El presidente del Parlament, Josep Rull, ha expresado su deseo de que “algún día se pida perdón” por el referéndum del 1-O y ha insistido en la necesidad de que se aplique la amnistía para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig puedan ocupar su escaño. También ha reclamado que otros dirigentes políticos, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejen de estar inhabilitados.
Rull ha realizado estas manifestaciones este jueves en una declaración institucional en la Sala de Audiencias del Parlament, acompañado por los miembros de la Mesa de Junts y ERC: la vicepresidenta primera, Raquel Sans, y los secretarios Juli Fernàndez y Glòria Freixa.
“Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pedimos por enésima vez que se ponga fin a las argucias legales y al filibusterismo judicial que dilatan su aplicación”, ha reclamado Rull, quien ha apuntado que es consciente de que la puesta en marcha de esta norma ya se encuentra próxima.
El presidente del Parlament ha advertido de que la amnistía, por sí sola, no soluciona el problema de fondo ni el anhelo de libertad del movimiento independentista, y ha añadido que se trata de una cuestión que deberá abordarse de nuevo “a fondo y con consecuencias”.
Rull ha definido el 1-O como una muestra de dignidad colectiva en la que “el pueblo venció al miedo” y en la que los ciudadanos protegieron las urnas, y ha defendido que esta fecha constituye un patrimonio inmaterial y político de Catalunya.
“DENUNCIAR LA PERSECUCIÓN”
Ha remarcado que esta jornada no solo debe recordarse, sino que también tiene que servir para “denunciar la persecución de un movimiento independentista”, que, según ha afirmado, se llevó a cabo con la intención de hacer daño, castigar, desmovilizar y deshumanizar al adversario.
El presidente de la Cámara catalana ha rememorado que la ley de amnistía se aprobó en 2024 y supuso un punto de inflexión en el conflicto político, pero ha criticado el bloqueo judicial posterior en su aplicación, al que ha tildado de “bloqueo prevaricador”.
“Muchas cosas han cambiado desde el 1 de octubre de 2017, pero la anormalidad democrática, desgraciadamente, continúa existiendo. Negar eso, o hacer ver que no existe, es negar la realidad”, ha subrayado.