El Fiscal Superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha denunciado este viernes la “salvajada” que supone el incremento del 42% en las agresiones sexuales a menores de 16 años registrado en 2025 respecto al ejercicio anterior, con un salto de 332 a 472 procedimientos abiertos.
Durante su intervención ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, ha señalado que el pasado año se incoaron casi 2.600 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 20%, y ha advertido de que estos procedimientos “se multiplican” cada año.
Serrano-Jover ha pedido una “reflexión profunda” al constatar que la sociedad muestra síntomas de estar “desquiciada”, reclamando un refuerzo de la educación en todos los ámbitos, dado que la Fiscalía carece de capacidad preventiva y solo actúa “cuando ya no hay marcha atrás”.
En términos globales, ha precisado que en 2025 se incoaron 121.753 diligencias previas, un 3,3% más que el año anterior, con 66.707 en la provincia de Las Palmas y 58.048 en Santa Cruz de Tenerife. Es la cifra más elevada de los últimos cinco años y refleja un aumento notable frente a las 108.000 diligencias de 2021, que ha calificado de diferencias “abismales”.
Ha subrayado que su principal inquietud es la pendencia, con más de 31.000 diligencias aún sin resolver, lo que provoca que, cuando la justicia “llega tarde”, “pierde parte de su sentido”.
El fiscal ha destacado igualmente la “paradoja” de que Canarias encadene siete años como la comunidad autónoma con “mayor litigiosidad” y, sin embargo, mantenga un nivel de resolución de asuntos un 15% por encima de la media estatal, lo que a su juicio demuestra que “no se puede exprimir más” a la actual plantilla judicial.
Ha puesto en valor la “extraordinaria vocación de servicio público” del personal de la Administración de Justicia y, en particular, ha indicado que la Fiscalía “ha estado a la altura”, con 10.556 escritos de juicios y 10.499 sentencias de conformidad tramitadas en el Juzgado de Guardia.
En total, los fiscales han participado en 14.781 juicios, un 30% más que el año previo, y se han incoado 700 diligencias de investigación propias, lo que implica un incremento del 14%.
Serrano-Jover ha llamado la atención también sobre el repunte de asesinatos y homicidios, que aumentan un 17% hasta alcanzar los 133 casos en el último año y prácticamente se duplican en el último cuatrienio. “Esto merece una reflexión conjunta”, ha manifestado.
Asimismo, ha centrado el foco en los delitos de violencia de género, donde observa “un margen muy amplio de sentencias absolutorias”, lo que, a su entender, hace “bastante probable” que muchas víctimas abandonen el procedimiento, “quizá a lo mejor porque no se le ha dado la atención suficiente para conseguir que se mantenga en el mismo, ejerciendo por ejemplo su derecho a no declarar”.
Auge de la violencia en redes y de la ciberdelincuencia
El Fiscal Superior ha señalado también el incremento de la violencia ejercida a través de redes sociales, lo que complica el rastreo y la labor investigadora al realizarse, en gran medida, mediante perfiles falsos.
Aunque los delitos contra el patrimonio descienden un 6%, ha advertido de un “crecimiento exponencial” de las estafas cometidas mediante ciberdelincuencia. Al mismo tiempo, ha puesto el acento en la situación de unos 600 pacientes dados de alta que continúan ingresados en hospitales del archipiélago al no ser recogidos por sus familias, una circunstancia que vincula a la falta de plazas sociosanitarias.
Serrano-Jover ha alertado igualmente del aumento de agresiones a maestros y profesores, y ha reclamado cambios normativos, ya que en la actualidad el personal de centros privados y concertados no dispone de la misma cobertura.
Ha aprovechado su comparecencia ante los diputados para reiterar “viejas demandas”, como la construcción de una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife que ponga fin a la “dispersión” de las sedes judiciales, así como la edificación de un Palacio de Justicia en Puerto del Rosario (Fuerteventura), dado que las instalaciones actuales probablemente no superarían los “filtros” de seguridad y salud laboral.
Ha insistido en que esta petición no es “caprichosa” y responde tanto a las necesidades de la plantilla de fiscales como a las de la ciudadanía, criticando que soluciones que nacieron como temporales se hayan convertido en definitivas.
Serrano-Jover ha valorado la concesión de 20 nuevas plazas de fiscales para el archipiélago por parte del Ministerio de Justicia, pero ha reclamado al mismo tiempo plantillas estables y que Canarias deje de ser “Fiscalía de paso”.
Por último, ha defendido que la implantación del expediente electrónico es “esencial” y que “no hay vuelta atrás”, pese a las “deficiencias” que todavía presenta el sistema.