PSPV y Compromís han calificado de “racista” la nueva renta valenciana de inclusión impulsada por la Generalitat, cuya solicitud puede realizarse desde esta misma semana, mientras que el PP rechaza que exista discriminación y vuelve a apelar al criterio de arraigo que “ya aplican municipios de todos los colores políticos”. Vox, por otro lado, reitera su defensa de la llamada 'prioridad nacional', con la que este partido pretende situar a los españoles por delante en el acceso a este tipo de ayudas.
Las distintas posiciones han sido expuestas por diputados de Les Corts en declaraciones a los medios, un día después de que la Conselleria de Servicios Sociales comunicara la puesta en marcha de la nueva renta valenciana de inclusión, que reemplaza a la aprobada en 2017 por el anterior Ejecutivo del Botànic. Entre las principales novedades figura que, por primera vez, es compatible con ingresos derivados de un empleo y que incorpora un complemento específico para afrontar los gastos de vivienda.
Según la Generalitat, esta ayuda puede solicitarse mediante una tramitación “más rápida y sencilla” y se dirige a unidades de convivencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social. Para acceder a la prestación se exigen tres años previos de empadronamiento, y las cuantías máximas mensuales oscilan entre 793,8 euros para una persona sola y 1.247,4 euros para núcleos de seis miembros o más.
Desde el PSPV, Silvia Gómez ha afirmado que la nueva renta constituye “una herramienta de segregación totalmente inhumana con eso de la denominada 'prioridad nacional'”. A su entender, resulta inaceptable que una persona, proceda de otro país o de otra comunidad autónoma, pueda percibir una ayuda “totalmente diferente” a la de otra persona autóctona: “Eso es una discriminación como una casa”.
La diputada socialista ha rememorado que, cuando se presentó la reforma de la renta, su grupo ya advirtió al PP de estas consecuencias, y le ha reprochado que incorporara las enmiendas de Vox a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026. Asimismo, ha subrayado que los trabajadores sociales están mostrando su rechazo a esta renta porque “no van a ser cómplices de este ataque a su ética profesional”.
Por parte de Compromís, Francesc Roig ha pronosticado que la nueva renta “es el primer paso para recortar en los servicios públicos” como la sanidad, la educación y las pensiones. También ha recordado que el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, se manifestó en contra de la inclusión de la 'prioridad nacional' en las legislaciones de los estados miembros.
El parlamentario valencianista ha expresado su deseo de que el Defensor del Pueblo recurra al Tribunal Constitucional para tratar de detener esta “barbaridad”. Y ha añadido: “A mí me haría vergüenza hacer en política las cosas que están haciendo Partido Popular y Vox”.
En contraste, la representante del PP Elena Bastidas ha sostenido que “lo único que ha variado” en esta renta es el periodo exigido de arraigo —que pasa de un año y medio a tres años—, un criterio que, ha remarcado, “no es nuevo y que históricamente se ha producido en municipios de todos los colores político”. De hecho, ha asegurado que ella misma, cuando fue alcaldesa de Alzira (Valencia) antes de 2015, ya apostó por el arraigo para “facilitar o de ser objeto de cualquier tipo de subvención”.
Según ha explicado, el objetivo es que la persona beneficiaria acredite que “se ha integrado perfectamente en el municipio desde el punto de vista económico, social, educativo”. “Por lo tanto, no hay discriminación”, ha insistido, para remarcar que “el concepto de arraigo es un concepto históricamente arraigado, valga la redundancia”.
Por su parte, la diputada de Vox Miriam Turiel ha coincidido en que la nueva prestación “por supuesto que es positiva, si bien ha esgrimido que "en un mundo perfecto no tendría que existir ninguna renta valenciana inclusión, puesto que la gente podría salir adelante por sus propios medios".
“¿Qué pasa? --ha expuesto--. Que los recursos son limitados y necesitamos poner una jerarquía, una forma de medir, y ahí está la 'prioridad nacional'. No es exclusión en ningún momento, ninguna persona está excluida (...) Cuando dos personas son iguales, hay que decir: ¿quién se lo merece más? Pues quien más ha estado en un lugar, quien más ha contribuido. Y eso no es excluir, simplemente es priorizar”.