La Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía tiene previsto debatir este jueves, 8 de octubre, una proposición no de ley (PNL) registrada por el Grupo Socialista, centrada en la “protección del suelo público” y en la promoción de “vivienda pública asequible sin descapitalizar a la Junta de Andalucía”.
Según el texto de la iniciativa, consultado por Europa Press, el PSOE-A plantea, en primer lugar, que la Cámara autonómica inste al Ejecutivo andaluz a “paralizar la venta de las parcelas residenciales, incluidas en el Plan de Enajenación 2026, de titularidad de la empresa pública Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a fin de licitarlas mediante derecho de superficie, concesión o promoción pública directa, de modo que las viviendas se construyan igualmente sin que la Junta de Andalucía pierda la propiedad del suelo”.
En un segundo bloque de medidas, los socialistas reclaman que el Parlamento pida al Gobierno andaluz “no vender en ningún caso suelo público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para la construcción de vivienda libre”, y que “destinar todo su suelo residencial a vivienda protegida y asequible, dando prioridad al alquiler”.
Como tercer punto, el PSOE-A propone que la Cámara autonómica inste al Consejo de Gobierno a “reforzar” AVRA como “promotora pública de vivienda, dotándola de los medios humanos y presupuestarios necesarios para construir directamente, sobre su propio suelo y en colaboración con los ayuntamientos y con el Estado, vivienda protegida que mantenga esa condición de forma permanente”.
Finalmente, la PNL incorpora una cuarta petición para que el Parlamento reclame al Ejecutivo que “remitir a la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, en el plazo de tres meses, la relación completa de las parcelas incluidas en el Plan de Enajenación 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), las enajenadas en los últimos cinco años --incluyendo los datos de municipio, uso, número de viviendas protegidas y libres-- y el procedimiento de adjudicación e importe”.
“Emergencia de acceso a la vivienda” y papel del suelo público
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Socialista recuerda que “el Estatuto de Autonomía para Andalucía obliga a la promoción pública de la vivienda (artículo 25) y atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio (artículo 56)”.
El texto subraya igualmente que “Andalucía vive una emergencia de acceso a la vivienda que golpea con especial dureza a la juventud, a las familias trabajadoras y a las rentas medias y bajas”, y que, “frente a ella, las administraciones públicas disponen de una herramienta que ningún otro agente del mercado puede aportar: el suelo público”.
En este contexto, los socialistas destacan que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, “es el principal instrumento de la Junta de Andalucía para gestionar suelo público y promover vivienda asequible”.
La PNL incide en que “su patrimonio de suelo, acumulado durante décadas con recursos de todos los andaluces y andaluzas, es la reserva que permite a la comunidad autónoma construir vivienda a precios que el mercado no ofrece”, y menciona el Plan de Enajenación 2026 de AVRA, que “sacará a subasta y concurso 735 inmuebles valorados en 124,3 millones de euros”.
Entre estos activos, “figuran 327 parcelas residenciales, con 375.000 metros cuadrados de edificabilidad y capacidad para 3.678 viviendas, de las que 714 serán libres”, detalla la iniciativa, que sostiene que “lo que se anuncia como un impulso a la vivienda protegida es, en realidad, la mayor venta de suelo público de la década”, cuando “estas mismas viviendas podrían construirse sin que la Junta se desprendiera de un solo metro cuadrado de suelo público”.
El documento argumenta que “vender suelo público para vivienda libre allí donde más falta hace vivienda asequible es exactamente lo contrario de lo que una administración responsable debería hacer”, y reivindica el “modelo” del Gobierno central “a través de la entidad pública CASA 47 y “el que recoge la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, cuando exige que la cesión a terceros garantice la titularidad pública del suelo”.
Sobre esta base, el PSOE-A concluye en la PNL que “Andalucía necesita más vivienda asequible, pero también más patrimonio público de suelo, no menos”, por lo que reclama que la Junta “no venda el suelo público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y que refuerce, en lugar de debilitar, los instrumentos públicos de suelo y vivienda asequible”.