El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda, han presentado ante las instituciones europeas las principales demandas del campo valenciano en el marco de la negociación de la futura PAC 2028-2034.
Dentro de su agenda en Bruselas, ambos responsables han mantenido encuentros con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), además de intervenir en reuniones del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH), según ha detallado la Generalitat en un comunicado.
En estas reuniones, los representantes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca han subrayado la importancia de que la nueva PAC preserve los instrumentos de apoyo a los sectores productivos, simplifique la burocracia y contribuya a mejorar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.
Durante la reunión con la jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, María Gafo, ambos directores generales han recalcado la necesidad de que la próxima PAC mantenga el respaldo a agricultores y ganaderos y considere las particularidades de la estructura productiva valenciana.
Asimismo, han puesto sobre la mesa el riesgo de abandono de la actividad agraria y las dificultades de los jóvenes para incorporarse al campo, dos de los principales retos para asegurar el relevo generacional.
Financiación de las ayudas hortofrutícolas
Uno de los asuntos clave abordados en Bruselas ha sido la defensa del actual sistema de financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH).
Los directores generales han expresado el rechazo de la Generalitat a la propuesta de introducir la cofinanciación nacional de estas ayudas en la futura PAC, en sustitución del modelo vigente de financiación íntegramente comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
Ernesto Fernández ha avisado de que esta modificación obligaría a los Estados miembros a asumir parte del coste de los programas operativos, lo que podría limitar la capacidad de actuación de las organizaciones de productores.
Esta postura también se ha defendido en el marco de las reuniones de AREFLH, organización de representación del sector hortofrutícola en la que la Comunitat Valenciana participa a través de su colegio de regiones.
En estos foros se han analizado igualmente otros factores que condicionan la competitividad del sector, como la presión de las importaciones de terceros países, la escasa disponibilidad de materias activas para el control de plagas y enfermedades y el aumento de las obligaciones administrativas que recaen sobre los agricultores.
Cuaderno electrónico y pagos directos
En la reunión con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), los directores generales han revisado el calendario de negociación de la futura PAC y el avance de los debates sobre el nuevo marco de ayudas previsto para 2028-2034.
Ángel Marhuenda ha defendido que la próxima PAC incorpore unos criterios de aplicación de los pagos directos ajustados a la realidad de las explotaciones agrarias valencianas.
Del mismo modo, ha solicitado retrasar la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, fijada para el 1 de enero de 2027, y contemplar excepciones para las pequeñas explotaciones, con el fin de evitar nuevas cargas administrativas, especialmente para los agricultores de mayor edad.
Apoyo al sector arrocero
La agenda en Bruselas ha incluido también contactos con representantes de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña, con las que la Comunitat Valenciana comparte problemas como el reducido tamaño de las explotaciones, el envejecimiento de los titulares, las dificultades para el relevo generacional y la necesidad de garantizar recursos hídricos suficientes y de calidad.
En estos encuentros se ha prestado especial atención a la situación del sector arrocero, que sufre una caída de precios hasta niveles que impiden cubrir adecuadamente los costes de producción.
En este contexto, los representantes de la Generalitat han analizado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el porvenir del sector arrocero en Europa, en el que se plantea la conveniencia de impulsar una estrategia común para hacer frente a los problemas que afectan a este cultivo.