El director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Juan Pérez Mas, ha subrayado la relevancia de este departamento como garante de la legalidad y como pieza clave en la defensa procesal de los intereses de la Comunidad Autónoma.
Lo ha expuesto durante su intervención ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, donde ha detallado las principales líneas de trabajo previstas para su Dirección General a lo largo de la actual legislatura.
En su comparecencia, Pérez Mas ha incidido en que la función esencial de la Dirección General es “garantizar la legalidad de la actuación administrativa del Gobierno de Aragón y del sector público autonómico”, además de asumir la defensa en los tribunales de los intereses de la comunidad autónoma, del Ejecutivo aragonés y del sector público autonómico.
Ha precisado que la Dirección General de Servicios Jurídicos es un órgano de carácter transversal y perfil técnico-jurídico, con cometidos de asistencia jurídica de especial importancia para la Administración autonómica, al margen de la gestión política o administrativa.
Igualmente, ha recordado que su organización y competencias vienen recogidas en la normativa autonómica, que le atribuye la representación y defensa en juicio, así como la dirección y coordinación de la asistencia jurídica consultiva y contenciosa de la comunidad autónoma y de su sector público institucional.
“La principal misión de la Dirección General de Servicios Jurídicos es defender el interés general y velar por el pleno sometimiento del Gobierno de Aragón a la Ley y al Derecho”, ha remarcado el director general durante su exposición.
Debido a esta marcada naturaleza técnica, ha puesto en valor la alta cualificación de los profesionales que integran los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. En la actualidad, la Dirección General dispone de 24 letrados de la comunidad autónoma y ocho funcionarios de apoyo administrativo, repartidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel.
Los letrados acceden mediante procesos selectivos “altamente exigentes” y “desarrollan su labor bajo los principios de unidad de criterio jurídico e independencia funcional”.
Garantizar la legalidad
En el ámbito consultivo, la Dirección General ofrece apoyo jurídico a los distintos departamentos mediante la elaboración de informes, el asesoramiento directo y la participación en órganos colegiados. En determinadas materias, esa función consultiva es obligatoria por mandato legal o reglamentario, como sucede con los proyectos de ley y reglamentos, las bases reguladoras de subvenciones públicas, los pliegos de contratación y otras actuaciones administrativas de especial relevancia. En otros supuestos, la consulta es opcional y depende del criterio o de las necesidades de los órganos gestores.
Los informes no tienen carácter vinculante, salvo que una norma disponga lo contrario, si bien la Administración debe motivar cualquier decisión que se aparte de su contenido. La actividad consultiva mantiene una tendencia al alza, con más de 700 informes jurídicos de media anual y la previsión de llegar a unos 800 en 2026.
Junto a esta tarea, la Dirección General participa en numerosos órganos colegiados de la comunidad autónoma, como el Consejo Consultivo de Aragón, la Junta de Contratación Pública, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal Aragonés del Deporte o los consejos de administración de diversas sociedades mercantiles autonómicas.
Además, desde esta legislatura integra la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, “con el objetivo de reforzar la legalidad de las decisiones que se elevan al Consejo de Gobierno”.
Defensa procesal
La defensa procesal ante los distintos órdenes jurisdiccionales constituye la principal vertiente de trabajo de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que en los últimos cuatro años han asumido una media anual de 2.816 asuntos, con alrededor de 120 pleitos por letrado y año.
La mayoría de estos procedimientos se encuadran en la jurisdicción contencioso-administrativa, con una media anual estimada de 1.250 asuntos en ese periodo. A continuación se sitúan la jurisdicción civil, con unos 550 procedimientos al año; la social, con 500; y la penal, con aproximadamente 250.
El director general ha aludido también a la participación de los Servicios Jurídicos en diversos procedimientos ante el Tribunal Constitucional, tanto mediante la interposición de recursos como en la defensa de normas aprobadas por Aragón. Entre los casos destacados ha citado la defensa de la Ley de Energía de Aragón --Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón--, cuyo levantamiento de suspensión fue acordado por el Alto Tribunal. En los últimos tres años, igualmente, se ha intervenido en procesos ante el Tribunal de Cuentas.
Ha rememorado, además, la labor que desarrolla la Dirección General en la protección jurídica de los empleados públicos cuando se ven implicados en procedimientos derivados del ejercicio legítimo de sus funciones.
Esta asistencia se presta a los empleados públicos que la solicitan, siempre que cuente con el visto bueno de su departamento y la autorización previa de la Dirección General, a fin de evitar conflictos de interés.
En la parte final de su intervención, Pérez Mas ha enfatizado la necesidad de contar con una estructura técnica altamente especializada que asegure la seguridad jurídica de la actuación pública y proporcione una defensa eficaz de los intereses de Aragón ante los tribunales, contribuyendo al buen funcionamiento de la Administración y al refuerzo del Estado de Derecho en la comunidad autónoma.
Posicionamiento de los grupos
La diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha pedido conocer “los recursos que tiene la Dirección General y los compromisos concretos que asume para esta legislatura”, recordando que “de la calidad de su trabajo dependen decisiones de interés general para la ciudadanía y para el derecho público”.
El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha definido la legislatura como “conflictiva” y ha expresado su inquietud “por la acción jurídica en el tema del reparto de migrantes, donde se va a tener que litigar mucho si se quiere mantener el carácter constitucional de las medidas que se tomen”.
Desde el PP, Elena Allué ha agradecido la labor del conjunto de letrados que ejercen en la Comunidad porque “detrás de las decisiones políticas existe un trabajo que pocas veces se ve pero que resulta imprescindible”. Asimismo, ha subrayado que “el adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez conecta directamente con el tema de la comparecencia de hoy”.
El diputado socialista Darío Villagrasa ha trasladado a Pérez el apoyo del PSOE, al considerar que “creer en la Administración, en sus letrados y en sus profesionales significa creer en la institucionalidad de esta Comunidad”, especialmente “en un horizonte en el que cada vez la parte jurídica ha ido ganando más espacio a la parte política y a la gestión ordinaria de la propia Administración”.
Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Pardo ha puesto en valor “la importancia que tienen los servicios jurídicos en Aragón”, al tiempo que ha señalado que “una Administración que legisla con rigor consigue reducir sustancialmente la conflictividad y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos”.