La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han coincidido en su diagnóstico al denunciar la “asfixia” regulatoria, el encarecimiento de los costes empresariales y el “deterioro” del diálogo social en España, durante la Asamblea General de Cepyme celebrada este martes en la sede de Madrid.
Ambos dirigentes han descrito un escenario económico “dual” en el que, desde la pandemia, han desaparecido 25.000 microempresas, y han reclamado al Gobierno que genere “confianza” institucional en un contexto en el que la deuda pública asciende ya a 1,7 billones de euros.
En esta línea, De Miguel ha lamentado que las microempresas con menos de tres empleados estén “desapareciendo” por una sobrecarga normativa que, a su juicio, les “hace la vida imposible”. Ha subrayado que los comercios y talleres de barrio no disponen de departamentos jurídicos o financieros para afrontar las “más de 3.000 normas” diarias que se les exigen.
Para ilustrar esta situación, ha señalado que “un pequeño panadero de cualquiera de los múltiples pueblitos de España no tiene un asesor jurídico, no tiene un asesor financiero, ni un responsable de sostenibilidad o de prevención de riesgos”, lo que hace inviable que las ‘micropymes’ soporten las mismas obligaciones burocráticas y de ‘reporting’ que las grandes multinacionales.
En el discurso de clausura, Garamendi ha respaldado este análisis y ha advertido de que “sin confianza, es muy difícil que un empresario o un autónomo levante la persiana”. Además, ha reiterado que la economía vive una realidad “dual” y ha cargado contra el aumento del gasto público, recordando que la deuda española se sitúa en 1,7 billones de euros, entre 70.000 y 80.000 millones más que hace un año.
Críticas a la falta de Presupuestos y al “monólogo social”
Por otro lado, el líder de la patronal ha reprochado al Ejecutivo central que “la primera empresa del Estado, que es el Estado, no tiene un presupuesto” desde hace tres ejercicios. A su juicio, “en cualquier empresa, grande o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, por lo que ha reclamado una “guía clara” que permita a las compañías “navegar” en el actual entorno macroeconómico.
En el ámbito laboral, tanto De Miguel como Garamendi han cargado contra el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE ha acusado al departamento de aplicar un “monólogo social” en lugar de un verdadero diálogo social, al que ha definido como la “infraestructura silenciosa que genera la paz social”.
Garamendi ha recordado que, desde la firma consensuada de la reforma laboral, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha cambiado de forma unilateral el texto “hasta en 61 ocasiones”. En la misma línea, Ángela de Miguel ha reprochado que Trabajo incumpla el diálogo tripartito y convierta las mesas de negociación en una “mera formalidad” para convalidar normas laborales ya decididas.
De Miguel ha criticado con especial dureza las “modificaciones unilaterales” y “sin consenso” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), detallando que mientras un trabajador cobra unos 1.200 euros netos mensuales, el coste real para el empleador asciende a 1.900 euros por los costes laborales asociados.
Según los datos de Cepyme, este incremento de los costes laborales, que se ha elevado un 27% en los últimos años, está provocando que las empresas de menor tamaño contraten “cada vez menos”, hasta el punto de que, según De Miguel, hacen falta “67 microempresas para crear un único empleo”.
“Miedo a contratar”, presión fiscal y economía sumergida
Ante este panorama, Garamendi ha avisado de que las nuevas iniciativas regulatorias del Gobierno en materia de indemnizaciones por despido están generando “miedo a contratar” entre las pequeñas empresas.
La fiscalidad ha sido otro de los grandes bloques abordados. De Miguel ha denunciado que la presión fiscal que soportan las empresas españolas se sitúa en el 12,3%, por encima de la media de la Unión Europea y el doble que en Suecia, país que, pese a contar con un “sólido estado de bienestar”, mantiene este indicador en el 6%.
Garamendi ha añadido que la presión fiscal efectiva sobre quienes cumplen con sus obligaciones es “muy superior” a la media comunitaria debido al elevado peso de la economía sumergida en España, que alcanza el 24% frente al 14% europeo. “Los costes de la fiscalidad social se han disparado más del 50%, no busquemos más a los que hacen las cosas bien y pagan, no les metamos tanta presión”, ha reclamado.
Absentismo, relevo generacional y principio “Think Small First”
Otro de los focos de preocupación ha sido el absentismo laboral, que Garamendi ha calificado como “el gran drama que tienen las empresas en España y que nadie puede negar”. Ha explicado que cada día faltan a su puesto 1,2 millones de personas, lo que genera un coste total de 33.000 millones de euros, de los que 17.000 millones recaen “directamente a las empresas”, algo que ha definido como un “impuesto encubierto”.
El presidente de la CEOE ha apuntado además que los trabajadores menores de 65 años han perdido nueve millones de jornadas laborales y que las bajas se siguen solicitando sobre todo “los lunes y los viernes”. Ha reclamado que se permita a las mutuas colaborar con la sanidad pública para adelantar pruebas médicas y ha criticado la falta de responsabilidad de los sindicatos y los “permisos desbocados” del Ministerio de Trabajo.
De Miguel ha coincidido en que España registra una tasa de absentismo que duplica la media europea. También ha alertado sobre la ausencia de relevo generacional, al señalar que el 50% de las pymes están dirigidas por personas mayores de 50 años, y ha subrayado las dificultades para cubrir vacantes en todos los sectores, por lo que ha pedido reforzar la formación dual.
Para hacer frente a estos retos, ambos líderes han defendido la implantación en España y en la Unión Europea del principio normativo ‘Think Small First’ (piensa en pequeño primero), de forma que las leyes se diseñen teniendo en cuenta qué puede asumir un negocio con dos trabajadores.
De Miguel, recientemente nombrada vicepresidenta de la organización europea SME United, ha recordado su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien trasladó la situación de la pyme europea y la necesidad de legislar “pensando primero en las empresas de menor tamaño”.
En la recta final del acto, Garamendi ha destacado la “independencia, la habilidad de articulación y el válido sentido de Estado” de Cepyme dentro de la estructura confederal. Ha concluido asegurando que, pese a la inseguridad jurídica y a la “maraña de normativas autonómicas y municipales”, las pymes españolas seguirán demostrando su capacidad de resistencia y su compromiso con el sostenimiento de la economía y el empleo en el país.