El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue "suficientemente previsor" en política de vivienda durante su primer periodo en La Moncloa, cuando contaba con una mayoría parlamentaria más holgada para haber impulsado cambios de calado. También ha admitido que ahora el Gobierno carece de las "herramientas necesarias" para dar una solución rápida al problema.
En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, Puente ha relatado que cuando llegaron al poder en 2018 la cuestión de la vivienda "no era el primer problema que estaba encima de la mesa", ya que la agenda gubernamental se vio desbordada por emergencias como la pandemia de Covid, que absorbieron buena parte de los esfuerzos.
"No se fue lo suficientemente previsor y hoy llegamos a la situación en la que estamos, quizá porque en esa legislatura el foco, la atención del Gobierno no estuvo ahí", ha indicado el ministro, subrayando que el conflicto habitacional ha aflorado "con toda crudeza" en este segundo mandato y, en especial, en los dos o tres últimos años.
El responsable de Transportes ha explicado que, en este contexto, el Ejecutivo se encuentra sin el armazón regulatorio adecuado para afrontar el problema, sobre todo "si el Parlamento no está por la labor" y las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan aplicar la Ley de Vivienda. Esta situación, ha añadido, ha llevado a la convocatoria de elecciones generales para que la ciudadanía opte entre dos modelos: "si quieren un modelo donde la vivienda sea de verdad un derecho o si queremos seguir en la línea de que la vivienda sea un bien de especulación o un bien al servicio del enrequecimiento".
Puente ha defendido que la crisis de acceso a la vivienda debe encararse desde dos planos: por un lado, la creación de un parque público estable —en el que el Gobierno trabaja con iniciativas como la sociedad Casa 47 o la promoción de inmuebles en suelos del Ministerio de Defensa— y, por otro, la intervención del mercado para limitar o reducir precios. No obstante, ha calificado de "muy escasa" la capacidad del Ejecutivo en este segundo terreno.
El ministro ha atribuido esta falta de margen a la negativa de comunidades autónomas y ayuntamientos del PP a aplicar la Ley de Vivienda, así como al rechazo del Congreso a convalidar los decretos urgentes promovidos por el Gobierno.
"Contra el Parlamento, contra las comunidades autónomas del Partido Popular y los ayuntamientos, en materia regulatoria se puede hacer poco o nada", ha remarcado, defendiendo que lo "democráticamente razonable" cuando las Cortes bloquean las propuestas del Ejecutivo es devolver la decisión a las urnas para que hable la ciudadanía.
Durante la entrevista, Puente se ha referido al caso de Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda de alquiler en Madrid y fallecida hace dos días, al que ha calificado como un "revulsivo" y una "espoleta" que obliga a reforzar los mecanismos de intervención pública.
En esta línea, ha sostenido que en España no se está garantizando hoy el derecho constitucional a una vivienda digna y ha tildado de "intolerable" que los derechos esenciales se subordinen a la especulación o al enriquecimiento de unos pocos.
"La obligación de los poderes públicos es establecer un marco que permita que la vivienda no sea un elemento especulativo o no lo sea, desde luego, como primera opción, sino que, sobre todo, se facilite el acceso a ese derecho y el que quiera ser rico, que se dedique a otras cosas, o que, desde luego, sea un poco menos rico con la vivienda. De eso se trata, y podemos darle todas las vueltas que queramos. Hay que regular muchas cosas, hay que introducir un paquete importante de vivienda pública, que en este momento España no tiene, y eso llevará tiempo. Vamos a facilitar que la gente no sea pobre, por encima de que se haga rica", ha enfatizado.
Críticas de Puente al plan del PP de construir un millón de viviendas
Puente ha arremetido además contra la propuesta del PP de levantar un millón de viviendas en cuatro años, calificándola de "disparate". Ha recordado que entre 2000 y 2008 se construyeron 4,5 millones de pisos y el precio "más que se duplicó". "Fue el peor periodo en materia de incremento de precios", ha insistido.
En este contexto, ha alertado de la escasez de mano de obra en el sector de la construcción y ha cuestionado cómo pretende la oposición llevar a cabo ese plan mientras, al mismo tiempo, propone "expulsar a inmigrantes", colectivo que concentra buena parte de los trabajadores en la obra.
"Es un disparate constante. Construir un millón de viviendas, que además no tenemos masa crítica para ello, no conduciría a nada. Si las viviendas se construyen, pero acaban en unas pocas manos, seguiremos en la misma situación. Por lo tanto, el problema no es construir. Hay que construir vivienda pública, sobre todo, que no pierda esa condición de pública, meterla en el mercado a precio razonable, a precio accesible para la gente, e intervenir el mercado en materia regulatoria. Esas son las soluciones", ha concluido el ministro.