"Por fin se ha hecho justicia donde solo había injusticia". Con estas palabras ha celebrado este martes Oriol Junqueras la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía por la condena de malversación del 'procés'. También el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicado la resolución como "una nueva victoria del independentismo", aunque ha advertido de que todavía queda pendiente completar la amnistía para permitir el regreso de Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. "No es perdón, es justicia", ha defendido.
Las reacciones de los dos dirigentes independentistas llegan después de que la Sala de lo Penal del Supremo haya declarado extinguida su responsabilidad penal y la de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, en cumplimiento de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. La decisión pone fin a las inhabilitaciones que todavía pesaban sobre los cuatro condenados por los acontecimientos de 2017, aunque no resuelve todos los procedimientos judiciales vinculados al proceso independentista catalán.
El pronunciamiento llega nueve años después del referéndum del 1 de octubre y siete años después de la sentencia que condenó a los principales dirigentes del 'procés' por sedición y, en determinados casos, malversación. Desde entonces, el conflicto ha atravesado distintas etapas políticas y judiciales: los indultos concedidos por el Gobierno en 2021, la derogación del delito de sedición en 2022 y la aprobación de la ley de amnistía en 2024.
La resolución de este martes constituye un nuevo capítulo de un proceso que comenzó con la crisis institucional de 2017 y cuya dimensión judicial todavía no ha concluido. El Supremo ha terminado por aceptar el criterio del Constitucional, aunque ha acompañado su decisión de reproches al tribunal de garantías por considerar que ha invadido su ámbito jurisdiccional.
Del referéndum del 1-O a las condenas de 2019
Los antecedentes del 'procés' se remontan a la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que anuló o reinterpretó varios de sus preceptos. A partir de entonces, el independentismo adquirió una presencia creciente en la política catalana, con movilizaciones multitudinarias y sucesivas iniciativas institucionales para reclamar una consulta sobre la independencia.
En noviembre de 2014, el Gobierno de Artur Mas organizó un proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña pese a la suspensión acordada por el Constitucional. Tres años después, el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont impulsó un nuevo referéndum, precedido por la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica en el Parlament durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
El 1 de octubre de 2017, la Generalitat celebró la consulta pese a su suspensión judicial. La jornada estuvo acompañada de intervenciones policiales para impedir la votación y de cargas en distintos centros electorales. El Gobierno catalán consideró válido el resultado, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó su legitimidad constitucional.
La crisis institucional alcanzó su punto culminante el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament aprobó una resolución independentista y el Senado autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno central destituyó al Ejecutivo catalán, asumió temporalmente determinadas competencias autonómicas y convocó elecciones para diciembre.
En las semanas posteriores, varios dirigentes independentistas ingresaron en prisión preventiva, mientras que Puigdemont y otros antiguos miembros del Govern se trasladaron fuera de España. Comenzó así una etapa de procedimientos penales que desembocaría en el juicio celebrado ante el Tribunal Supremo en 2019.
La sentencia, dictada el 14 de octubre de 2019, condenó a nueve dirigentes a penas de entre nueve y trece años de prisión por sedición y, en algunos casos, malversación. Junqueras recibió la pena más elevada, de trece años de prisión e inhabilitación, mientras que Turull, Romeva y Bassa también fueron condenados por su participación en los acontecimientos de 2017.
Los indultos de Sánchez y la derogación de la sedición
El primer cambio significativo en la situación de los condenados se produjo el 22 de junio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó indultos parciales para los nueve dirigentes independentistas que permanecían en prisión. La medida permitió su excarcelación, pero no anuló las sentencias ni eliminó las penas de inhabilitación.
El Gobierno de Pedro Sánchez justificó entonces los indultos como una medida destinada a favorecer la convivencia y recuperar el diálogo institucional en Cataluña. La oposición del PP y Vox rechazó la decisión, mientras que las formaciones independentistas defendieron que los indultos eran insuficientes porque las condenas seguían vigentes.
En diciembre de 2022, las Cortes Generales aprobaron una reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y modificó la regulación de la malversación. La desaparición de la sedición obligó al Supremo a revisar las condenas, aunque el tribunal conservó las inhabilitaciones vinculadas al delito de malversación.
La cuestión adquirió una nueva dimensión política después de las elecciones generales de julio de 2023. Los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts para facilitar la investidura de Sánchez incluyeron el impulso de una ley de amnistía para determinados hechos relacionados con el proceso independentista catalán.
La amnistía de 2024 y el desacuerdo entre el Supremo y el Constitucional
La Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, entró en vigor el 11 de junio de 2024, después de una tramitación parlamentaria marcada por la confrontación entre sus defensores y detractores.
La norma estableció un procedimiento para extinguir la responsabilidad penal, administrativa y contable por determinados actos relacionados con el 'procés', aunque dejó en manos de los órganos judiciales la valoración individual de cada procedimiento.
El Supremo consideró inicialmente que determinados hechos de malversación quedaban excluidos de la amnistía, por lo que rechazó aplicarla a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa. Esta interpretación impidió que los cuatro dirigentes recuperaran plenamente sus derechos políticos, pese a haber salido de prisión tras los indultos.
El Tribunal Constitucional avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley en sus aspectos esenciales y, posteriormente, examinó los recursos relacionados con su aplicación a la malversación. El pasado 6 de octubre de 2026, el tribunal de garantías amparó a Dolors Bassa y corrigió el criterio que había impedido extinguir su responsabilidad penal.
Dos semanas después, el Supremo ha aplicado esa doctrina a Bassa, Junqueras, Turull y Romeva. La resolución elimina las inhabilitaciones que tenían vigentes hasta 2030 o 2031 y permite que puedan volver a concurrir a elecciones y desempeñar cargos públicos.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha acompañado su decisión de críticas al Constitucional. Los magistrados reprochan la "innecesaria grandilocuencia" de su resolución y consideran que algunos de sus argumentos invaden las competencias jurisdiccionales del Supremo.
Cronología del 'procés': las fechas que explican nueve años de conflicto político y judicial
Desde la sentencia del Estatuto hasta la aplicación de la amnistía, estos son los principales acontecimientos que han determinado la evolución del proceso independentista catalán.
Hitos políticos y judiciales entre 2010 y octubre de 2026
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 28 junio 2010 | Sentencia del Estatuto. El Constitucional anula o reinterpreta diversos preceptos del texto aprobado en 2006. |
| 9 noviembre 2014 | Consulta del 9-N. El Gobierno de Artur Mas celebra un proceso participativo sobre el futuro de Cataluña. |
| 6 y 7 septiembre 2017 | Leyes de desconexión. El Parlament aprueba las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. |
| 1 octubre 2017 | Referéndum del 1-O. La Generalitat celebra la consulta suspendida por el Constitucional. |
| 27 octubre 2017 | Declaración de independencia y artículo 155. El Parlament aprueba una resolución independentista y el Senado autoriza la intervención de la autonomía. |
| Octubre-noviembre 2017 | Primeras medidas judiciales. Varios dirigentes ingresan en prisión preventiva y Puigdemont se traslada a Bélgica. |
| 12 febrero 2019 | Juicio del 'procés'. El Supremo comienza a juzgar a doce dirigentes independentistas. |
| 14 octubre 2019 | Sentencia del Supremo. Nueve dirigentes son condenados a penas de prisión de entre nueve y trece años. |
| 22 junio 2021 | Indultos. El Gobierno concede indultos parciales a los nueve condenados a prisión, sin eliminar sus inhabilitaciones. |
| Diciembre 2022 | Reforma penal. Las Cortes derogan el delito de sedición y modifican la regulación de la malversación. |
| Noviembre 2023 | Acuerdos de investidura. El PSOE pacta con partidos independentistas el impulso de una ley de amnistía. |
| 11 junio 2024 | Entra en vigor la amnistía. Comienza la aplicación judicial de la Ley Orgánica 1/2024. |
| 1 julio 2024 | El Supremo excluye la malversación. El tribunal rechaza aplicar la amnistía a determinados hechos del 'procés'. |
| 26 junio 2025 | Aval constitucional. El TC declara constitucional la ley de amnistía en sus aspectos esenciales. |
| 6 octubre 2026 | Amparo a Dolors Bassa. El Constitucional corrige la interpretación del Supremo sobre la malversación. |
| 14 octubre 2026 | Tribunal de Cuentas. Se aplica la amnistía a responsabilidades contables relacionadas con el 'procés'. |
| 20 octubre 2026 | El Supremo amnistía a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa. Los cuatro recuperan su capacidad para ejercer cargos públicos y concurrir a elecciones. |
Elaboración: Demócrata. Cronología de los principales acontecimientos políticos y judiciales del 'procés'.
Junqueras y Turull celebran la decisión, pero la amnistía sigue pendiente para Puigdemont
La resolución del Supremo ha provocado reacciones inmediatas entre los dirigentes independentistas. Junqueras ha celebrado que finalmente se haya hecho justicia y ERC ha reivindicado la aplicación de la amnistía como una victoria política después de los obstáculos judiciales que ha encontrado la norma.
Turull, por su parte, ha insistido en que la medida debe extenderse a todos los dirigentes afectados. El secretario general de Junts ha reclamado que la amnistía sea "total" y permita el regreso de Puigdemont, Comín y Lluís Puig, cuyas situaciones procesales todavía requieren una resolución definitiva.
El Gobierno también ha recibido favorablemente el auto. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido la constitucionalidad de la ley y ha vinculado su aplicación con las medidas impulsadas por el Ejecutivo para reducir la tensión política e institucional en Cataluña.
En paralelo, la decisión del Supremo tiene consecuencias inmediatas para los cuatro beneficiados. Junqueras y Bassa estaban inhabilitados hasta 2031, mientras que Turull y Romeva lo estaban hasta 2030. La extinción de estas penas les permite recuperar la capacidad para presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos.
La aplicación de la amnistía a Puigdemont, Comín y Lluís Puig, sin embargo, todavía no ha quedado completamente formalizada. Aunque el magistrado Pablo Llarena ha levantado las órdenes de detención que pesaban sobre ellos, sus procedimientos judiciales siguen pendientes de los trámites correspondientes.
Nueve años después del 1-O, la decisión sobre Junqueras, Turull, Romeva y Bassa representa un avance decisivo en la aplicación de la amnistía, pero no el cierre definitivo de todas las causas del 'procés'. La resolución deja atrás las inhabilitaciones de cuatro de sus principales protagonistas mientras los tribunales continúan examinando los procedimientos que permanecen abiertos.