Muere Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó las protestas por la vivienda en Madrid

La vecina de Retiro permanecía hospitalizada desde que fue desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre. Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas habían alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su casa tras recibir el alta

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España).  Fernando Sánchez - Europa Press

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez - Europa Press

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Maricarmen Abascal, la vecina de Retiro cuyo desahucio desencadenó las protestas por la vivienda en Madrid, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La mujer permanecía hospitalizada desde el 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que había residido durante más de siete décadas. Su salida se produjo en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital.

La muerte se produce después de que su familia, su abogada y su Sindicato consiguieran alcanzar un acuerdo que habría permitido a Maricarmen regresar a su vivienda una vez recibiera el alta hospitalaria. Finalmente, no ha podido volver a la casa que ocupaba desde 1956.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", ha anunciado el Sindicato, que considera que la solución alcanzada llegó "demasiado tarde" después de un proceso que califica de "torturante".

"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado  tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", prosigue el texto remitido a los medios de comunicación.

Maricarmen falleció alrededor de las 19.30 horas  antes de poder firmar el nuevo contrato de alquiler que debía garantizar su regreso a la vivienda en la que había residido durante 71 años. 

Hospitalizada desde el desahucio

El desahucio se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre después de varios intentos anteriores. Maricarmen abandonó entonces el inmueble en camilla, atendida por sanitarios del Samur, mientras cientos de personas se concentraban en los alrededores para tratar de impedir su salida.

La mujer permanecía desde entonces hospitalizada. El caso había adquirido una importante repercusión pública y se convirtió en uno de los principales símbolos de las movilizaciones por la vivienda que se han sucedido durante las últimas semanas en Madrid.

Días después del lanzamiento, se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda tras recibir el alta, mediante un nuevo contrato de alquiler. Ese regreso ya no podrá producirse.

De Retiro a la Puerta del Sol

El desahucio provocó una movilización que trascendió el caso particular de Maricarmen. Tras el lanzamiento se sucedieron protestas por el derecho a la vivienda y, desde el 26 de septiembre, una acampada permanece instalada en la Puerta del Sol, donde los participantes han reclamado nuevas medidas frente a los desahucios y el encarecimiento del alquiler.

"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", traslada el Sindicato de Inquilinas en su comunicado.

El caso también entró de lleno en el debate político sobre los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Los textos fueron rechazados inicialmente por el Congreso el pasado 2 de octubre y el Ejecutivo volvió a aprobarlos esta semana, después de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"

El Sindicato de Inquilinas ha despedido a Maricarmen reivindicando su papel en las protestas de las últimas semanas y asegurando que mantendrá las movilizaciones por el derecho a la vivienda. 

La organización ha recordado además una de las peticiones que, según explica, Maricarmen trasladaba a quienes la acompañaron durante el proceso: "Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo,  cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". 

"Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste", concluye el comunicado.

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¿Cuál es el estado de tramitación parlamentaria de los nuevos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras la convocatoria de elecciones generales?

Según los registros oficiales y la cobertura parlamentaria y de prensa disponible, los «nuevos» decretos de vivienda aprobados por el Gobierno tras anunciar la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre todavía no han sido convalidados: se encuentran en la fase de espera de convalidación o derogación, que deberá resolver la Diputación Permanente del Congreso una vez disueltas las Cortes. No consta aún ninguna votación ni su eventual tramitación como proyecto de ley.

El paquete actual de urgencia en vivienda se articula, tras la convocatoria electoral, en dos reales decretos-ley principales, publicados el 7 de octubre de 2026:

  • Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, publicado en el BOE el 7 de octubre de 2026 (texto en BOE).
  • Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, también publicado el 7 de octubre de 2026 (texto en BOE).

Ambos decretos reproducen y ajustan el contenido de los dos reales decretos-ley de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó la semana anterior, rechazo que desencadenó el anuncio electoral. La propia nota de prensa del Congreso de 1 de octubre daba cuenta del debate de dos reales decretos-ley previos, el 26/2026 y el 27/2026, sobre protección de la función social de la vivienda y estabilidad de los contratos de alquiler, respectivamente, cuya convalidación fue posteriormente rechazada por la Cámara.

Tras esa derrota, el Gobierno ha optado por aprobar nuevos textos, con modificaciones, una vez anunciada la convocatoria electoral. La consecuencia procedimental es doble:

  • Los nuevos reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026 están válidamente en vigor desde su publicación en el BOE, pero su mantenimiento depende de que sean convalidados dentro del plazo constitucional (30 días desde su promulgación).
  • Al estar el Congreso y el Senado disueltos, la competencia para esa convalidación o derogación recae en la Diputación Permanente del Congreso, que ejerce las funciones del Pleno en este punto durante el período electoral.

Según nuestra base de datos, que recoge los registros oficiales, a fecha de hoy los procesos correspondientes a estos decretos figuran como publicados en el BOE y «dentro del plazo para convalidarlo o derogarlo», sin que conste todavía el acuerdo de la Diputación Permanente ni la apertura de una tramitación ulterior como proyecto de ley. Tampoco aparece, en los documentos consultados, ninguna resolución del Congreso que transforme estos decretos en proyectos de ley para su tramitación completa.

La información parlamentaria y la prensa permiten situar políticamente esa fase pendiente:

  • El Congreso había anunciado ya un pleno extraordinario para debatir la convalidación de los reales decretos-ley de vivienda anteriores, y diversas piezas de Demócrata y de otros medios confirman que el Pleno rechazó ambos textos, lo que llevó a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones y a disolver las Cortes.
  • Tras la disolución, el Gobierno aprobó de nuevo dos reales decretos-ley de vivienda «con algunas variaciones» y dejó claro que su convalidación se sometería a la Diputación Permanente, donde la correlación de fuerzas le resulta más favorable que en el Pleno.
  • Las informaciones de Demócrata señalan que el PNV ha confirmado su apoyo al decreto centrado en la protección de la función social de la vivienda y la oferta asequible —el contenido que ahora recoge el Real Decreto-ley 29/2026—, mientras mantiene su rechazo al texto sobre renovación automática y estabilidad de contratos de alquiler —el ámbito del Real Decreto-ley 28/2026—. Con los datos conocidos, esto apunta a que el primero tiene más probabilidades de ser convalidado en la Diputación Permanente, mientras que el segundo sigue sin tener asegurada una mayoría.

En síntesis, desde el punto de vista estrictamente procedimental, los nuevos decretos de vivienda aprobados tras la convocatoria electoral están en vigor pero pendientes de la decisión de la Diputación Permanente del Congreso. No existe todavía constancia oficial de su convalidación ni de que se haya acordado tramitarlos como proyectos de ley, por lo que la tramitación parlamentaria está abierta y concentrada en esa futura sesión de la Diputación Permanente.

¿Puedes desglosar el contenido principal del Real Decreto-ley 29/2026 y qué implicaciones tendría si la Diputación Permanente lo convalida? ¿Qué diferencias de contenido y apoyos parlamentarios hay entre el decreto centrado en la función social de la vivienda y el dedicado a la estabilidad de los contratos de alquiler? ¿Cómo funciona exactamente la Diputación Permanente en la convalidación de decretos-ley durante una campaña electoral y qué precedentes existen en materia de vivienda?

¿Qué competencias y atribuciones tiene el Sindicato de Inquilinas de Madrid en la defensa del derecho a la vivienda?

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid no es una administración pública ni un “órgano” con potestades oficiales, sino una organización social de inquilinos constituida como sindicato/ asociación, nacida en 2017 en la ciudad de Madrid para defender el derecho a la vivienda desde la perspectiva de quienes alquilan. Sus competencias y atribuciones derivan, por tanto, del derecho de asociación, del derecho de sindicación y de la capacidad de actuar en el mercado y ante las instituciones en nombre de sus afiliadas, no de una ley que le otorgue poder público propio.

Naturaleza jurídica y organización interna

Según explica la propia organización en el reportaje de Demócrata, el Sindicato de Inquilinas de Madrid:

  • Nace en mayo de 2017 en un contexto de fuerte aumento de los alquileres en Madrid.
  • Reúne a miles de personas afiliadas (la organización habla de más de 4.000 en la Comunidad de Madrid).
  • Funciona con asamblea anual de afiliadas, plenarias bimestrales, un grupo de coordinación, comisiones de trabajo (acción sindical, organización, comunicación, etc.) y secciones territoriales o vinculadas a determinados propietarios.
  • Se financia principalmente mediante cuotas de afiliación (10 euros al mes o 100 al año, con variantes), sin subvenciones públicas, complementadas con donaciones y actividades (talleres, charlas) y destina un 10% a una caja de resistencia para multas y litigios.

Es decir, actúa como un sujeto colectivo privado, con autonomía organizativa y financiera, orientado específicamente a las relaciones entre arrendadores y arrendatarias (no a las relaciones laborales).

Funciones y formas de actuación en defensa del derecho a la vivienda

En la práctica, el Sindicato de Inquilinas ejerce varias funciones clave en la defensa del derecho a la vivienda, entendiendo este derecho en el marco de la Constitución y de la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, pero desde una posición de sociedad civil:

  • Asesoramiento colectivo e individual: las personas con problemas de alquiler (subidas desproporcionadas, fin de contrato, desahucios, cobros de comisiones prohibidas, cláusulas abusivas) acuden al sindicato para conocer sus derechos, revisar contratos y valorar opciones legales. El caso de Maricarmen, acompañada durante meses hasta su desahucio, es un ejemplo de ese trabajo cotidiano.
  • Organización de inquilinos por edificios y barrios: el sindicato agrupa a vecinos de un mismo bloque, zona o propietario (incluidos grandes fondos) para negociar de forma colectiva. En el pasado ha organizado campañas frente a empresas como Blackstone o Alquiler Seguro, logrando, según la organización, renegociar decenas de contratos sin subidas temidas o reclamar la devolución de honorarios ilegales.
  • Negociación colectiva con propietarios e intermediarios: actúa como interlocutor de los inquilinos ante empresas inmobiliarias, fondos o entidades propietarias, planteando propuestas conjuntas (mantenimiento de rentas, renovación de contratos, freno a desahucios, etc.) y utilizando la presión pública como palanca.
  • Acción judicial y administrativa: interpone demandas y denuncias ante juzgados y autoridades de consumo cuando aprecia prácticas abusivas (cobro ilegal de honorarios, cláusulas nulas, vulneraciones de la Ley de Vivienda, etc.). La caja de resistencia y el acompañamiento jurídico permiten sostener litigios colectivos.
  • Movilización social y campañas: convoca manifestaciones, caceroladas y acampadas —como las relacionadas con el “decreto Maricarmen” o la gran marcha por la vivienda en Madrid—, y participa en coordinaciones estatales (Confederación de Sindicatos de Inquilinas) e internacionales contra la especulación inmobiliaria.
  • Incidencia política y legislativa: formula propuestas normativas y presiona a las instituciones. Un ejemplo es el paquete de medidas bautizado como “decreto Maricarmen”, con demandas de congelación de alquileres, renovaciones automáticas de contratos o límites al alquiler de temporada y por habitaciones, que el sindicato ha intentado que el Gobierno incorpore a sus decretos de vivienda.
  • Interlocución institucional: es invitado o promovido como compareciente en debates parlamentarios, consejos asesores de vivienda u otros espacios donde se delibera sobre políticas públicas de vivienda.
Qué puede y qué no puede hacer jurídicamente

Desde el punto de vista jurídico, el Sindicato de Inquilinas:

  • Puede organizarse libremente, afiliar a personas, convocar asambleas, manifestaciones, acampadas y huelgas de alquiler (como forma de desobediencia civil organizada), siempre dentro de los límites de la legalidad (derecho de reunión, de asociación, de sindicación, etc.).
  • Puede negociar en nombre de sus afiliados con propietarios, empresas y administraciones, firmar acuerdos privados y emprender acciones judiciales o administrativas en defensa de sus intereses.
  • Puede hacer lobby y presión política: redactar propuestas de decreto o de ley, intervenir en medios, comparecer en parlamentos y pedir cambios legislativos o regulatorios para reforzar el derecho a la vivienda.

Pero al mismo tiempo:

  • No tiene potestad sancionadora ni capacidad para dictar normas: no puede imponer multas, ni declarar viviendas sociales, ni fijar topes de alquiler por sí mismo. Solo puede exigir que lo hagan las administraciones competentes o acudir a los tribunales.
  • No puede suspender por sí mismo un desahucio o paralizar una orden judicial: puede organizar resistencia, acompañamiento y apoyo, así como solicitar suspensiones o alternativas habitacionales, pero la decisión última corresponde a jueces y administraciones.
  • No sustituye a los servicios públicos de vivienda, a los colegios profesionales o a los organismos arbitrales: puede complementar su trabajo, criticarlos o negociar con ellos, pero sus recomendaciones no tienen fuerza vinculante general.

En resumen, el Sindicato de Inquilinas de Madrid es un actor colectivo con una gran capacidad de movilización, asesoramiento, litigio y negociación, que ejerce presión política y social en defensa del derecho a la vivienda, pero sin competencias públicas propias: su fuerza reside en la organización de los inquilinos y en su capacidad de influir en propietarios, opinión pública e instituciones, no en un poder normativo o sancionador directo.

¿Puedes detallarme con ejemplos concretos qué tipos de conflictos de alquiler ha ganado o resuelto el Sindicato de Inquilinas de Madrid? ¿Qué relación tiene el Sindicato de Inquilinas con otras organizaciones como la PAH o las federaciones vecinales en Madrid? ¿Cómo encajan las propuestas del “decreto Maricarmen” en el marco de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda?

¿Cuántos desahucios han motivado protestas similares en Madrid durante la presente legislatura?

No existe un registro oficial que contabilice cuántos desahucios han ido acompañados de protestas en Madrid durante la legislatura actual, de modo que no se puede ofrecer una cifra cerrada y verificable. Con la información disponible en fuentes oficiales y en la prensa, sí puede decirse que al menos dos desahucios concretos en la ciudad de Madrid han motivado protestas claramente identificadas y documentadas, y que uno de ellos –el llamado “caso Maricarmen”– ha desencadenado un ciclo de movilizaciones mucho más amplio, que desborda el caso individual.

Limitaciones de la información disponible

Ni el Consejo General del Poder Judicial ni las administraciones madrileñas (Ayuntamiento y Comunidad) publican estadísticas que distingan cuántos lanzamientos han ido acompañados de concentraciones, piquetes o protestas ciudadanas. Los datos oficiales se refieren a número de lanzamientos (por ejemplo, Más Madrid cita 2.267 lanzamientos en la Comunidad de Madrid en 2025 y 582 más en el primer trimestre de 2026), pero no indican en cuántos de esos casos hubo movilización social.

Para responder a tu pregunta, por tanto, solo es posible acudir a casos concretos que la prensa y los movimientos de vivienda han documentado. Eso da una cifra mínima (los que aparecen en fuentes contrastadas), pero no una cifra total de todos los casos en los que ha habido algún tipo de protesta a pie de portal o de barrio.

Casos de desahucios con protestas claramente documentadas

  • El desahucio de Maricarmen Abascal (Retiro): varias informaciones señalan que el lanzamiento de Maricarmen, de 87 años, de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, congregó cientos de personas ante el portal para intentar impedirlo. Demócrata recoge que “a las puertas del inmueble se concentraron cientos de personas para acompañarla y mostrarle su apoyo”, y que ese desalojo fue el detonante de una acampada en la Puerta del Sol y de un ciclo de manifestaciones bajo el lema «Ni una Maricarmen más» (artículo de contexto).
  • Desahucio de un jubilado en la calle Carnero (Madrid ciudad): otra crónica de Demócrata describe una “protesta vecinal en Madrid para frenar el desahucio de un jubilado ante un amplio despliegue policial”, con decenas de vecinos y activistas, convocados por el Sindicato de Inquilinas, concentrados en el portal para tratar de detener el lanzamiento. Aunque el texto se centra en ese caso concreto, no vincula la protesta a un ciclo tan amplio como el de Maricarmen, pero sí muestra un patrón muy similar de movilización de barrio.

A estos dos ejemplos se suman numerosos desahucios que organizaciones como la PAH, el Sindicato de Inquilinas o plataformas vecinales señalan en sus comunicados, pero sin que siempre se identifique con claridad el domicilio o se trate de un caso único, lo que dificulta su recuento como “un desahucio = una protesta” de forma precisa.

Un desahucio como detonante de un ciclo de protestas

Lo más relevante de la legislatura no es tanto el número de desahucios concretos que han tenido protesta, sino que uno de ellos, el de Maricarmen, ha actuado como catalizador de un ciclo de movilizaciones:

  • Manifestaciones masivas en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, con lemas como «Ni una Maricarmen más» y cifras de asistencia que van desde las 25.000 personas estimadas por la Delegación del Gobierno hasta las 300.000 o 500.000 personas según los organizadores (manifestación del 26 de septiembre y marcha por la vivienda en octubre).
  • Una acampada en la Puerta del Sol, presentada por Demócrata como una suerte de “15M de la vivienda”, directamente vinculada al desahucio de Maricarmen (crónica de la acampada).
  • Un fuerte eco político y mediático, con partidos como Sumar, Más Madrid e IU utilizando el “caso Maricarmen” para exigir cambios normativos, y la vivienda ocupando el centro del pleno de la Asamblea de Madrid.

Conclusión

Con los datos disponibles, se puede afirmar que, al menos, dos desahucios concretos en Madrid ciudad (el de Maricarmen en Retiro y el de un jubilado en la calle Carnero) han motivado protestas directas y claramente documentadas durante la presente legislatura, con presencia de vecinos, activistas y despliegue policial. Sin embargo, es muy probable que el número real de desahucios con algún tipo de protesta sea mayor, dado que muchos casos solo quedan registrados en comunicados de plataformas o en coberturas locales puntuales.

Desde el punto de vista político y social, el rasgo distintivo de esta legislatura es que un único desahucio –el de Maricarmen– ha generado una ola de movilización sostenida, que ya no se limita a un portal concreto, sino que ha derivado en acampadas, manifestaciones masivas y presión legislativa en torno al derecho a la vivienda.

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¿Qué hecho desencadenó las protestas por la vivienda en Madrid en las últimas semanas?

Pregunta 1 de 3

¿Qué medida se acordó para Maricarmen tras su hospitalización?

Pregunta 2 de 3

¿Qué acción simbólica se mantuvo en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen?

Pregunta 3 de 3