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Hoy, la llamada “Ley de Vivienda” estatal es la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, su tramitación ya está concluida: el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso y el Senado en 2023 y la norma se publicó en el BOE el 25 de mayo de 2023, por lo que está plenamente en vigor y no tiene pasos parlamentarios pendientes para su entrada en vigor.

Cómo terminó la tramitación de la Ley 12/2023

Según el historial del Congreso, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda (expediente 121/000089) siguió el recorrido ordinario:

• Comisión y dictamen: en abril de 2023 se publicaron los trabajos en comisión y el dictamen correspondiente.
• Aprobación por el Pleno del Congreso: el Pleno aprobó el texto el 27 de abril de 2023, decisión que se recoge en el Boletín de las Cortes Generales de 8 de mayo de 2023, donde ya figura como texto aprobado por el Congreso.
• Aprobación definitiva por el Senado: la nota del Gobierno central sobre la ley recuerda que el Senado la aprobó definitivamente el 17 de mayo de 2023.
• Publicación en el BOE: la norma se publicó como Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda el 25 de mayo de 2023, momento a partir del cual forma parte del ordenamiento vigente.

Por tanto, cuando se pregunta por la “tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda”, la ley marco estatal ya ha superado todas sus fases y no está “en trámite”: está aprobada y en vigor.

Qué sigue en discusión: reformas y normas conexas

Aun cuando la ley base está cerrada, el frente parlamentario de vivienda sigue abierto por tres vías principales:

• Reformas legislativas de iniciativa parlamentaria En la XV Legislatura se han impulsado iniciativas para modificar aspectos de la Ley 12/2023 o su entorno regulatorio. Por ejemplo, el propio orden del día del Congreso recoge la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Plurinacional Sumar para modificar la Ley 12/2023, centrada en limitar la especulación de personas jurídicas y reforzar el acceso de las personas físicas a la vivienda. También se ha tramitado una proposición de ley del PP sobre vivienda y suelo que, entre otros elementos, deroga instrumentos de control de precios de la Ley 12/2023 y endurece la respuesta frente a ocupaciones, admitida a trámite por el Congreso en abril de 2026 con el apoyo de PP, Junts y otros grupos, pero aún sin aprobación definitiva.
  La disolución de las Cortes por la convocatoria electoral de noviembre de 2026 interrumpe estas tramitaciones: si no se recuperan en la nueva legislatura, decaerán y deberán registrarse de nuevo.
• Decretos‑ley en materia de vivienda Paralelamente, el Gobierno ha recurrido al real decreto‑ley para adoptar medidas urgentes sobre desahucios, alquileres temporales, fondos de inversión o estabilidad de los contratos. Un ejemplo reciente es el Real Decreto‑ley 27/2026, de 29 de septiembre, sobre estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, cuya publicación y tramitación en el Congreso ya constan en la base institucional. Estos decretos están ya en vigor, pero penden siempre de la convalidación del Congreso, que puede además decidir tramitarlos como proyecto de ley para introducir cambios.
• Control de constitucionalidad En 2026 se ha registrado un recurso de inconstitucionalidad (expediente 232/000003) promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra diversos artículos de la Ley 12/2023 (entre otros, los relativos a zonas tensionadas, grandes tenedores y recargos fiscales). Esta vía ya no es parlamentaria, sino ante el Tribunal Constitucional; la ley sigue vigente mientras el tribunal no se pronuncie, pero el fallo podrá obligar a ajustar el marco legal.

Próximos pasos previsibles

A 15 de octubre de 2026 el panorama es el siguiente:

• La Ley 12/2023 seguirá aplicándose en tanto no se apruebe una reforma o derogación por las Cortes o no se anulen preceptos concretos por el Tribunal Constitucional.
• Los reales decretos‑leyes de vivienda aprobados en los últimos meses deben ser sometidos a convalidación. Al estar las Cortes disueltas, la Diputación Permanente asumirá esas votaciones; si convalida un decreto, continuará en vigor y, si así se decide, podrá convertirse en proyecto de ley para su tramitación con enmiendas.
• Tras las elecciones y la constitución del nuevo Congreso y Senado, los grupos podrán:
  • Registrar de nuevo sus proposiciones de ley de reforma de la Ley 12/2023 o de regulación complementaria (alquileres de temporada, desahucios, fiscalidad, etc.).
  • Reabrir debates sobre una “ley de vivienda alternativa” si la nueva mayoría así lo desea, ya sea a iniciativa del Gobierno (proyecto de ley) o de los grupos (proposiciones de ley).

En resumen, la tramitación parlamentaria de la Ley 12/2023 como tal está cerrada desde 2023; lo que está en juego hoy son sus desarrollos, reformas y complementos (decretos‑ley y nuevas proposiciones) que dependerán de las mayorías que surjan tras las elecciones y de las decisiones sobre convalidación y re‑registro de iniciativas en la próxima legislatura.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1998), la Presidencia de la Comunidad —que puede ostentar un presidente o una presidenta— concentra funciones de representación institucional, dirección política del Gobierno, relación con la Asamblea de Madrid, potestades en materia de disolución de la Cámara y convocatoria electoral, así como competencias en la promulgación y publicación de las leyes autonómicas y en el nombramiento y cese de los miembros del Ejecutivo.

1. Funciones institucionales y de representación

El precepto nuclear es el que establece que:

• El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma (art. 17.1 del Estatuto en su versión consolidada, según la numeración que resulta de la reforma de 1998).
• Además, preside y dirige la actividad del Gobierno, lo que enlaza su papel institucional con la conducción cotidiana de la acción ejecutiva.

Con ello, el Estatuto configura a la Presidencia como la máxima autoridad política e institucional en el ámbito madrileño, actuando tanto en nombre de la Comunidad de Madrid frente a otros poderes públicos y ante la ciudadanía, como en representación ordinaria del Estado dentro del territorio autonómico.

2. Dirección del Gobierno y de la acción política

En el mismo artículo se atribuyen funciones de dirección interna del Ejecutivo:

• El Presidente o Presidenta preside y dirige la actividad del Gobierno, fijando las líneas generales de la acción política autonómica.
• Designa y separa a los Vicepresidentes y Consejeros, es decir, nombra y cesa libremente a los miembros del Consejo de Gobierno (art. 17.1 y art. que regula la composición del Gobierno, donde se indica que los miembros del Gobierno “serán nombrados y cesados por el Presidente”).
• Coordina la Administración autonómica, asegurando la coherencia de la actuación de las distintas consejerías y órganos administrativos.
• Puede delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno (art. 17.2), lo que permite una distribución funcional flexible dentro del Ejecutivo.

De este modo, el Estatuto atribuye a la Presidencia una posición claramente central en la definición y ejecución de la política de la Comunidad, por encima del resto de miembros del Gobierno.

3. Relación con la Asamblea de Madrid

La Presidencia mantiene una relación directa, continua y políticamente decisiva con la Asamblea:

• El Presidente o Presidenta es elegido por la Asamblea de entre sus miembros, a propuesta del Presidente de la Asamblea tras consultar a los grupos políticos (art. sobre la investidura: el candidato expone su programa, solicita la confianza y necesita mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda).
• Es políticamente responsable ante la Asamblea (art. 17.3). Esta responsabilidad se articula a través de:
  • La cuestión de confianza, que el Presidente puede plantear sobre su programa o sobre una declaración de política general, requiriendo mayoría simple para su aprobación. Si la pierde, debe dimitir y la Asamblea elige a un nuevo Presidente.
  • La moción de censura, que permite a la Asamblea exigir la responsabilidad política del Presidente o del Gobierno, mediante mayoría absoluta y presentando un candidato alternativo. Si se aprueba, el Presidente cesa y el candidato de la moción se entiende investido y es nombrado Presidente por el Rey.
• El Presidente de la Comunidad puede disolver anticipadamente la Asamblea, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, formalizándolo por decreto que incluye la convocatoria de elecciones (art. relativo a la disolución). El Estatuto fija límites temporales y de oportunidad: no puede hacerlo durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para acabar la legislatura, ni si hay moción de censura en tramitación o está convocado un proceso electoral estatal, ni repetir la disolución antes de que transcurra un año.

4. Potestades normativas, promulgación y publicación

En el plano normativo, el Estatuto reserva a la Presidencia un papel clave en la culminación del procedimiento legislativo:

• Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que debe ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado. Salvo disposición en contrario, entran en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín autonómico (art. 41 del Estatuto en su numeración anterior, reformado por la Ley Orgánica 5/1998).
• Asimismo, los reglamentos aprobados por el Gobierno se publican por orden del Presidente en el Boletín Oficial de la Comunidad y, en su caso, también en el BOE.

No es el Presidente quien aprueba las leyes (eso corresponde a la Asamblea), pero sí quien, actuando en nombre del Rey, les confiere eficacia mediante la promulgación y publicación.

5. Nombramientos, cese y otras competencias relevantes

Además del nombramiento y cese de Vicepresidentes y Consejeros, y de la propia relación de confianza con la Asamblea, destacan otras notas:

• El Presidente puede ser objeto de responsabilidad política y, en su caso, de responsabilidad penal en los términos que el Estatuto prevé, incluyendo un régimen específico ante el Tribunal Supremo.
• Comparte con el Gobierno la facultad de participar en las relaciones con el Estado (como la interposición de recursos de inconstitucionalidad o la personación ante el Tribunal Constitucional), en la medida en que dirige y representa al Ejecutivo autonómico.

En conjunto, el Estatuto configura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid como pieza central del sistema institucional madrileño, concentrando la máxima representación política, la jefatura del Gobierno autonómico, la iniciativa en la disolución de la Asamblea y la llave final del proceso legislativo a través de la promulgación y publicación de las leyes.

Para acceder a ayudas públicas de vivienda en la Comunidad de Madrid hay que cumplir, simultáneamente, requisitos fijados por la normativa estatal (principalmente el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, y todavía el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, del Bono Alquiler Joven y Plan Estatal 2022‑2025) y por las órdenes y planes estratégicos de subvenciones de la propia Comunidad de Madrid (por ejemplo, el Plan Estratégico de Subvenciones para el desarrollo del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022‑2025, modificado en 2026). Sobre esa base, las convocatorias concretas (alquiler, compra, rehabilitación, Bono Alquiler Joven, ayudas urgentes, etc.) detallan los requisitos específicos. A efectos prácticos, para un ciudadano se repiten una serie de condiciones comunes.

1. Marco normativo básico

• Normativa estatal:
  • Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 (BOE).
  • Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022‑2025, con sus modificaciones por el Real Decreto 903/2022 (BOE).
• Normativa autonómica (Comunidad de Madrid):
  • Órdenes de la Consejería competente en vivienda que aprueban y modifican el Plan Estratégico de Subvenciones de vivienda y las bases y convocatorias de ayudas al alquiler, compra y rehabilitación, publicadas en el BOCM (por ejemplo, la Orden 3138/2022 y su modificación de 24 de agosto de 2026: BOCM).

Las convocatorias concretas (p.ej. “subvenciones al alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid convocadas para el año 2023/2024” o las del Bono Alquiler Joven) desarrollan estos criterios generales.

2. Requisitos personales habituales

• Edad:
  • Programas generales de alquiler y rehabilitación: suelen exigir ser mayor de edad.
  • Bono Alquiler Joven: menos de 35 años, incluida esa edad, en el momento de solicitar la ayuda (art. 52 RD 42/2022).
• Residencia y empadronamiento:
  • Residencia efectiva en la Comunidad de Madrid, acreditada por certificado o volante de empadronamiento.
  • Que la vivienda alquilada o adquirida constituya o vaya a constituir la residencia habitual y permanente, también acreditada por empadronamiento en el plazo que marque la convocatoria.
• Situación socioeconómica:
  • Ingresos de la unidad de convivencia dentro de unos límites máximos vinculados al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que varían según el programa:
    • En muchos programas de alquiler se exige no superar alrededor de 3 veces el IPREM, con ampliaciones (4 o 5 veces IPREM) para personas con discapacidad o situaciones específicas (p.ej. hijos de víctimas de violencia de género).
    • En programas para mayores de 65 años o colectivos especialmente vulnerables se aceptan, en ocasiones, límites superiores (hasta 5 IPREM) según el Plan Estatal.
  • Frecuentemente se requiere estar en una situación de vulnerabilidad o dificultad de acceso a la vivienda (jóvenes con bajos ingresos, personas desahuciadas, víctimas de violencia de género, sin hogar, etc.).

3. Requisitos sobre la vivienda y el contrato

• Ubicación: la vivienda debe estar en la Comunidad de Madrid y dentro de los ámbitos que defina cada convocatoria (a veces se priorizan determinadas zonas o municipios).
• Destino: debe ser vivienda habitual y permanente, normalmente durante un periodo mínimo (suele exigirse al menos 5 años en ayudas a la compra y determinados programas estatales).
• Límites de renta o precio:
  • En ayudas al alquiler, la normativa estatal y las convocatorias autonómicas fijan un tope máximo de renta. Como referencia, el RD 42/2022 establece para ciertos programas límites en torno a 600 € mensuales (hasta 900 € en casos justificados), y 300 € para alquiler de habitación, que luego Madrid puede adaptar.
  • En ayudas a la compra o promoción de vivienda, se fijan precios máximos de venta y, en su caso, superficies máximas, siguiendo las tipologías de vivienda protegida.
• No ser propietario de otra vivienda:
  • Regla habitual: no ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en España.
  • Se permiten excepciones si se acredita que la vivienda propia es inutilizable, inaccesible por discapacidad, o no disponible por separación o divorcio (prevé expresamente el RD 42/2022).
• Contrato ajustado a la Ley de Arrendamientos Urbanos: en ayudas al alquiler se exige un contrato de arrendamiento o cesión en uso válido conforme a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos y su correcta identificación (NIF de arrendador, renta, duración, etc.).

4. Otros requisitos administrativos frecuentes

• Estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social (y, en su caso, con la Comunidad de Madrid).
• No estar incurso en prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones según la Ley General de Subvenciones.
• No haber recibido otras ayudas incompatibles para la misma finalidad (por ejemplo, no compatibilizar determinadas ayudas de alquiler salvo que la norma lo permita expresamente).
• Presentar la solicitud en plazo y por los canales establecidos (sede electrónica, registros, etc.), adjuntando la documentación que pidan las bases (DNI, contrato, empadronamiento, declaración de ingresos, certificados de discapacidad, títulos de familia numerosa, etc.).
• En algunos programas, inscripción previa o simultánea en registros de demandantes o listas específicas de vivienda protegida.

En la práctica, para saber si una persona concreta cumple los requisitos debe consultarse siempre la convocatoria específica publicada en el BOCM (ayudas al alquiler de un año determinado, Bono Alquiler Joven en Madrid, ayudas a compra o rehabilitación, etc.), que concreta los límites de IPREM, las cuantías y los detalles documentales para ese programa.