La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha comunicado la apertura de dos expedientes contra Virgin Atlantic y Trainline por un supuesto ocultamiento de cargos obligatorios que, según el organismo, tendrían que figurar en los precios que se muestran a los clientes al reservar billetes o paquetes vacacionales.
Este movimiento se enmarca en una ofensiva más amplia del regulador frente a las prácticas de precios engañosos, en especial aquellas en las que los recargos imprescindibles se separan del importe anunciado al inicio o se suman más adelante durante el proceso de compra, una estrategia conocida como “precios escalonados”.
Tal y como ha señalado en un comunicado, este tipo de prácticas también puede distorsionar la competencia entre compañías, ya que “una empresa que utiliza precios escalonados puede parecer falsamente más barata que un competidor y atraer a más clientes”.
Foco en las tarifas de Trainline
En el caso de Trainline, la CMA analiza si todas las tarifas obligatorias se han incorporado correctamente a los importes que se muestran a los usuarios que adquieren con antelación billetes de tren y autobús a través de su aplicación y de su página web.
Para los trayectos en tren, el regulador británico ha detectado operaciones con cargos adicionales que iban de 0,59 a 2,79 libras. En cuanto a las reservas de autobús, la tasa de gestión ascendía a 1,50 libras. Según la CMA, estos importes pueden suponer un coste relevante para quienes viajan con frecuencia.
Revisión de los paquetes de Virgin Atlantic
En paralelo, la investigación sobre Virgin Atlantic se centrará en comprobar si las tasas turísticas obligatorias y los impuestos locales se han incorporado a los precios finales de los paquetes de vacaciones ofertados por la aerolínea. “Estas tasas varían, pero pueden costar cientos de libras y aumentar significativamente el precio de las vacaciones”, ha puntualizado la autoridad de Competencia británica.
Ambas pesquisas arrancan con una fase inicial de recopilación de datos y evidencias que se prolongará, en principio, hasta enero de 2027. La CMA subraya que se encuentra en las primeras etapas del análisis y que todavía no ha alcanzado ninguna conclusión sobre si las compañías han vulnerado o no la normativa.
En caso de que, al término del proceso, el organismo determine que se ha producido una infracción de la legislación de protección de los consumidores, podría imponer sanciones económicas y obligar a las empresas a efectuar reembolsos a los afectados.