Las portavoces de la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (ACTE), Gisela Torrents y Eva Vilaseca, han defendido este miércoles en el Parlament un pacto por la “soberanía alimentaria” de Catalunya, subrayando la urgencia de reorientar el modelo económico en el actual escenario de lo que consideran una crisis ecológica.
En una rueda de prensa celebrada en la Cámara, han comparecido junto a representantes de distintas entidades y movimientos integrados en la red de ACTE, como el Sindicat de Llogateres, Revolta Pagesa, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Observatorio Desca, entre otros, que han colaborado en la elaboración del Pacte per la Sobirania Alimentària de Catalunya.
“La vivienda, la alimentación y otros bienes esenciales se convierten en negocios cada vez más lucrativos para cada vez menos personas”, ha denunciado Torrents, que ha recriminado la falta de actuación de los gobiernos y ha instado a los grupos del Parlament a transformar las propuestas de ACTE en compromisos políticos concretos.
En relación con la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, ha remarcado que “la defensa de unas condiciones de vida dignas” implica también decidir qué se come, cómo se produce y en qué circunstancias se lleva a cabo esa producción.
Vilaseca, por su parte, ha recordado que el coste de los alimentos se ha incrementado un 34% en los últimos cinco años y que, al mismo tiempo, las grandes corporaciones agroalimentarias han visto crecer sus beneficios más de un 30%. Por ello, ha sostenido que la bajada del precio de la cesta de la compra debe lograrse “limitar los márgenes abusivos, no de estrujar todavía más a quien trabaja la tierra”.
Puntos clave del pacto
Entre las medidas recogidas en el documento, plantean asegurar una alimentación asequible para la población y precios justos para el sector primario mediante “regulación pública y avanzando hacia una seguridad social de la administración”.
Asimismo, reclaman blindar el futuro de la actividad agraria protegiendo los suelos agrícolas y las explotaciones frente a las crisis, con una simplificación de los trámites administrativos, una fiscalidad adaptada y una planificación territorial que priorice el consumo de proximidad.
El pacto también apuesta por consolidar una “distribución, comercialización y una compra pública” que permita que el producto de kilómetro cero se extienda a todo el territorio catalán.
Además, el texto incorpora medidas para salvaguardar las condiciones ecológicas mediante una “gestión democrática del agua, una transición ganadera justa y una dieta saludable”, lo que pasa, según defienden, por recuperar la gobernanza del agua y reforzar la ganadería extensiva.