Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón han dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, un paquete de 44 enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, con la intención de reforzar la seguridad jurídica y facilitar el crecimiento del parque público de vivienda.
La portavoz de Vivienda del PP, Susana Cobos, ha subrayado que Aragón contará por primera vez en cuatro décadas con una normativa propia en esta materia, concebida para mejorar el acceso de los aragoneses a una vivienda.
Cobos ha indicado que el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón ha optado por una estrategia clara: aumentar la oferta residencial y utilizar todos los instrumentos disponibles para ese fin, objetivos que, ha dicho, se consolidan con las enmiendas presentadas.
“El Gobierno de Jorge Azcón tiene alrededor de 3.600 viviendas públicas impulsadas o en distintas fases de desarrollo, con el objetivo de alcanzar las 7.000 al finalizar la legislatura, y un Plan Aragón Más Vivienda dotado con más de 400 millones de euros para seis años. No partimos de cero, sino de una política que ya está dando resultados y que ahora queremos consolidar con una ley propia para Aragón”.
La representante popular ha precisado que una de las líneas centrales será disponer de más suelo para construir vivienda y recortar la tramitación administrativa. “Lo primero es la movilización de suelo y la reducción de los plazos administrativos. Los procedimientos urbanísticos no pueden prolongarse durante ocho años como ocurre en la actualidad, nuestro objetivo es reducir esos plazos de ocho a dos años. Además debemos acabar con una burocracia absurda porque no puede ser que se tarde más en tramitar el suelo que en construir las viviendas”.
Ha remarcado igualmente la conveniencia de asegurar un parque público de vivienda suficiente y estable en el tiempo. “Queremos alcanzar un parque público equivalente, al menos, al 10 por ciento de los hogares de primera residencia en Aragón y además las viviendas protegidas sobre suelo público mantendrán su calificación a perpetuidad”.
Entre las propuestas figura también la creación de un registro de agentes de la intermediación inmobiliaria, concebido para aumentar la transparencia del sector, reforzar la identificación profesional y mejorar las garantías y la protección de las partes implicadas.
El texto de la ley de Vivienda alude, además, a la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad adecuada que alivie los costes ligados a construir, rehabilitar, comprar o alquilar; a la puesta en marcha de un registro único de demandantes que recoja la necesidad, el arraigo y el cumplimiento de requisitos legales; y a la protección de la propiedad privada y de la seguridad jurídica, con medidas frente a la ocupación ilegal y contra el fraude en el acceso a vivienda pública.
La diputada del PP ha recalcado que “Las viviendas no se construyen con eslóganes. Se construyen con suelo, inversión, planificación, presupuestos y decisiones políticas. En Aragón ya hemos empezado a hacerlo. Y con estas enmiendas queremos acelerar ese esfuerzo, reducir la burocracia y garantizar su continuidad. Porque el verdadero éxito no será simplemente aprobar una ley”.
“Será que más jóvenes puedan emanciparse, más familias encuentren un hogar y más aragoneses puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ese es el compromiso del Partido Popular, del Gobierno de Aragón y el sentido del acuerdo que hoy presentamos”, ha concluido.
Efecto llamada y prioridad nacional
La diputada de Vox Carmen Rouco ha explicado que el propósito de las enmiendas es “dar un primer paso firme y decidido para empezar a corregir un desequilibrio que se ha acumulado durante muchos años y sentar las bases de una solución duradera al problema de la vivienda”.
Como marco general, Rouco ha señalado que “llevamos 8 años de políticas socialistas de efecto llamada y de puertas abiertas que han desequilibrado un mercado tremendamente impactado por la inmigración masiva”.
Ha criticado que “tan sólo en los últimos cinco años han entrado a España seis millones de personas, mientras se han creado menos de 500.000 viviendas”, lo que, según ha dicho, implica que “por cada nueva vivienda construida en España han entrado más de 10 personas en el país”.
“En el mercado de alquiler en España, la mitad de los inquilinos son de origen extranjero. Algo más de 10 millones de personas viven de alquiler en España, de las cuales 5,2 millones han nacido en el extranjero”, ha añadido.
Por ello, Rouco ha defendido “facilitar que haya más suelo disponible, que los procedimientos administrativos sean más ágiles, que se incremente el parque público y protegido, que el alquiler público sea realmente asequible y que exista mayor seguridad jurídica”.
Ha insistido en la necesidad de “ordenar la adjudicación de unos recursos públicos escasos bajo el denominado principio de prioridad nacional, mediante criterios objetivos de necesidad, arraigo y vinculación verificable con Aragón y España”.
“La eficacia de todas estas medidas comenzará a apreciarse a medio plazo: con más viviendas públicas efectivamente terminadas, mayor disponibilidad residencial, reducción de plazos administrativos, mejores condiciones de acceso y una prioridad nacional efectiva”, ha valorado.
Rouco ha recalcado que las enmiendas “fijan la prioridad nacional, uno de los compromisos políticos más importantes que Vox ha incorporado al acuerdo de gobernabilidad con el PP”. Ha apuntado que “el sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola”.
En este sentido, las propuestas incluyen la creación de un Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda Pública de Aragón. “Permitirá comprobar, entre otras circunstancias, los ingresos, la composición familiar, la existencias de otras viviendas y las condiciones personales, laborales y sociales de los solicitantes”, ha explicado Rouco, quien ha añadido que “este bloque de enmiendas plantea criterios de arraigo real, duradero, verificable, historial de empadronamiento, nacionalidad española o residencia legal y necesidad acreditada”.
Otro conjunto de enmiendas se centra en la fiscalidad. La parlamentaria de Vox ha destacado que “reconocen la necesidad de establecer una política fiscal que facilite la primera vivienda, la emancipación de los jóvenes, el acceso de las familias numerosas, la rehabilitación y la recuperación residencial del medio rural”.
En coherencia con ello, ha remarcado que “se contemplan actuaciones en el IRPF, ITP, AJD e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, de acuerdo con lo recogido en el Pacto de Gobierno. “Quiero señalar el compromiso de impulsar una fiscalidad diferenciada que favorezca la vivienda en los municipios rurales”, ha subrayado.
Rouco ha detallado también dos cambios orientados a incrementar el suelo disponible y a reducir la burocracia.
“Las enmiendas permitirán que determinados suelos puedan destinarse a vivienda protegida, sin tener que afrontar necesariamente una modificación completa del planeamiento, siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas previstas y existan suficientes dotaciones para atender los usos terciarios necesarios”, ha indicado, con el objetivo de “poder aprovechar determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios para construir vivienda protegida”.
Otra modificación es la “simplificación de los procedimientos de calificación de vivienda protegida mediantes declaraciones responsables”.
Lo ha argumentado para “simplificar parte de ese procedimiento, permitiendo que el promotor declare, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos legales técnicos y económicos exigidos para la promoción de vivienda protegida”. Un último bloque de enmiendas se dirige específicamente a “la lucha contra la okupación ilegal”.