Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de España, han reclamado este jueves una revisión profunda del régimen sancionador en el sector oleícola, de forma que los incumplimientos en materia de calidad y etiquetado puedan acarrear sanciones penales, tal y como ya sucede en algunos países competidores, con el objetivo de atajar el fraude.
Esta demanda encabeza un paquete de “medidas necesarias, urgentes y estructurales” consensuado por las cuatro entidades para frenar la pérdida “sistemática” de rentabilidad y competitividad que sufre el olivar de almazara.
En este contexto, plantean reforzar las inspecciones y los controles sobre los movimientos de aceite, supervisando no sólo la fase de comercialización, sino también los procesos industriales y el balance de masas, con el fin de impedir la incorporación de aceites de semillas, de orujo o desodorizados.
Para apuntalar este sistema de control, proponen recurrir a tecnologías que permitan cruzar la información de los registros de SIMO, Remoa, Contratos y Aduanas, y obligar a los operadores a registrar en Remoa el precio y el contrato asociado a cada partida de aceite transportada.
Del mismo modo, reclaman impulsar la investigación en nuevos métodos químicos que faciliten la detección de mezclas ilegales y aporten mayor objetividad a las catas organolépticas.
Además de la lucha contra el fraude, las organizaciones solicitan al Gobierno que el olivar de almazara sea reconocido como cultivo y producto estratégico por su importancia económica, social y medioambiental, subrayando que España mantiene el liderazgo mundial en producción de aceite de oliva.
En materia de agua, exigen que se dé prioridad al olivar en el acceso a los recursos hídricos, que se amplíe la superficie de regadío, se exploren nuevas fuentes de captación y se aseguren dotaciones homogéneas para todos los modelos de producción ante el impacto de las condiciones climáticas extremas.
RECLAMAN UNA LÍNEA DE PRÉSTAMOS ICO
Para ordenar la oferta y la demanda, piden la puesta en marcha del artículo 167 bis de la normativa europea planteada por el Ministerio de Agricultura, un instrumento legal que permite regular la oferta para reforzar la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado del aceite de oliva.
Mediante este mecanismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a iniciativa del propio sector o por decisión propia, puede fijar normas obligatorias de comercialización que contemplen la retirada o el almacenamiento temporal de producto cuando se produzcan graves desequilibrios entre oferta y demanda o variaciones extremas de precios.
Las cuatro organizaciones reclaman igualmente una línea específica de préstamos ICO para que las almazaras puedan asumir los costes financieros derivados de la autorregulación del mercado.
En el ámbito del comercio exterior, exigen reforzar el control y la trazabilidad de las importaciones en depósitos aduaneros, así como eliminar el régimen de perfeccionamiento activo y el contingente arancelario, señalando de forma particular las entradas de aceite desde Túnez por su impacto distorsionador sobre el mercado.
Finalmente, piden hacer realmente efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria, estableciendo costes medios de producción de forma objetiva, supervisando los precios de importación y fijando compensaciones para los agricultores cuando no se alcancen los umbrales mínimos de rentabilidad.
El acuerdo suscrito por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España se completa con la exigencia de un plan de reconversión financiado con fondos públicos y de un plan estratégico integral específico para el olivar tradicional.