La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concedido a Adif un plazo máximo de tres meses para detallar qué actuaciones ha puesto en marcha o prevé poner en marcha con el fin de liberar capacidad en las vías de apartado de las terminales de mercancías. Así se recoge en una resolución del organismo regulador fechada el pasado 20 de julio y a la que ha tenido acceso Europa Press.
El procedimiento se origina a raíz de una denuncia registrada el 28 de enero por la compañía privada Low Cost Rail (LCR). En ella, la empresa advertía de supuestas prácticas discriminatorias y de una falta de transparencia por parte del gestor público de la infraestructura, después de que se cancelaran varias maniobras ya programadas en la terminal de Córdoba Mercancías.
Tras analizar el caso, la CNMC ha constatado hasta tres negativas de Adif a otorgar capacidad para maniobras a LCR en dicha terminal andaluza. Aunque esas operaciones acabaron llevándose a cabo, los rechazos iniciales generaron importantes demoras y la pérdida de surcos ferroviarios, lo que se tradujo en mayores costes de material rodante y de personal para la operadora.
El supervisor descarta que exista un trato abiertamente discriminatorio hacia este operador por parte de Adif. No obstante, la resolución subraya que no se ajusta al marco regulatorio que material ajeno al ciclo productivo o en desuso mantenga ocupadas hasta siete vías en la terminal cordobesa, ya que esto restringe y retrasa la circulación de trenes que sí cuentan con surco asignado.
Para corregir este cuello de botella y reforzar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías, la CNMC insta al administrador de la infraestructura a diseñar incentivos eficaces que impulsen a los propietarios a retirar con prioridad, de las terminales congestionadas, el material que no esté en servicio.
Entre los instrumentos que Competencia plantea para acelerar el desalojo de estas vías de formación y maniobras se encuentran la revisión de los cánones por uso de las vías de apartado, así como la incorporación de nuevos criterios en la declaración sobre la red que sancionen la permanencia prolongada de vagones inactivos.
La decisión de la Sala de Supervisión Regulatoria agota la vía administrativa. A partir de su notificación, Adif dispone de dos meses para presentar, si lo considera oportuno, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional frente al requerimiento formulado.