El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Antonio Pino, ha planteado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la conveniencia de introducir un ajuste sencillo en la política agraria española que sitúe en el centro a los productores y elimine el control constante o la “desconfianza” hacia agricultores y ganaderos.
Pino ha expuesto esta posición en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, al contestar a una interpelación registrada por su propio Grupo Parlamentario, Vox. Durante su intervención, ha subrayado que el sector primario opera en mercados muy competitivos, asume costes elevados y se enfrenta a requisitos que no se exigen a las importaciones, por lo que ha reiterado que la Junta defenderá esta visión ante el Gobierno central y ante Bruselas con el objetivo de lograr un marco con menos cargas, normas asumibles e igualdad de condiciones.
El responsable autonómico ha remarcado que la prioridad del Ejecutivo regional es garantizar que agricultores, ganaderos, regantes, cazadores y pescadores puedan ejercer su labor con “seguridad jurídica, menores trabas y posibilidades de obtener una renta digna”.
En esta línea, ha recordado su propia experiencia como agricultor para insistir en la necesidad de ofrecer “normas razonables, agilizar pagos e impulsar las infraestructuras, el agua, la sanidad animal y la defensa comercial”.
Entre las actuaciones ya en marcha, Pino ha puesto el foco en la recuperación de la quema controlada de rastrojos para la campaña 2026-2027 mediante comunicación previa, como respuesta a problemas fitosanitarios, una herramienta que ha definido como “regulada y orientada” a salvaguardar los cultivos.
Del mismo modo, ha expresado su confianza en que la Consejería de Medio Ambiente y Energía dé luz verde en breve a la quema de pastos para la ganadería, dentro de un criterio general basado en buscar soluciones de viabilidad “técnica” y legal en lugar de “prohibir”.
Siguiendo este enfoque de gestión, el consejero de Agricultura ha aludido también a la regulación del lobo en el marco del control poblacional, al impulso de la figura del veterinario habilitado y al rechazo frontal a la imposición obligatoria del cuaderno digital de explotación.
Asimismo, ha incidido en que Castilla y León se ha situado como la primera Comunidad autónoma de España y la primera región de Europa en adelantar el pago de las ayudas de la PAC, tras agotar el margen autonómico disponible con medidas de “flexibilización como la recolección anticipada, el aprovechamiento ganadero, la reducción en la exigencia de rotación o el laboreo vertical”.
Respecto a los fondos europeos, Pino ha reclamado un presupuesto suficiente para la PAC, articulado en dos pilares y enfocado en el profesional, sin recortes ni pagos redistributivos que castiguen el tamaño de las explotaciones. Ha detallado también la finalización de la convocatoria de incorporación de jóvenes, con más de 900 beneficiarios y cerca de 60 millones de euros, así como la resolución de cuatro planes de mejora que superan los 118 millones de euros, avanzando que las próximas convocatorias contarán con trámites más ágiles y un refuerzo de los centros integrados de formación profesional agraria.
En materia de regadíos, el consejero ha fijado como objetivo autonómico aproximar la superficie regable de Castilla y León al 23 por ciento que representa el conjunto nacional, frente al 15 por ciento actual, mediante actuaciones de modernización y nuevos desarrollos.
En el ámbito cinegético y piscícola, ha anunciado el fin de la obligación del precinto digital, la adaptación de la normativa sobre visores nocturnos para el control del jabalí y el compromiso de abonar antes de que termine 2025 las indemnizaciones por daños de lobo y oso correspondientes a ese ejercicio, reduciendo además a un máximo de seis meses los plazos de evaluación ambiental.
Por otro lado, Pino ha lamentado la ausencia de una respuesta favorable por parte del Ministerio a las propuestas de la Junta, consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias, para flexibilizar ecoregímenes o la tuberculosis bovina, frente a la cual el Gobierno autonómico impulsa un proyecto de investigación con un inmunomodulador bioseguro.
Finalmente, ha reiterado que la Administración autonómica se niega a apoyar acuerdos comerciales o importaciones de terceros países que no incluyan cláusulas espejo, controles efectivos y garantías de reciprocidad para el sector.