Tres de las cuatro principales organizaciones profesionales agrarias, UPA, COAG Y Unión de Uniones, ya han presentado a los partidos políticos sus prioridades para el sector primario para de cara a las elecciones generales del próximo 29 N.
Aunque existen muchos puntos comunes, también hay diferencias claras: UPA se mantiene firme en la protección de la agricultura familiar (que está en retroceso) y exige que se culmine la Ley de la agricultura familiar, la promesa incumplida de Luis Planas en esta legislatura que termina. Por su parte, COAG y Unión de Uniones piden que el próximo gobierno defienda una agricultura más profesional, social y competitiva y, en ese sentido, ambas coinciden en pedir la elaboración de un "Estatuto del Agricultor y Ganadero Profesional" con reconocimiento jurídico y estadístico, que sirva para que las gentes del campo tengan prioridad en determinadas políticas públicas.
UPA fija sus propuestas en 16 puntos; COAG propone una serie de medidas a tomar en los primeros cien días de Gobierno y después desarrolla sus exigencias en una docena de apartados; y Unión de Uniones, (la última en llegar a la interlocución con el Ministerio y que por ello, introduce un capítulo sobre cómo fijar la representatividad de estos colectivos) organiza sus propuestas en cien compromisos organizados en 13 bloques.
De cara a la Bruselas
Parte de las peticiones se dirigen hacia el papel de España en la Unión Europea, principalmente, ante los cambios previstos en la próxima Política Agraria Común, PAC 2028-2034. COAG y Unión de Uniones rechazan de plano la propuesta ya aprobada en el último Consejo de Ministros de Agricultura de que la PAC pierda su estructura tradicional sujeta en dos pilares y se renacionalice con los Planes Estratégicos Nacionales de cada estado miembro. UPA tampoco apoya dicha renacionalización de la PAC, pero se centra más en que el próximo Gobierno trabaje por conseguir el presupuesto suficiente.
COAG y Unión de Uniones también coinciden en que se fuerce a Bruselas a que implante las “cláusulas espejo” para defender las producciones europeas y que los agricultores y ganaderos de los 27 puedan competir en igualdad de condiciones con los de terceros países.
Precios justos y gastos controlados
Mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2013 y modificada en 2021 sigue siendo una exigencia de las tres organizaciones agrarias. Mientras UPA pide que se incrementen las sanciones de quien la incumple, COAG y Unión de Uniones añaden otras medidas.
Por otra parte, el incremento de los precios de los insumos es otro de los caballos de batalla en la rentabilidad del campo, por lo que los tres colectivos coinciden en pedir beneficios fiscales o reducción del IVA en el gasóleo profesional, fertilizantes, y una tarifa especial para los regantes, como existía antes.
COAG propone crear un “Observatorio de insumos” formado por las las organizaciones agrarias y que cuente con inspecciones de oficio de la CNMC sobre márgenes de carburantes y fertilizantes.
Relevo generacional y seguros agrarios
Según afirma COAG, en los próximos cuatros años se jubilarán 43.000 agricultores y ganaderos, por lo que a los apoyos europeos de la PAC para la incorporación de jóvenes hay que añadir un esfuerzo del Gobierno de España en líneas de créditos preferente e incentivos fiscales. Desde UPA se propone un gran Plan Nacional de Relevo Generacional y acceso a la tierra para facilitar la entrada de nuevos agricultores.
Las consecuencias que está teniendo el cambio climático en los cultivos también se palpa en las peticiones de los agricultores, ya que UPA, COAG y Unión de Uniones indican la necesidad de aumentar el presupuesto estatal de ayudas a seguros agrarios.
Ante la aparición, en los últimos años, de los fondos de inversión en el sector agrario, COAG y UPA exigen crear instrumentos que sirvan para dirigir las ayudas públicas a los agricultores y ganaderos profesionales antes que a dichos inversores.
Otras propuestas que las organizaciones agrarias solicitan al futuro Gobierno de España es la reducción de burocracia y la simplificación administrativa, una política hídrica y de modernización de regadíos, y garantizar los servicios públicos de vivienda, y movilidad para poder vivir y trabajar en el medio rural.
La mayoría de las organizaciones profesionales agrarias ya han presentado sus preferencias a los partidos políticos. Ahora queda ver si, en las próximas semanas tienen su hueco en los diferentes programas electorales.