La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado este miércoles el reparto de nuevos fondos agrarios para Andalucía por un total de 11,9 millones de euros, dentro de una bolsa estatal que suma 69,2 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha procedido a distribuir entre las comunidades autónomas los 50.174.300 euros de la reserva agrícola de la Unión Europea asignados a España. De esa cantidad, Andalucía percibirá 9.933.452,47 euros, dirigidos a respaldar a los agricultores y ganaderos que más han sufrido el encarecimiento de los costes de producción derivado de la crisis en Oriente Próximo.
Según ha indicado el departamento en una nota, el Gobierno de España ha preferido poner estos recursos europeos a disposición directa de las comunidades autónomas, en lugar de diseñar una ayuda centralizada, para que puedan utilizarlos como complemento de las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo con mayor margen de maniobra y para cubrir otras necesidades específicas del sector agrario en cada territorio.
La ayuda europea contempla esta financiación extraordinaria para los productores cuya viabilidad económica se ha visto mermada por la crisis. Los fondos deberán destinarse a actuaciones que compensen el aumento de los costes de los fertilizantes, de la energía o de ambos, en función de las pérdidas económicas acreditadas. Este instrumento de reserva se añade al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, impulsado por el Gobierno con recursos estatales mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que incluye medidas concretas para los sectores agrario y pesquero y que alcanza ya, con las dos prórrogas aprobadas, 1.174 millones de euros.
La normativa comunitaria no fija un único esquema de ayuda. Cada comunidad autónoma tendrá capacidad para definir los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirigirá su dotación. Así, podrán reforzar el respaldo a explotaciones que ya reciben la ayuda estatal o diseñar intervenciones distintas donde detecten necesidades adicionales. Además, las autonomías podrán sumar recursos propios por hasta el 200 % de la cuantía que les corresponda con cargo a la reserva agrícola.
Las ayudas con cargo a esta reserva pueden sufragar hasta el 100 % de los sobrecostes debidamente justificados en fertilizantes y energía. En cualquier caso, deberán evitarse distorsiones en el mercado y situaciones de sobrecompensación respecto a otras subvenciones nacionales o europeas concedidas para los mismos conceptos. El reparto territorial de estos 50,1 millones de euros se ha efectuado tomando como base la superficie agraria útil de 2024 comunicada a Eurostat, al tratarse de una fuente estadística oficial, homogénea y común para todas las comunidades autónomas, que recoge el conjunto de la superficie agraria sin excluir ninguna orientación productiva.
Todas las comunidades han manifestado su voluntad de emplear los fondos y su acuerdo con las cantidades asignadas. España notificó a la Comisión Europea el 30 de septiembre de 2026, dentro del plazo establecido, las condiciones de las medidas diseñadas por las comunidades autónomas. Las ayudas procedentes de la reserva agrícola deberán abonarse como fecha límite el 28 de febrero de 2027, mientras que la financiación adicional que aporten las autonomías podrá pagarse hasta el 31 de mayo de 2027.
En la misma reunión, la Conferencia Sectorial ha aprobado igualmente el reparto entre las comunidades autónomas de 19,1 millones de euros para financiar diversas actuaciones de sanidad animal orientadas al control y erradicación de enfermedades. De este montante, Andalucía recibirá 1.959.639,01 euros, según el reparto autorizado ayer por el Consejo de Ministros. Entre las intervenciones que se costean figura el apoyo al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, con el objetivo de compensar la ausencia de cofinanciación europea.
También se sufragan las indemnizaciones tramitadas en 2026 para hacer frente a los focos de influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que abarcan el vaciado sanitario de explotaciones y la administración de vacunas frente a la DNC, con una aportación financiera del 50 %. Asimismo, se financia la compra de vacunas de lengua azul en aquellas zonas donde se haya detectado circulación de nuevos serotipos durante 2024 (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia).
Por otro lado, el ministro ha trasladado en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común, celebrado igualmente hoy, la posibilidad de que la próxima semana el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea logre un acuerdo político sobre la futura Política Agraria Común (PAC) 2028/2032. La última propuesta de la Presidencia irlandesa incorpora la aspiración de España de garantizar una dotación financiera similar a la del actual periodo mediante dos mecanismos que podrían complementar la asignación inicial y cuya aplicación deberá decidirse a escala europea o nacional.
En el ámbito pesquero, el Consejo de Ministros de la próxima semana estudiará el informe sobre simplificación, aplicación y ejecución presentado por la CE en el que, según el ministro, no hay suficientes avances. La Comisión debe avanzar, a la mayor brevedad, en asuntos como la adopción de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas plurianuales y en adelantar las decisiones sobre éstas para que la flota no tenga que esperar a diciembre para conocer las posibilidades de pesca y que pueda tener más previsibilidad y estabilidad. También debe abordar la modificación del plan plurianual del Mediterráneo.
España también reitera su reclamación de simplificación del reglamento de control y avanzar en la simplificación de la Política Pesquera Común en cuestiones que inciden en la renovación de la flota y el relevo generacional o en la reducción de cargas burocráticas para acceder a las líneas de financiación. Respecto a los acuerdos comerciales con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), entre los que se encuentra Filipinas, España mantiene una posición defensiva respecto de las conservas y preparados de atún.
Se trata de productos especialmente sensibles para España. Cualquier acceso preferencial al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de requisitos equivalente en ámbitos esenciales como la sostenibilidad medioambiental y pesquera o la lucha contra la pesca ilegal, por ejemplo.