Recuerdo al PP y a Vox cargando contra la excepción ibérica, la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez para aliviar la factura de la luz a ciudadanos y empresas en lo peor de la guerra ilegal lanzada por Putin contra Ucrania. Eran los tiempos, según el PP, del “timo ibérico”.
Cuatro años después, debido a las consecuencias de una nueva guerra ilegal, la de Trump y Netanyahu contra Irán, es Italia la que se encamina por una senda parecida. Giorgia Meloni presume de un acuerdo preliminar con Bruselas para intervenir el mercado eléctrico de su país. La pregunta es: ¿dónde está el “timo italiano”? No se escucha a sus aliados españoles denunciar con el mismo ardor esta intervención del sacrosanto mercado. Parece que el juicio depende demasiado del color del Gobierno.
Lo cierto es que Meloni no hace sino aprovechar el camino desbrozado entonces por España y Portugal. No es una comparación caprichosa: ARERA, el regulador italiano, toma expresamente el tope ibérico como modelo conceptual y considera que su balance neto ha sido ampliamente favorable. La derecha española debería reconocer que el Gobierno acertó al proteger a los consumidores frente a aquella emergencia. Pero al Gobierno, ni agua.
¿Dónde está el “timo italiano”? No se escucha a sus aliados españoles denunciar con el mismo ardor esta intervención del sacrosanto mercado
Hagamos memoria. En 2022, las renovables aportaban el 42,2% del mix español y los ciclos combinados, el 24,7%. Sin embargo, cuando el gas marcaba el precio marginal, su encarecimiento se trasladaba a la electricidad producida con otras tecnologías, disparando la factura. En marzo de ese año, justo antes de la intervención, el mercado diario español había promediado 283,30 €/MWh. El problema era que el coste de una parte de la generación contaminaba el precio del conjunto.
La excepción ibérica, en marcha desde el 15 de junio de 2022, frenó ese contagio, ahorrando miles de millones a ciudadanos y empresas, 4.970 millones de euros hasta el 31 de enero de 2023 según el MITECO. Con un dato esencial: en agosto de 2022 el precio resultante, incluida la compensación a las centrales, fue más de un 18% inferior al que se habría registrado sin el mecanismo. Eso es lo que importa: el ahorro después de pagar el ajuste.
También contribuyó a contener la inflación. El Banco de España calculó inicialmente que el mecanismo restaría alrededor de medio punto a la inflación media de 2022. El INE acabaría constantando una bajada del IPC interanual del 10,8% en julio al 5,7% en diciembre. Sería exagerado atribuir todo ese descenso a la excepción ibérica -también influyeron la evolución del precio del gas y otras medidas-, pero negar su contribución tampoco se sostiene.
Ante la crisis actual, considero que Italia tiene razones para intervenir, pero parte de condiciones menos favorables para reproducir el resultado español. En 2025, las renovables representaban el 49,4% de su generación y el gas, el 44,6%. Su precio mayorista medio fue de 115,94 €/MWh, frente a 65,28 en España: un 78% más.
Esta diferencia importa: a igualdad de diseño y de rebaja del precio, una mayor proporción de generación gasista exige compensar más electricidad y deja menos margen para el ahorro neto. Tampoco basta con comparar el porcentaje renovable total. Según Ember, en 2025 la eólica y la solar aportaban el 42% de la electricidad española, frente al 25% de la italiana. Mi tesis es que Italia tendrá más dificultades para repetir el beneficio ibérico; cuantificar su ahorro final exigirá conocer el diseño definitivo.
Italia tiene razones para intervenir, pero parte de condiciones menos favorables para reproducir el resultado español
Además, Italia dispone de más capacidad de intercambio con sus vecinos. Para el invierno de 2025, ARERA recogía máximos de unos 11,5 GW de importación y 5,8 GW de exportación en las horas laborables de mayor actividad. La conexión con Francia, principal salida del mercado ibérico hacia el resto de Europa, rondaba los 2,8 GW en 2022. Son capacidades de intercambio, no cantidades efectivamente exportadas, pero muestran por qué hay que examinar con cuidado los efectos transfronterizos.
Italia fue importadora neta en 2025: compró 51,8 TWh y vendió 4,9 TWh, según Terna. Eso no impide exportar en determinadas horas. Abaratar el gas reconocido a las centrales puede desplazar importaciones y aumentar la producción nacional, el consumo de gas o las exportaciones. Si el beneficio sale al exterior y la compensación se queda dentro, parte del coste acaba soportándolo el consumidor italiano. Es un riesgo que el diseño debe limitar, no una pérdida que pueda darse ya por calculada.
Hay otra diferencia decisiva que advierte la propia ARERA: en el caso ibérico aumentaron los ingresos asociados a la congestión de las interconexiones y ayudaron a financiar la medida. En Italia podría ocurrir lo contrario: al reducirse la diferencia de precios con los países de los que importa electricidad, disminuirían esos ingresos, especialmente en las fronteras del norte. Menos recursos por esa vía pueden dejar una mayor parte de la compensación a cargo de los consumidores locales.
Porque la intervención hay que pagarla. La legislación italiana prevé recuperar compensaciones mediante cargos sobre el consumo eléctrico. Por tanto, el riesgo inmediato recae en las facturas; no todo el coste se carga automáticamente a las arcas públicas. Si el Gobierno lo asumiera vía Presupuestos, entraría en juego una deuda del 139,9% del PIB. Una razón más para exigir cuentas completas y salvaguardas antes de celebrar el anuncio.
Pero España tampoco es ya la de 2022. Según los datos provisionales de Red Eléctrica para el período enero-septiembre de este año, las renovables aportaron el 57,3% de la generación; la nuclear, el 18,7% y los ciclos combinados, el 16,8%. Dentro del total, la fotovoltaica representó el 23%, la eólica el 19,7% y la hidráulica el 11,4%. El sistema ha cambiado, y nuestra respuesta a las crisis debe tenerlo en cuenta.
La comparación de Ember es reveladora: entre enero y mayo de 2026 el gas influyó en el precio en el 9% de las horas en España, frente al 75% en Italia. En España ese indicador era del 52% en 2021. Es una estimación de la influencia del gas, no el porcentaje de electricidad que genera. Las renovables están debilitando el vínculo que antes obligaba a pagar tanta electricidad al precio del combustible fósil.
Eso no nos hace inmunes. Red Eléctrica situó el precio medio del mercado diario de septiembre en 143,25 €/MWh. La tensión de este otoño obliga a actuar donde persista la exposición al gas. Pero el dato de los primeros meses no puede extrapolarse a todo el año, y tampoco puede darse por justificado repetir sin cambios una intervención general diseñada para el sistema de 2022.
La excepción ibérica fue un puente para superar una emergencia mientras avanzábamos con las renovables. Convertirla en solución permanente podría debilitar las señales de inversión y prolongar la dependencia que queremos superar. Otra cuestión es exigir una contribución especial por los beneficios extraordinarios que la crisis está generando en la industria fósil.
Un ejemplo reciente: Repsol comunicó hace unos días un beneficio neto de 5.006 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, frente a 1.177 millones un año antes. Incluye un efecto positivo de 943 millones por la revalorización de existencias. No todo beneficio equivale a una ganancia caída del cielo, pero estas cifras justifican examinar qué rentas extraordinarias produce la crisis y cómo pueden contribuir a aliviarla.
La excepción ibérica fue un puente para superar una emergencia mientras avanzábamos con las renovables
Ese es el riesgo estratégico para Italia: gastar cada vez más en amortiguar el precio del gas sin acelerar lo suficiente las alternativas que permiten depender menos de él. Resulta sorprendente que Meloni tenga que proteger a su país de una crisis agravada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras sus aliados europeos son mucho menos beligerantes con las decisiones de su amigo Trump que con las medidas que impulsó el Gobierno español.
La receta para Italia es similar, aunque no idéntica, a la de España: más renovables, redes y almacenamiento, junto a una mayor electrificación de la economía. Una ayuda temporal puede tener sentido si sirve para llegar antes a ese destino. Si perpetúa el gas, acabará alimentando la factura de la siguiente crisis fósil.
El gas puede tener un tope; la incoherencia política parece no tenerlo.