Francia espera a España tras derrotar a Marruecos: cuándo sería la semifinal si elimina a Bélgica y por qué es el rival más temido del Mundial

En este momento no hay en las Cortes Generales ninguna ley específica en tramitación que regule la organización de las fases finales de los Mundiales de fútbol (incluido el Mundial 2030). Lo que sí existe es un marco de decisiones del Gobierno central —no parlamentarias— para apoyar la candidatura y preparar la organización, principalmente el acuerdo de apoyo a la candidatura y el real decreto que crea la Comisión Interministerial del Mundial 2030. Además, hay una proposición de ley en trámite sobre representación internacional de las federaciones deportivas, pero no entra en la organización de fases finales de Mundiales. Por tanto, la “normativa” vinculada al Mundial 2030 es, a día de hoy, básicamente reglamentaria y gubernamental, no una ley debatida en Congreso o Senado sobre la organización de las fases finales.

1. Qué ha hecho ya el Gobierno sobre el Mundial 2030

El primer paso fue el apoyo formal del Gobierno de España a la candidatura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la Copa Mundial de la FIFA 2030, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se asumen las garantías específicas exigidas por la FIFA. Esto se recoge en el acuerdo de 30 de julio de 2024. Se trata de un acuerdo político-administrativo, no de una ley sometida a tramitación parlamentaria.

Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para crear la Comisión Interministerial encargada de la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030 en España, fijando su composición y funcionamiento. Esta decisión figura en la referencia del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2025 y se materializa en el Real Decreto 99/2025, publicado en el BOE. Este real decreto ya está en vigor y actúa como instrumento de coordinación administrativa para la organización del Mundial.

Ninguno de estos instrumentos tiene la forma de “ley” aprobada por el Parlamento: son actos del Ejecutivo (acuerdo de Gobierno y real decreto). Por tanto, no hay una “tramitación parlamentaria” en sentido estricto asociada a ellos.

2. Iniciativas parlamentarias deportivas relacionadas, pero no sobre fases finales de Mundiales

En el ámbito estrictamente parlamentario, la iniciativa más cercana, aunque con objeto distinto, es la Proposición de Ley para garantizar la representación internacional de las federaciones deportivas españolas en actividades y competiciones internacionales, presentada por el Grupo Popular en el Senado y remitida también al Congreso.

Según el Boletín Oficial de las Cortes Generales, esta proposición de ley (expediente (15)622/000053 en el Senado y 124/000036 en el Congreso) se centra en modificar la Ley 39/2022, del Deporte, para reforzar la competencia estatal sobre la representación internacional del deporte federado español. El texto completo puede consultarse en el Boletín del Senado. En febrero de 2025 se confirmó que no se habían presentado proposiciones de ley alternativas sobre la misma materia, como refleja otro boletín disponible en este enlace.

Lo relevante para tu pregunta es que esta iniciativa regula quién representa a España en el ámbito internacional (federaciones españolas y su relación con las autonómicas), no la organización material ni jurídica de las fases finales de los Mundiales de fútbol. Además, su último estado conocido es la ampliación de plazo de enmiendas hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que sigue en una fase temprana de tramitación y no se vincula normativamente al Mundial 2030 ni a sus fases finales.

3. Otras normas deportivas recientes y su relación indirecta

En paralelo, el Gobierno ha ido aprobando o tramitando otras normas sectoriales en materia deportiva, sin conexión directa con la organización de finales de Mundiales, pero que dibujan el contexto regulatorio del deporte en España:

• Un anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha Antidopaje, sometido a acuerdo de urgencia en el Consejo de Ministros, con fase de audiencia pública abierta por el Ministerio de Educación, FP y Deportes. Puede verse la referencia gubernamental en la web de La Moncloa y la audiencia en la página del ministerio: audiencia pública antidopaje.
• Real decretos sobre títulos y enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, con publicaciones en el BOE: Real Decreto 534/2026 y Real Decreto 535/2026, cuyas fases previas de consulta y audiencia pueden seguirse en esta consulta previa, esta audiencia y esta otra audiencia.
• Una consulta pública sobre un real decreto de subvenciones directas a federaciones deportivas, COE y CPE, visible en [enlace], y otra sobre reconocimiento de formaciones deportivas federativas en [enlace].
• Un real decreto sobre distribución de la recaudación del impuesto sobre actividades de juego procedente de apuestas deportivo-benéficas, aprobado por el Consejo de Ministros y ya en vigor como Real Decreto 369/2026, anunciado en la referencia del Consejo de Ministros.

Estas normas pueden influir en el ecosistema deportivo y financiero que rodea a grandes eventos, pero ninguna se presenta como “ley de organización de las fases finales de los Mundiales”.

4. Conclusión sobre la tramitación parlamentaria

Con la información disponible, puede afirmarse que:

• No hay en el Congreso ni en el Senado un proyecto o proposición de ley específica en tramitación que regule de forma integral la organización de las fases finales de los Mundiales de fútbol o, en concreto, del Mundial 2030.
• La acción normativa existente sobre el Mundial 2030 se ha canalizado, de momento, a través de acuerdos del Consejo de Ministros y de un Real Decreto (99/2025) que crea la Comisión Interministerial, ya aprobado y en vigor.
• La única iniciativa parlamentaria de relieve en materia de deporte internacional actualmente en curso es la proposición de ley sobre la representación internacional de las federaciones deportivas, cuyo objeto es distinto y que permanece en fase de enmiendas.

Si el Gobierno decidiera en el futuro una ley marco específica sobre la organización del Mundial 2030 (por ejemplo, en materia de seguridad, infraestructuras o régimen fiscal asociado), esa norma debería iniciar entonces la tramitación parlamentaria que hoy no consta para este objeto concreto.

Las normas deportivas vigentes en España y en Francia no contienen, hasta donde alcanzan las fuentes consultadas, un listado detallado de competencias del seleccionador nacional de fútbol. En España, la Ley del Deporte y el Real Decreto de Federaciones se limitan a regular a las federaciones y a atribuirles la facultad de elegir a los deportistas que integran las selecciones, mientras que los Estatutos de la RFEF sólo aluden al nombramiento del seleccionador y a su participación en decisiones como la sede de los partidos. En Francia, los textos legales y estatutarios específicos sobre Didier Deschamps no aparecen en las fuentes localizadas; su posición deriva de su contrato con la Fédération Française de Football (FFF) y de la delegación general que la ley hace en las federaciones. En la práctica, sus funciones se determinan sobre todo por los contratos laborales y reglamentos internos, más que por una “ley del seleccionador” como tal.

1. Marco jurídico del seleccionador en España

El ordenamiento deportivo español identifica a las federaciones deportivas como los sujetos centrales en la organización de selecciones nacionales, no al seleccionador como figura jurídica autónoma.

1.1. Ley 39/2022, del Deporte

La Ley 39/2022, del Deporte define el marco general del sistema deportivo y el papel del Consejo Superior de Deportes (CSD). Entre sus funciones, el CSD debe “autorizar la participación de las selecciones de ámbito estatal en las competiciones internacionales” y acordar con las federaciones sus “objetivos y programas deportivos, en especial los del deporte de alto nivel”. Sin embargo:

• No se menciona al seleccionador nacional como órgano propio o figura regulada por la ley.
• No se tipifican competencias, ni régimen de nombramiento o cese del seleccionador.

El protagonismo jurídico recae en la federación (en este caso, la RFEF) y en el CSD, tal y como también se ha visto en la intervención estatal en la RFEF tras el caso Rubiales, analizada en el periódico Demócrata en este análisis.

1.2. Real Decreto 1835/1991 sobre federaciones deportivas

El Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones deportivas españolas, es la norma clave. En el fragmento accesible se establece que:

• “Las Federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional”.
• “Será competencia de cada Federación la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales”.

Esto significa que la decisión última sobre quién integra la selección nacional es competencia de la federación; el seleccionador actúa como órgano técnico al servicio de esa potestad federativa, pero el Decreto no le atribuye directamente funciones.

1.3. Estatutos de la RFEF

Los Estatutos de la RFEF, publicados por Resolución de 3 de agosto de 2022 (Estatutos de la RFEF) y modificados en 2022 (modificación de 2022), sí contienen una mención directa a los seleccionadores. En el artículo relativo a la Junta Directiva se establece que:

• Es competencia de la Junta Directiva “designar, a propuesta del Presidente, a los Seleccionadores Nacionales, así como al equipo técnico”.
• También corresponde a la Junta “determinar, a propuesta del Presidente y oído el Seleccionador Nacional, el lugar de celebración de los partidos internacionales”.

A partir de aquí se infiere que, desde el punto de vista estatutario, las atribuciones formales del seleccionador nacional son esencialmente técnicas y de asesoramiento: proponer y dirigir el trabajo deportivo de la selección, intervenir en la decisión sobre las sedes de los partidos y, sobre todo, ejecutar la política deportiva que fija la RFEF. Los detalles (poder de decisión sobre las listas, cuerpo técnico, disciplina interna, etc.) se fijan en su contrato y en reglamentos internos de la RFEF, que no constan en el BOE.

2. Marco jurídico de Didier Deschamps en Francia

En el caso francés, las búsquedas en bases documentales y en el periódico Demócrata no han devuelto textos del Code du sport ni de los estatutos de la Fédération Française de Football (FFF) donde se detalle el estatuto jurídico del seleccionador, ni tampoco el contenido normativo del contrato de Didier Deschamps.

Las fuentes externas recopiladas (como su ficha en Wikipedia o su perfil en Transfermarkt) confirman que Deschamps es seleccionador de Francia desde 2012 y que su contrato con la FFF se ha prorrogado hasta 2026, pero no reproducen las cláusulas jurídicas sobre sus atribuciones. Otras piezas de prensa recientes, como la crónica de su ausencia puntual del banquillo por motivos familiares y su sustitución por su asistente Guy Stéphan (Infobae, Diario As), muestran cómo funciona en la práctica la sustitución temporal del seleccionador, pero no remiten a una disposición legal concreta.

Con la información disponible sólo puede afirmarse que, en el sistema francés:

• La FFF, como federación delegada por el Estado, ostenta la representación de Francia ante FIFA y UEFA y organiza las selecciones nacionales.
• El seleccionador (Deschamps) es un empleado de la FFF, nombrado y eventualmente cesado por sus órganos de gobierno, con competencias esencialmente técnicas: selección de jugadores, dirección de entrenamientos y partidos, definición del plan deportivo.
• Las obligaciones generales sobre integridad, ausencia de injerencia política, disciplina y elegibilidad derivan de los reglamentos de FIFA y UEFA, que se aplican a federaciones y equipos, no específicamente al cargo de seleccionador.

No se dispone de más información normativa en las fuentes consultadas que permita listar, artículo por artículo, las competencias de Deschamps “según la legislación deportiva vigente”. La estructura es, en todo caso, similar a la española: la ley regula a la federación y ésta, mediante sus estatutos y contratos, define el rol concreto del seleccionador.

Las elecciones internas de organismos deportivos como la UEFA o la FIFA no forman parte de la esfera política o institucional que puedo cubrir con precisión. Mi especialización está centrada en política española (y, de forma complementaria, europea), en la actividad parlamentaria y del Ejecutivo, en la actualidad política y social, así como en el seguimiento de actores e instituciones públicas. Por tanto, no dispongo de información estructurada ni actualizada sobre los resultados que obtuvieron España, Francia o Bélgica en las últimas elecciones federativas de la UEFA o la FIFA.

En concreto, tu pregunta remite a procesos electorales dentro de entidades privadas de gobernanza del fútbol, donde votan federaciones nacionales y otros miembros del ecosistema deportivo. Aunque se trata de decisiones con impacto público y mediático, no son elecciones políticas ni procesos legislativos en el sentido en que se entienden en el ámbito institucional europeo o español. Por ello, quedan fuera de los ámbitos sobre los que he sido diseñado para ofrecer detalle y análisis.

Ámbito temático en el que sí puedo ayudarte

Aunque no pueda responder a la cuestión deportiva concreta, sí puedo ofrecerte información en varios planos relacionados con política y sociedad que, a veces, se cruzan con el deporte:

• Política española: Gobierno central, Congreso de los Diputados, Senado, partidos políticos (PSOE, PP, Vox, Sumar y aliados parlamentarios), así como su posición y debates en temas de interés público, incluidos aquellos donde el deporte o el fútbol aparecen tangencialmente (por ejemplo, regulaciones sobre apuestas, derechos audiovisuales, violencia en el deporte, igualdad de género en el fútbol femenino, etc.).
• Actividad parlamentaria: Proyectos y proposiciones de ley, reales decretos-ley, comparecencias, comisiones y votaciones relevantes en materia de cultura, deporte, educación, juventud o derechos sociales, cuando afecten al ámbito deportivo o a la financiación pública del deporte.
• Actividad del Ejecutivo: Acuerdos del Consejo de Ministros y normativa aprobada que incida en la financiación de federaciones deportivas, en la regulación de ligas profesionales o en la organización de grandes eventos deportivos en España (por ejemplo, candidaturas a torneos internacionales, planes de apoyo al deporte base o al alto rendimiento).
• Actualidad política y social: Debates públicos sobre el papel del deporte en la sociedad, casos mediáticos con dimensión política (por ejemplo, conflictos entre federaciones y gobiernos, cuestiones de integridad, corrupción o transparencia), siempre desde la perspectiva institucional y regulatoria.

Qué no puedo ofrecer sobre tu pregunta concreta

Aplicado directamente a tu consulta sobre las “últimas elecciones federativas” en UEFA o FIFA, esto implica varias limitaciones:

• No puedo indicar qué candidaturas presentaron España, Francia o Bélgica (si las presentaron) en los órganos de gobierno de UEFA o FIFA.
• No puedo detallar resultados de voto (número de apoyos, porcentajes, rondas de votación) ni la posición final de cada país o de sus representantes.
• No puedo precisar fechas exactas de esas elecciones ni su contexto interno en el marco de la gobernanza deportiva internacional.

En otras palabras, no dispongo de un registro equivalente al que sí existe para procesos políticos oficiales (elecciones generales, europeas, autonómicas o municipales) o para elecciones en órganos institucionales públicos (por ejemplo, Mesa del Congreso, presidencias de comisiones, etc.). Las votaciones de UEFA y FIFA se mueven en un plano de gobernanza sectorial privada que excede el alcance de la información con la que trabajo.

Cómo reenfocar la consulta dentro del ámbito político

Si te interesa la intersección entre fútbol, federaciones y política, hay varios enfoques sobre los que sí podría profundizar:

• El papel del Gobierno de España y del Consejo Superior de Deportes en la supervisión y relación con la Real Federación Española de Fútbol.
• Debates parlamentarios en España relativos a transparencia, buen gobierno y financiación de las federaciones deportivas.
• La posición de España y otros países de la UE en el debate político sobre la gobernanza del fútbol europeo, cuando esta se traslada a instituciones como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea.
• Las repercusiones políticas internas en España de crisis en el ámbito federativo (por ejemplo, dimisiones, expedientes disciplinarios, reformas legales impulsadas a raíz de casos mediáticos).

Si reformulas tu pregunta hacia alguno de estos planos —por ejemplo, qué debates ha habido en el Congreso sobre la RFEF, qué posición han adoptado los partidos españoles sobre la gobernanza del fútbol, o qué iniciativas legislativas se han planteado en España vinculadas al deporte profesional— podré darte una respuesta mucho más detallada, con contexto normativo y político.