La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado ligeramente al alza sus proyecciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2026 y 2027, hasta el 2,6% y el 2,2%, respectivamente, pero al mismo tiempo ha advertido de un deterioro en el escenario de déficit público y del incumplimiento del plan fiscal comprometido con la Unión Europea.
El organismo independiente que encabeza Inés Olóndriz ha hecho público este miércoles el informe sobre los proyectos y las líneas básicas de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2027, documento en el que actualiza su cuadro macroeconómico y sus previsiones fiscales.
La presidenta de la AIReF ha admitido en rueda de prensa que la falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de un borrador de Plan Presupuestario vuelve a acotar el alcance y la precisión de su análisis.
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Desviaciones del gasto primario
En un escenario de políticas constantes, la AIReF anticipa que las desviaciones del gasto primario neto de medidas de ingreso rebasarán los márgenes del nuevo marco fiscal acordado con Bruselas desde 2026 y a lo largo de todo el periodo de aplicación del Plan, incluso aplicando la máxima flexibilidad prevista.
En detalle, el organismo calcula un crecimiento medio del gasto primario neto del 5,7% entre 2026 y 2028, claramente por encima del 3,2% comprometido por el Gobierno ante la Unión Europea. Para la AIReF, estas diferencias obligarán a adoptar medidas adicionales si se quiere respetar los compromisos europeos.
En el plano macroeconómico, la mejora de las expectativas de la AIReF para el PIB en 2026 y 2027, hasta el 2,6% y el 2,2%, se explica sobre todo por el mejor comportamiento de la actividad en el segundo trimestre de 2026 y por el efecto arrastre sobre 2027. Con todo, la institución proyecta una desaceleración gradual del crecimiento a medio plazo, hasta el 1,7% en 2031.
Además, el organismo prevé que la inflación repunte un 3,6% en 2026 y un 3% en 2027, lo que supone tres y seis décimas más, respectivamente, que en su anterior escenario.
En el ámbito de las cuentas públicas, la AIReF ha elevado su previsión de déficit al 2,8% del PIB en 2026 por el impacto de las nuevas medidas energéticas adoptadas para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Para 2027, estima que el déficit se reducirá al 2,6% con la retirada de estas actuaciones temporales.
No obstante, la institución subraya que esta corrección se verá condicionada por el aumento del gasto estructural. Bajo el supuesto de políticas constantes, el déficit regresaría al 2,8% del PIB en 2028 y seguiría repuntando hasta el 3% en 2031, impulsado por el mayor coste asociado al envejecimiento de la población, los intereses de la deuda y los compromisos en materia de defensa.
Los ingresos públicos, sin considerar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), pasarían del 42,4% del PIB en 2026 al 43,3% en 2031, apoyados principalmente en la recaudación del IRPF y las cotizaciones sociales. En paralelo, el gasto total aumentaría del 45,2% al 46,4% del PIB en ese mismo intervalo, presionado por el envejecimiento demográfico, las obligaciones en defensa y el incremento del coste de la deuda, cuyo gasto en intereses alcanzaría el 3,2% del PIB en 2031.
Comportamiento por subsectores y tono de la política fiscal
Por subsectores, la AIReF anticipa que todos, excepto las Corporaciones Locales (CCLL), mostrarán entre 2026 y 2028 un crecimiento medio del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima del objetivo fijado en el PFEMP. La Administración central lidera el aumento, con una tasa media del 8,3%, seguida de las Comunidades autónomas (CCAA), con un 5,2%, y de los Fondos de la Seguridad Social, con un 4,8%, mientras que las CCLL se situarían en el 3,2%.
En cuanto al saldo, el grueso del déficit público se concentrará en la Administración Central, que alcanzaría el 3,3% del PIB en 2031. Los Fondos de la Seguridad Social mantendrían un déficit estable en torno al 0,1% del PIB, las CCAA se moverían cerca del equilibrio, aunque con disparidades entre territorios, y las CCLL conservarían un superávit cercano al 0,3% del PIB.
La política fiscal adoptaría en 2026 un sesgo expansivo equivalente a 1,3 puntos del PIB, en un contexto en el que la economía operará por encima de su nivel potencial, configurando un tono procíclico contrario a lo establecido por el Gobierno en el PFEMP. Además, el saldo público ajustado del ciclo y de las medidas puntuales se mantendría en torno al -3% del PIB, con un empeoramiento en 2026.
Deuda pública y riesgos para la sostenibilidad
La AIReF proyecta que la ratio de deuda pública siga una senda descendente hasta situarse en el 95,4% del PIB en 2031, apoyada en la contribución positiva del crecimiento nominal de la economía. Sin embargo, advierte de que este impulso irá perdiendo fuerza a medida que aumente el peso de los intereses en un entorno de condiciones de financiación más exigentes.
La trayectoria prevista se ha revisado ligeramente al alza respecto al informe de mayo y los ejercicios de sensibilidad apuntan a que un comportamiento menos favorable del crecimiento o del saldo primario podría llegar a frenar la reducción de la deuda.
Recomendaciones de la AIReF a Hacienda y a las administraciones territoriales
Ante la falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de un borrador de Plan Presupuestario, la AIReF insta al Ministerio de Hacienda a poner en marcha los trabajos para diseñar una estrategia fiscal de medio plazo que incluya las medidas necesarias para lograr una senda de crecimiento del gasto neto compatible con los compromisos asumidos con la Unión Europea.
Al mismo tiempo, recomienda al Ministerio de Hacienda, a las CCAA y a las CCLL con riesgo de desviación evitar la aprobación de nuevas decisiones que supongan incrementos estructurales del gasto primario neto. Esto afecta tanto a reducciones permanentes de ingresos como a aumentos de gasto que no dispongan de una financiación estructural asegurada.
La institución remarca que el respeto a las reglas fiscales debe servir para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y reducir la vulnerabilidad derivada de mantener un volumen de deuda cercano al 100% del PIB, especialmente en un contexto de tipos de interés más altos y de financiación más exigente.