CCOO y UGT han situado el seguimiento de la huelga general en una franja que va del 41% registrado en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha hasta el 75% alcanzado en territorios como Andalucía y Aragón. Son los primeros datos recopilados en torno a las siete de la mañana, coincidiendo con el final del turno de noche y el arranque del turno de mañana.
Así lo han detallado el secretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, y el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, en una comparecencia ante los medios. Han precisado que estas cifras iniciales aún no incluyen el efecto de la huelga en la Administración Pública, la educación, el comercio, el sector financiero ni los servicios privados, ya que su actividad comienza, en general, entre las ocho y las nueve de la mañana.
En esta línea, han avanzado que serán los secretarios generales de ambas centrales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), quienes ofrezcan el balance global a las 12.30 horas de este miércoles, en el marco de una concentración de piquetes convocada en la plaza de Cibeles de Madrid.
Seguimiento "dispar"
De acuerdo con el relato sindical, el seguimiento de la huelga está siendo “dispar”, tal y como preveían. Han señalado una “gran implantación” en la cornisa cantábrica, el Mediterráneo, Cataluña y Andalucía —con especial intensidad en áreas costeras—, mientras que la incidencia es menor en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
“Observamos a nivel territorial lo que ya preveíamos. Las zonas menos tensionadas, las zonas más despobladas y que necesitan de población y necesitan de gente que pueda vivir en ellas, como son las dos Castillas, pues no es la misma sensibilidad (hacia la huelga) que las zonas tensionadas, donde la gente está sufriendo en su propia carne el problema de la vivienda”, han explicado.
Pese a esa menor respuesta general en las Castillas, han remarcado que el sector logístico —con fuerte presencia en el área toledana de Illescas y en la provincia de Guadalajara— alcanza un seguimiento cercano al 80%.
También han resaltado paros significativos en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica. A ello se suma, según sus datos, una reducción del consumo eléctrico en torno al 10%, que interpretan como reflejo de la práctica paralización de la industria electrointensiva y de ramas como el transporte, la agroalimentación y la transformación del acero, operando únicamente con servicios mínimos.
“Si sigue así la evolución de la huelga, esta huelga es un éxito”, han asegurado los portavoces sindicales.
Recursos judiciales y servicios mínimos en Madrid
Ambos dirigentes han denunciado la fijación de servicios mínimos “abusivos” por parte de varias comunidades autónomas. Han destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido medidas cautelarísimas y ha anulado los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid en educación, justicia y transportes, al considerarlos desproporcionados y contrarios al ejercicio del derecho de huelga.
Respecto a los incidentes registrados en las primeras horas de la jornada, han informado de atropellos por parte de conductores a integrantes de piquetes informativos en Galicia y Burgos, sin que se hayan producido, afortunadamente, lesiones de gravedad. Además, han contabilizado al menos dos detenciones: un responsable de CCOO del sector del transporte en Mercamadrid y un delegado del metal en Zamudio.
Los sindicatos han denunciado igualmente más de una decena de heridos, entre ellos la secretaria de Juventud Confederal, tras recibir un golpe en la cabeza en Mercamadrid, así como personas afectadas por el uso de gas pimienta para disolver piquetes en las cocheras de Fuencarral y en el propio Mercamadrid.
Ante estos hechos, los servicios jurídicos de CCOO y UGT revisarán las grabaciones sobre la utilización de gas pimienta por parte de las unidades antidisturbios en la Comunidad de Madrid, al considerar que se trata de un medio “desproporcionado” que vulnera el derecho de información de los piquetes.
Asimismo, han avanzado que estudiarán si las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al referirse a las organizaciones como “basura sindical”, pueden ser objeto de denuncia por vulneración de derechos fundamentales.