Las horas extraordinarias que no se remuneran en España representan el equivalente a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa, de acuerdo con un informe del Gabinete Económico de CCOO. El estudio calcula que 436.000 asalariados realizan cada semana 2,54 millones de horas extra que ni se abonan ni se compensan con tiempo de descanso.
El sindicato subraya que las horas extraordinarias no pagadas siguen siendo “una de las principales formas de abuso laboral” en el mercado de trabajo español y precisa que casi la mitad de quienes hacen horas extra no reciben ningún tipo de retribución o descanso por ese tiempo adicional.
Según el análisis, el 5% de la población asalariada realiza horas extraordinarias cada semana y, de ese volumen de horas, el 40% ni se paga ni cotiza, a pesar de la obligación legal de registrar la jornada laboral.
CCOO estima que las horas extra que no se abonan generan un agujero anual de 3.378 millones de euros en salarios, cotizaciones sociales e impuestos que las empresas dejan de ingresar.
De promedio, cada trabajador afectado realiza 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana, lo que se traduce en 7.696 euros al año en sueldos y cotizaciones que no llegan a percibirse.
Educación, el sector con más horas extra sin pagar
Por ramas de actividad, el sector de la Educación es el que acumula un mayor volumen de horas extraordinarias no pagadas. A continuación se sitúan la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública.
Si se analiza en términos relativos, los porcentajes más elevados de trabajadores que realizan horas extra sin remuneración se encuentran en las actividades financieras y de seguros, en la educación y en las actividades de edición y producción de contenidos.
Ante esta situación, CCOO reclama intensificar la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral con el fin de erradicar una práctica que, a juicio del sindicato, “vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos”.