La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su ordenamiento jurídico los recientes cambios en la regulación de los colchones de capital exigidos a la banca europea, a pesar de que los Estados miembro disponían de plazo hasta noviembre de 2024 para completar esta adaptación.
En particular, España no ha incorporado a su legislación determinados elementos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en la revisión de la Directiva sobre cadenas de filiales, que establece que estos colchones se fijen en base consolidada para un espectro más amplio de entidades e introduce un tratamiento diferenciado para aquellas entidades que se prevé que sean objeto de liquidación mediante los procedimientos concursales ordinarios en caso de quiebra.
Según expone Bruselas, hasta el momento todos los Estados miembro, con la única excepción de España, han comunicado ya la transposición de estas normas. En el caso español, el incumplimiento persiste a pesar de que los servicios comunitarios remitieron a las autoridades nacionales una carta de emplazamiento en enero de 2025, con la que se formalizaba el inicio del expediente sancionador.
En julio de 2025, Bruselas activó la segunda fase del procedimiento de infracción mediante el envío de un dictamen motivado, concediendo un nuevo margen para el diálogo y la corrección de las deficiencias detectadas. Sin embargo, la falta de avances en las conversaciones ha llevado ahora a la Comisión a trasladar el asunto al TJUE y a solicitar la imposición de una sanción financiera a España por mantener este incumplimiento.