El Gobierno ha impuesto durante los últimos cinco años 465,4 millones de euros en multas a operadores de juego online ilegal sin haber conseguido cobrar ninguna de esas sanciones. Así lo admite el propio Ejecutivo en una respuesta escrita al Grupo Popular en el Congreso, en la que reconoce que "no ha sido abonada ninguna cantidad, permaneciendo pendiente de cobro su totalidad". El importe acumulado asciende exactamente a 465.427.500 euros entre 2022 y 2026.
El desglose muestra que las mayores sanciones se concentraron al comienzo del periodo: 128,4 millones de euros en 2022, 150 millones en 2023, 96 millones en 2024, 51 millones en 2025 y otros 40 millones durante 2026. La cifra corresponde a sanciones vinculadas a operadores que ofrecen juego online de forma ilegal en España y pone de relieve una de las principales dificultades del regulador: imponer una multa no significa necesariamente poder ejecutarla cuando la empresa se encuentra fuera del país.
Por qué el Gobierno dice que no puede cobrar las multas
La explicación del Ejecutivo se centra en el carácter internacional del juego ilegal. Según su respuesta parlamentaria, muchas de estas compañías no disponen de un establecimiento real en España, tienen su domicilio en jurisdicciones extranjeras que no siempre colaboran con las autoridades españolas y utilizan estructuras societarias difíciles de rastrear. A ello se suma que pueden cambiar con rapidez de dominios, marcas, sistemas de pago y proveedores tecnológicos, dificultando tanto su identificación como el embargo de bienes con los que hacer efectivas las sanciones.
El Gobierno sostiene que, en determinados casos, la información sobre las empresas procede únicamente de fuentes abiertas disponibles en internet o bases de datos públicas, lo que limita también las posibilidades de investigación. De ahí que llegue a afirmar que estas características hacen "imposible el cobro de las sanciones" en muchos expedientes y obligan a recurrir a otras herramientas para interrumpir la actividad.
"La finalidad principal no es recaudatoria"
El Ejecutivo rechaza que los 465 millones pendientes impliquen necesariamente que la política contra el juego ilegal haya fracasado. En su respuesta al PP argumenta que "la eficacia de la actuación administrativa no puede valorarse principalmente por el cobro efectivo de las multas impuestas", sino por la capacidad para detectar operadores, bloquear sus páginas, impedir que sigan captando jugadores españoles y dificultar sus sistemas de pago y publicidad.
"La finalidad principal de la actividad sancionadora no es, por tanto, recaudatoria, sino de protección del mercado y de los consumidores", sostiene el Gobierno. Entre los efectos que considera relevantes cita la retirada de visibilidad en buscadores y redes sociales, el bloqueo del acceso desde España, las dificultades para trabajar con proveedores tecnológicos y la imposibilidad de que una empresa sancionada pueda acceder posteriormente con normalidad al mercado regulado español.
Multas de hasta cinco y diez millones por operar sin licencia
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, publica las resoluciones sancionadoras impuestas a las empresas del sector. Su registro recoge actualmente más de un centenar de infracciones muy graves, buena parte de ellas vinculadas a operadores que ofrecían apuestas o juegos de azar en España sin disponer de la licencia exigida por la Ley 13/2011.
Las cantidades pueden ser muy elevadas. En las sanciones que se hicieron firmes durante el segundo semestre de 2024, por ejemplo, Consumo impuso multas por 75 millones de euros a 14 operadores extranjeros sin licencia: trece recibieron cinco millones cada uno y un reincidente fue sancionado con diez millones. Además de la multa, la normativa permite el cierre de los portales y la inhabilitación temporal para operar en España.
Bloquear la web cuando localizar al operador no basta
Precisamente por las dificultades para cobrar, la Administración ha reforzado durante los últimos años una vía paralela: cerrar o bloquear las páginas desde las que se ofrece el juego ilegal. Cuando un operador no cuenta con autorización, la DGOJ puede iniciar el correspondiente procedimiento y adoptar medidas dirigidas a impedir que continúe captando usuarios españoles, incluso cuando resulte complicado localizar o notificar a la empresa responsable.
Un ejemplo reciente son las plataformas Polymarket y Kalshi, contra las que Consumo abrió expedientes en junio de 2026 por operar presuntamente en España sin autorización. El Ministerio ordenó como medida cautelar el bloqueo de sus páginas después de que los intentos de notificación directa en sus domicilios extranjeros no tuvieran éxito. Este tipo de actuaciones ilustra el problema que describe ahora el Gobierno: perseguir administrativamente a empresas digitales que pueden carecer de una presencia física fácilmente ejecutable en España.
El PP pregunta por la eficacia de las sanciones
La cifra de 465,4 millones sin recaudar ha salido a la luz precisamente a raíz de varias preguntas parlamentarias del PP sobre las sanciones impuestas por juego online ilegal y las medidas adoptadas para garantizar su cobro. El Ejecutivo responde que la persecución de estas empresas debe analizarse más allá del dinero ingresado, pero el dato muestra una importante diferencia entre el volumen formal de las multas anunciadas y su impacto efectivo sobre las compañías sancionadas.
También existe una diferencia relevante entre los operadores ilegales y las empresas autorizadas que cometen infracciones administrativas. Las grandes cantidades que conforman estos 465 millones proceden fundamentalmente de infracciones muy graves relacionadas con actividad sin licencia, en muchos casos protagonizada por entidades extranjeras. La DGOJ mantiene por separado resoluciones graves contra empresas que sí forman parte del mercado regulado y cuya ejecución presenta características distintas.
465 millones sobre el papel, cero euros ingresados
El balance deja así una paradoja para la Administración: España ha desarrollado un sistema capaz de imponer multas millonarias a quienes ofrecen juego sin autorización, pero la totalidad de los 465.427.500 euros sancionados entre 2022 y 2026 continúa pendiente de cobro. El Gobierno considera que su prioridad debe ser cortar el acceso de esos operadores al mercado español y proteger a los jugadores, mientras las cifras muestran las enormes dificultades para convertir las sanciones administrativas en dinero efectivamente recuperado.
La cuestión de fondo está en cómo perseguir a empresas digitales capaces de cambiar de dominio, pasarela de pago o jurisdicción con rapidez. Mientras no exista una cooperación internacional más eficaz o bienes sobre los que ejecutar las sanciones, el Estado puede cerrar páginas y limitar su actividad, pero tiene muchas más dificultades para cobrar las multas que aparecen en las resoluciones oficiales.