de violencia. Sin embargo, después de las denuncias por el uso de gas pimienta contra manifestantes, el Ministerio ha anunciado que modificará el protocolo para impedir que estos aerosoles se utilicen en dispositivos de control de protestas.
Interior compró 790 espráis por más de 71.600 euros para la Policía Nacional
La adjudicación se formalizó el 5 de octubre de 2026, el mismo día en que los sindicatos anunciaron la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre. El contrato contempla la adquisición de 790 espráis de defensa del modelo MK9, destinados a reforzar el equipamiento de unidades operativas de la Policía Nacional, especialmente las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).
Según la documentación a la que tuvo acceso elDiario.es, el importe de la compra asciende a 71.656,20 euros y el plazo de entrega de los dispositivos se extiende hasta enero de 2027. Este último dato es relevante porque no permite afirmar que los espráis utilizados durante las cargas del 11N procedieran de ese lote concreto, aunque las imágenes difundidas de las intervenciones apuntan al empleo de dispositivos del mismo modelo.
En la memoria justificativa, la Policía defendía la necesidad de adquirir estos aerosoles por motivos de seguridad. El documento presentaba el gas pimienta como un recurso de protección y disuasión que podía evitar enfrentamientos físicos directos y reducir la necesidad de utilizar otros medios coercitivos.
El material contiene oleorresina de capsicum (OC), un compuesto derivado de los pimientos picantes que provoca una irritación intensa en ojos, piel y vías respiratorias. Interior lo describía en la documentación como un medio de escasa peligrosidad, una valoración que debe distinguirse de sus posibles efectos sanitarios: la exposición puede causar lesiones o complicaciones, especialmente en personas vulnerables o en determinadas condiciones de utilización.
El protocolo del 19 de octubre amplió las posibilidades de uso
Dos semanas después de la adjudicación, Interior aprobó el 19 de octubre una actualización del protocolo policial vigente desde 2013. La nueva regulación establecía las condiciones de tenencia, manejo y utilización de los espráis de defensa y contemplaba su distribución individual entre determinados agentes.
Hasta entonces, según la documentación publicada por La Razón, estos dispositivos se utilizaban fundamentalmente como material de dotación colectiva. El nuevo marco permitía ampliar su disponibilidad para responder ante agresiones o situaciones de resistencia activa que pusieran en peligro la integridad de los agentes, de terceras personas o la seguridad ciudadana.
La instrucción también modificaba las condiciones de empleo en espacios cerrados, eliminando una restricción anterior, aunque mantenía las exigencias de seguridad y proporcionalidad. En cualquier caso, la autorización general de un dispositivo policial no convierte automáticamente en legítima cualquier utilización concreta. La actuación debe justificarse atendiendo a las circunstancias, la amenaza existente y la necesidad de recurrir a ese medio.
Este aspecto se ha convertido en el centro de la controversia después de las intervenciones realizadas durante la huelga general.
Las cargas del 11N provocan una investigación y un cambio de criterio
Durante las movilizaciones del miércoles 11 de noviembre, se registraron cargas policiales y denuncias por el uso de gas pimienta contra manifestantes en Madrid. Organizaciones sindicales y entidades defensoras de los derechos humanos cuestionaron la proporcionalidad de determinadas intervenciones y solicitaron que se investigaran los hechos.
Amnistía Internacional denunció actuaciones policiales preocupantes, mientras que algunos participantes aseguraron haber sido rociados con gas pimienta sin que existiera una agresión previa. También se difundieron imágenes de un hombre sin hogar que recibió una descarga del aerosol en la Gran Vía madrileña. Según informó la Cadena SER, fuentes policiales consultadas por la emisora consideraron esta última actuación impropia y contraria al protocolo.
Ante la polémica, Marlaska ordenó el 12 de noviembre abrir investigaciones específicas sobre las incidencias registradas durante la jornada. El ministro admitió que algunas imágenes no parecían compatibles, a primera vista, con los principios de proporcionalidad, aunque defendió la actuación general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La respuesta inicial de Interior fue anunciar la prohibición del uso de gas lacrimógeno en las manifestaciones. Sin embargo, el departamento precisó el viernes 13 de noviembre que la restricción afectará a los espráis de defensa personal en operaciones de orden público, mientras que se permitirá mantener el empleo de los llamados Artificios Triple Lacrimógenos (ATL).
Por tanto, no se ha prohibido cualquier uso de gas pimienta por parte de la Policía ni todos los medios lacrimógenos utilizados en las manifestaciones. La modificación anunciada se refiere específicamente al empleo de los aerosoles de defensa personal en dispositivos de control de protestas.
Los sindicatos policiales cuestionan la restricción tras la compra y el nuevo protocolo
La decisión ha provocado críticas entre organizaciones y mandos policiales que consideran contradictorio justificar la adquisición de espráis, ampliar su regulación y restringir posteriormente su utilización en determinadas actuaciones.
Según recoge La Razón, varios responsables policiales sostienen que estos dispositivos permiten mantener la distancia con personas violentas y evitar intervenciones físicas potencialmente más lesivas. También cuestionan que el cambio se haya producido inmediatamente después de una jornada de protestas y en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Algunos de los agentes consultados por el periódico atribuyen la decisión a intereses políticos del Ejecutivo. Sin embargo, estas acusaciones constituyen valoraciones de las fuentes policiales y no acreditan que la modificación del protocolo responda a una estrategia electoral.
Por su parte, Interior mantiene que debe esclarecerse si las actuaciones del 11N se ajustaron a las normas vigentes. La investigación deberá analizar las circunstancias de cada intervención, las órdenes recibidas y la proporcionalidad de los medios empleados. La existencia de una compra autorizada o de un protocolo que regula el uso del aerosol no excluye la posibilidad de que una aplicación concreta sea considerada indebida.
Qué queda por aclarar sobre la compra y el uso de los espráis
La controversia deja varias cuestiones pendientes. Una de ellas es cómo afectará la nueva restricción al material adquirido y si los dispositivos podrán destinarse a otras funciones policiales. La modificación anunciada no supone necesariamente que los 71.656,20 euros se hayan perdido, puesto que la restricción se circunscribe al control de manifestaciones y no implica la retirada general de estos medios del equipamiento policial.
También está pendiente conocer el resultado de la investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía de Madrid y si se detectan incumplimientos individuales o fallos en la planificación de los operativos.
El debate pone así el foco en la necesidad de establecer instrucciones claras sobre el uso de la fuerza, garantizar la protección de los agentes y preservar el derecho de manifestación. La compra de octubre, el protocolo aprobado semanas después y las nuevas restricciones de noviembre evidencian un cambio en el criterio operativo de Interior, pero será la investigación de las actuaciones del 11N la que permita determinar si se produjeron responsabilidades concretas.