La manifestación convocada este sábado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid no recorrerá por casualidad algunos de los puntos institucionales más reconocibles de la capital. Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", la protesta comenzará a las 18.30 horas en la Puerta del Sol, bajará por la calle Alcalá hasta Cibeles, continuará por el paseo del Prado y Neptuno y terminará frente al Congreso de los Diputados. Los organizadores quieren que la marcha pase ante las sedes de las administraciones a las que atribuyen diferentes responsabilidades políticas en la crisis de vivienda y en la falta de una solución que permitiera a Maricarmen permanecer en su casa.
Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada esta semana de la vivienda del distrito de Retiro en la que residía desde 1956. El conflicto no se originó por un impago, sino por la extinción de la última subrogación de un contrato de renta antigua, después de que los tribunales terminaran dando la razón a la propiedad. El Ayuntamiento y la Comunidad sostienen que ofrecieron alternativas residenciales o asistenciales, mientras Maricarmen y el Sindicato consideraban que ninguna garantizaba una solución adecuada que le permitiera conservar su autonomía y permanecer vinculada a su entorno. El Ministerio de Vivienda trató también de mediar y explorar la compra del inmueble, sin conseguir evitar finalmente el lanzamiento.
Sol: la protesta empieza frente al Gobierno de Ayuso
El punto de salida es la Puerta del Sol porque allí se encuentra la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Para el Sindicato, la primera parada pretende señalar al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y reclamar una mayor intervención regional en vivienda pública, protección de personas vulnerables y alternativas habitacionales. La organización considera que la Comunidad no ofreció a Maricarmen una solución que respondiera a lo que ella reclamaba antes del desahucio, aunque el Ejecutivo regional ha defendido que sí puso recursos a su disposición.
La disputa sobre quién tenía capacidad para actuar se ha convertido en uno de los grandes debates posteriores al lanzamiento. Pedro Sánchez responsabilizó públicamente a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento por no haber encontrado una alternativa, mientras dirigentes del PP han replicado que el marco legal que permitió ejecutar el desahucio depende fundamentalmente de legislación estatal. Son posiciones políticas enfrentadas sobre un caso en el que intervienen competencias de diferentes administraciones.
Cibeles: el Ayuntamiento, segunda parada
Desde Sol, la marcha bajará por Alcalá hasta Cibeles, donde se encuentra el Palacio de Cibeles y la sede principal del Ayuntamiento de Madrid. La parada pretende trasladar también la protesta al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, al que el Sindicato reclama una mayor respuesta desde los servicios municipales y las políticas de vivienda de la capital.
Almeida ha rechazado esa interpretación y ha cuestionado expresamente el recorrido. El alcalde sostiene que los manifestantes deberían dirigirse a Moncloa porque las normas decisivas en un procedimiento como el de Maricarmen, entre ellas buena parte de la legislación sobre arrendamientos, derecho civil y procesos judiciales, corresponden al Estado. "Que vayan al Palacio de la Moncloa", afirmó este viernes, defendiendo que Ayuso y él no tienen capacidad para modificar ese marco legal.
La respuesta del movimiento por la vivienda es que el problema no depende exclusivamente de una ley estatal. Sus convocantes sostienen que las administraciones regional y municipal también disponen de herramientas en ámbitos como vivienda pública, emergencia residencial, servicios sociales o adquisición de inmuebles, aunque el alcance concreto de esas competencias es distinto al del Estado. El Defensor del Pueblo ha evitado señalar a una sola institución y ha pedido "medidas urgentes" al conjunto de los poderes públicos después del caso.
El Congreso: donde el Sindicato quiere cambiar las leyes
Después de Cibeles, los manifestantes bajarán por el paseo del Prado, pasarán por Neptuno y la plaza de las Cortes y terminarán delante del Congreso de los Diputados. Ese punto final tiene una lógica distinta: ya no se trata únicamente de exigir una solución para Maricarmen, sino de reclamar cambios legislativos para que otros inquilinos no lleguen a una situación similar.
El Sindicato y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han presentado precisamente esta semana una propuesta bautizada como "decreto Maricarmen". Entre sus demandas figuran medidas contra los desahucios, cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos, prórrogas efectivas de los contratos, congelación de alquileres y mecanismos para que determinados contratos puedan renovarse de forma indefinida, además de impedir expulsiones que la organización considere carentes de causa justificada. Son propuestas del movimiento inquilino y no medidas que estén actualmente aprobadas.
La elección del Congreso cobra además importancia porque cualquier reforma de alcance estatal sobre alquileres o procedimientos de desahucio necesita pasar por las Cortes. El Ejecutivo negocia estos días un nuevo paquete de vivienda y Sumar ha presionado al PSOE para que el próximo Consejo de Ministros apruebe medidas adicionales, pero cualquier real decreto ley tendrá posteriormente que ser convalidado por los diputados. El anterior intento del Gobierno de reforzar determinadas protecciones en materia de alquiler decayó después de no conseguir suficientes votos en la Cámara.
Tres lugares para señalar tres niveles de responsabilidad
El recorrido resume así el mensaje que pretende transmitir el Sindicato: Sol representa a la Comunidad de Madrid, Cibeles al Ayuntamiento y el Congreso al ámbito estatal y legislativo. No significa que las tres instituciones tengan exactamente las mismas competencias ni que cualquiera de ellas pudiera haber detenido por sí sola una resolución judicial firme. Precisamente ese reparto de responsabilidades se ha convertido en uno de los puntos de enfrentamiento político después del caso de Maricarmen.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha hablado de un "fracaso" conjunto de las administraciones, mientras Oxfam Intermón ha reclamado una respuesta "coordinada y urgente" de todos los niveles de gobierno. Desde el Ayuntamiento y el PP se pone el acento en las competencias normativas del Estado; desde el Gobierno central se señala también a las administraciones madrileñas por sus competencias en políticas sociales y de vivienda.
De un desahucio concreto a una protesta nacional por la vivienda
La movilización pretende además que el caso deje de ser únicamente el de una vecina de Retiro. Después de ser desalojada y trasladada al Hospital Gregorio Marañón, Maricarmen difundió un mensaje llamando a participar en la protesta. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar", manifestó en unas declaraciones distribuidas por el Sindicato.
La organización ha convertido su nombre en el lema de una campaña más amplia contra los desahucios y prepara movilizaciones en decenas de ciudades. Por eso el recorrido de este sábado empieza ante el Gobierno madrileño, pasa por el Ayuntamiento y termina ante el poder legislativo estatal: los convocantes quieren representar físicamente durante la marcha su argumento de que la crisis de vivienda atraviesa a todas las administraciones y que las soluciones deben llegar tanto mediante políticas públicas locales y autonómicas como mediante cambios en las leyes estatales.
La discusión sobre hasta dónde alcanza la responsabilidad de cada institución seguirá abierta. Lo que deja claro el itinerario elegido es el mensaje político de la convocatoria: la marcha no busca únicamente recordar el desahucio de Maricarmen, sino utilizar su caso para exigir actuaciones a Sol, Cibeles y el Congreso y convertirlo en símbolo de una reivindicación mucho más amplia sobre el acceso y la permanencia en la vivienda.