Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a una recomendación para reforzar la protección de los hogares que corren el riesgo de perder su vivienda. El texto plantea poner en marcha sistemas de alerta temprana, agilizar las ayudas de emergencia para afrontar el pago del alquiler y reforzar las garantías frente a los desahucios forzosos, dentro de una estrategia más amplia contra el sinhogarismo y la exclusión residencial que incluye incrementar la oferta de vivienda social y asequible.
El documento, aprobado por el Consejo de la UE en un contexto de creciente inquietud por el acceso a la vivienda en el continente, anima a los Estados miembro a detectar con antelación a los hogares en situación de vulnerabilidad y a prestarles apoyo antes de que pierdan su residencia. Para ello, propone combinar el asesoramiento sobre deudas, los servicios de mediación y la asistencia económica, al tiempo que reclama soluciones estables para quienes ya se encuentran sin hogar, aunque se trata de orientaciones sin carácter jurídicamente vinculante.
En particular, los Veintisiete plantean localizar de forma temprana a los hogares más expuestos y actuar de manera preventiva para evitar situaciones de desamparo, con especial foco en quienes atraviesan dificultades económicas para cubrir sus gastos esenciales. Entre las medidas sugeridas, se encuentran el asesoramiento en materia de endeudamiento, las ayudas urgentes al alquiler, los mecanismos de mediación y el refuerzo de las garantías frente a los desahucios forzosos.
La recomendación amplía además el concepto de exclusión residencial más allá de quienes viven directamente en la calle, incorporando a las personas que, aun teniendo un techo, se encuentran en condiciones inadecuadas o inseguras. Incluye, por ejemplo, a quienes carecen de servicios básicos, afrontan un desahucio inminente o sufren violencia en el hogar.
En esta línea, los ministros han asumido el compromiso de trabajar para que “ningún niño se vea privado de una vivienda adecuada” y reclaman una atención específica a los menores y jóvenes que abandonan centros de protección o familias de acogida, garantizándoles alojamiento y acompañamiento para evitar que queden en situación de abandono.
Más allá de las medidas de choque, el Consejo admite que la falta de vivienda social y a precios asequibles es uno de los principales frenos para combatir la exclusión residencial en la UE. Por ello, aconseja incrementar la inversión pública y privada tanto en la construcción de nuevas viviendas como en la rehabilitación del parque existente.
El texto también invita a aprovechar mejor las viviendas ya disponibles y a respaldar modelos alternativos de alojamiento, incluidos los gestionados por entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a una residencia estable para los colectivos con mayores dificultades.
Los Veintisiete defienden, asimismo, que las políticas frente al sinhogarismo vayan más allá de ofrecer recursos de alojamiento temporal y prioricen el acceso a una vivienda segura y duradera, acompañada de servicios sociales adaptados a la situación de cada persona.
En esta dirección, el documento sugiere simplificar el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias mediante un sistema de ventanilla única que permita a las personas sin hogar recibir orientación y ser derivadas a los servicios que precisan, evitando así múltiples gestiones ante distintas administraciones.
Además, se recomienda diseñar planes individuales de apoyo, con la participación de trabajadores sociales, profesionales sanitarios y organizaciones comunitarias, para abordar de forma coordinada las necesidades de las personas afectadas y favorecer su recuperación e inclusión social.
MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA UE
Ante el encarecimiento continuado de la vivienda en Europa, donde los precios de compra se han incrementado más de un 60% entre 2013 y 2024 y más de un millón de personas carecen de hogar, según las estimaciones recogidas por el Consejo, los Veintisiete instan a los Estados a adoptar o reforzar sus estrategias nacionales y regionales contra la exclusión residencial, con metas concretas y medibles que permitan seguir la evolución de los resultados.
Aunque corresponde a cada país decidir cómo aplicar estas recomendaciones, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales del bloque les animan a informar a la Comisión Europea cada cinco años sobre los avances logrados. Con esta información, el Ejecutivo comunitario podrá evaluar la situación en el conjunto de la UE y presentar un informe al Consejo cinco años después de la aprobación de la iniciativa.