El Parlamento Europeo ha instado este martes a intensificar la cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembro con el fin de frenar el fraude del IVA, en especial en las operaciones comerciales transfronterizas dentro de la UE. La institución reclama un intercambio de datos más ágil y controles reforzados sobre las transacciones sospechosas, ante unas prácticas que, según las estimaciones recogidas por la Eurocámara, ocasionan cada año pérdidas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros.
Estas demandas figuran en un informe aprobado en el pleno con 357 votos a favor, 271 en contra y 31 abstenciones. En el documento, los eurodiputados plantean recurrir a herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, reforzar los medios de los organismos europeos de lucha contra el fraude y fijar obligaciones más estrictas para recuperar el dinero obtenido de forma ilícita y devolverlo, cuando proceda, al presupuesto comunitario.
Entre las principales inquietudes de la Eurocámara figura el fraude del IVA en cadena o “fraude carrusel”, un esquema en el que varias empresas se compran y venden mercancías entre distintos países de la UE y una de ellas recauda el impuesto sin ingresarlo a Hacienda, mientras otra solicita su devolución ante las autoridades fiscales.
Los eurodiputados subrayan que este tipo de operaciones supone una de las mayores amenazas para los ingresos de la Unión, por lo que ven imprescindible reforzar la coordinación entre administraciones nacionales para localizar las transacciones fraudulentas antes de que los responsables se esfumen con los fondos recaudados.
En particular, el texto reclama que los Estados miembro compartan con mayor celeridad los datos sobre compraventas a través de Eurofisc, la red europea de cooperación contra el fraude fiscal, y que sus sistemas de análisis integren soluciones de inteligencia artificial para identificar movimientos sospechosos entre empresas de diferentes países de la UE.
Además, el informe propone asegurar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea dispongan de acceso efectivo a la información sobre el IVA y los pagos que precisen para llevar a cabo sus investigaciones, respetando las competencias de cada institución.
MÁS RECURSOS Y SUPERVISIÓN DEL DINERO RECUPERADO
Por otro lado, los eurodiputados reclaman que el próximo marco financiero de la UE para 2028-2034 reserve fondos y personal especializado suficientes para fortalecer la prevención y persecución de estas prácticas, así como introducir mayores salvaguardas que impidan el uso indebido de los recursos comunitarios.
Entre las iniciativas planteadas se incluye la obligación de que todos los programas de gasto permitan identificar a los beneficiarios finales de las ayudas y a sus propietarios reales, de forma que auditores e investigadores puedan seguir el rastro del dinero público y verificar quién se beneficia de él.
La resolución también aboga por fijar normas comunes para coordinar a los organismos encargados de combatir las irregularidades y por crear un sistema unificado de notificación, apoyado en herramientas digitales que faciliten las pesquisas sin aumentar de forma injustificada las cargas administrativas, especialmente para las pequeñas empresas.
En esta línea, el Parlamento plantea revisar la normativa europea para establecer responsabilidades más claras y obligaciones vinculantes de intercambio de información entre la OLAF y la Fiscalía Europea, además de exigir informes periódicos que permitan evaluar los resultados de las investigaciones y su impacto económico.
Asimismo, reclama garantizar que los bienes y cantidades incautados como resultado de las actuaciones de la Fiscalía Europea puedan devolverse, total o parcialmente, al presupuesto comunitario cuando corresponda, y que exista un control específico sobre los importes efectivamente recuperados.