Abascal pide el voto para corregir "las debilidades del PP" y promete que los sacrificios no serán para los españoles

A 20 de octubre de 2026, la llamada Ley de Nietos no está pendiente de aprobación ni consta una derogación aprobada: es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. La reforma promovida en septiembre mediante una enmienda a una ley educativa no llegó a convertirse en ley; con la disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre, esa tramitación parlamentaria caducó. Por tanto, una reforma deberá impulsarse de nuevo en la siguiente legislatura.

Qué sigue vigente

La Ley de Memoria Democrática mantiene la regulación que abrió una vía excepcional de opción a la nacionalidad. Comprende determinados descendientes de españoles afectados por el exilio, hijos de españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución e hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen mediante las leyes de 2007 o 2022.

Debe distinguirse entre vigencia de la disposición y plazo de solicitud. El plazo extraordinario terminó en octubre de 2025, tras la prórroga de un año, pero siguen resolviéndose expedientes presentados en plazo. Su cierre no equivale a una derogación ni anula las nacionalidades concedidas.

Qué ocurrió con la reforma parlamentaria

El 30 de septiembre, la Mesa de la Comisión de Educación admitió una enmienda de Sumar destinada a modificar la regulación y proteger el voto de los nacionalizados afectados por las cautelares judiciales. La admisión recibió el respaldo de PSOE y Sumar y el rechazo del PP; no suponía aprobar la reforma. Los letrados habían advertido de la falta de conexión entre nacionalidad y el objeto educativo del proyecto. (Demócrata, 30/09/2026).

Antes de la disolución quedaban el examen de las enmiendas, el dictamen y las votaciones correspondientes. Ese recorrido no continúa automáticamente después de las elecciones: la iniciativa pendiente y sus enmiendas caducaron.

También se publicó en octubre una moción del Senado sobre el impacto de la Ley de Memoria Democrática en el censo electoral. Pedía revisar los criterios administrativos y someter cualquier modificación sustancial a las Cortes. Una moción expresa una petición política al Gobierno: no modifica ni deroga la ley.

Además, el Real Decreto-ley 6/2026, que modificó otros aspectos de Memoria Democrática, trata del reconocimiento a fallecidos o personas con lesiones incapacitantes por defender la democracia. No reabrió la vía de nacionalidad para descendientes.

Próximos pasos para reformarla o derogarla

• Presentar una nueva iniciativa. El Gobierno puede promover un proyecto de ley; los grupos parlamentarios pueden impulsar una proposición. El texto deberá precisar si cambia los beneficiarios, reabre solicitudes o suprime la disposición.
• Superar el procedimiento legislativo. Tras los trámites iniciales correspondientes, llegarían las enmiendas, el examen parlamentario y la aprobación del Congreso. El Senado podría introducir cambios o vetar el texto; el Congreso resolvería definitivamente cuando procediera. Después vendrían la publicación en el BOE y la entrada en vigor.
• Regular los efectos transitorios. Una reforma debería aclarar qué ocurre con expedientes pendientes. La derogación no equivale automáticamente a revocar nacionalidades ya concedidas.

La controversia judicial es distinta

Las cautelares del Supremo afectan a los efectos electorales de determinadas inscripciones, no constituyen una derogación parlamentaria ni revocan por sí mismas la nacionalidad. El 16 de octubre se informó del recurso de amparo del Defensor del Pueblo ante el Constitucional. Ese procedimiento puede alterar la situación del voto, pero no sustituye la aprobación de una reforma legal. (Demócrata, 16/10/2026).

El presidente de Vox y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ocupan cargos de naturaleza distinta: el primero pertenece a la organización de un partido político; el segundo, al Gobierno autonómico. Sus atribuciones no deben confundirse ni deducirse de su influencia política. No se han obtenido los textos vigentes necesarios para ofrecer una relación jurídica verificada de las competencias de ambos cargos.

Presidente de Vox: funciones dentro del partido

La respuesta sobre este cargo debe distinguir entre el marco legal de los partidos políticos y las reglas internas que distribuyen las funciones entre sus órganos. La legislación establece el marco de actuación del partido, pero no sustituye a sus estatutos para determinar qué decisiones corresponden específicamente a su presidente.

Por tanto, para identificar sus atribuciones es necesario consultar los estatutos vigentes de Vox y, cuando proceda, las normas internas que los desarrollen. Sin ese texto no resulta riguroso atribuir al presidente una facultad concreta de nombramiento, sanción, aprobación de candidaturas o decisión económica.

Las materias que habría que comprobar son las siguientes; esta enumeración identifica cuestiones relevantes, no facultades que puedan darse por acreditadas:

• Representación: quién representa al partido y con qué alcance.
• Dirección política: qué decisiones puede adoptar la presidencia y cuáles requieren intervención de órganos colegiados.
• Organización: qué participación tiene en nombramientos, propuestas de cargos y funcionamiento territorial.
• Funcionamiento interno: quién convoca y preside reuniones y cómo se ejecutan sus acuerdos.
• Control y responsabilidad: qué límites, procedimientos de revisión y mecanismos de sustitución existen.

Además, deben separarse las facultades del presidente de las que este pueda ejercer por otro cargo. Presidir un partido no equivale, por sí mismo, a ejercer una competencia administrativa sobre ciudadanos o empresas.

Vicepresidente de la Junta: atribuciones institucionales

En este caso, la referencia principal debe ser el marco jurídico de la Comunidad Autónoma, junto con las disposiciones que organicen el Gobierno y distribuyan sus funciones. También importa comprobar si la vicepresidencia lleva asociada una consejería y si existen delegaciones expresas.

Para responder correctamente hay que diferenciar cuatro planos:

• Funciones propias del cargo: las que la normativa atribuya directamente a la vicepresidencia.
• Sustitución de la presidencia: los supuestos, condiciones y límites en que pueda asumir temporalmente sus funciones.
• Coordinación y delegación: las tareas que le encomienden las disposiciones organizativas o los acuerdos correspondientes.
• Competencias de una consejería: las que pudiera ejercer como titular de un departamento, distintas de las derivadas de ser vicepresidente.

No debe suponerse que la vicepresidencia permite dirigir cualquier área del Gobierno, revisar cualquier decisión de un consejero o ejercer todas las facultades presidenciales. Cada atribución necesita una base jurídica identificable, y una tarea de coordinación no debe equipararse automáticamente a una potestad para resolver expedientes.

Conclusión práctica

La diferencia esencial es dirección interna del partido frente a ejercicio de funciones públicas. Tampoco deben confundirse los compromisos de un acuerdo político con competencias jurídicamente atribuidas: una responsabilidad negociada necesita el instrumento correspondiente para convertirse en una facultad institucional.

En las fuentes consultadas no consta el articulado necesario para precisar esas atribuciones. Por ello, esta respuesta delimita cómo deben distinguirse ambos cargos, pero no presenta como legislación vigente una lista de poderes que no ha podido verificarse.

En las últimas elecciones generales celebradas, las del 23 de julio de 2023, Vox obtuvo 35.451 votos y ningún diputado por León. En el conjunto de Castilla y León consiguió 197.172 votos y un escaño. Frente a las generales de noviembre de 2019, perdió un diputado en León y cinco en el conjunto de la comunidad.

La comparación se refiere al Congreso de los Diputados, no a las Cortes de Castilla y León. Conviene distinguir también los dos ámbitos: León es una circunscripción provincial, mientras que el resultado de Castilla y León suma los obtenidos en sus provincias; no corresponde a una circunscripción única.

León: perdió el diputado conseguido en 2019

En las generales de julio de 2023, Vox obtuvo en León 35.451 votos, el 12,88 %, pero quedó fuera del reparto de escaños. Los cuatro diputados de la provincia se distribuyeron entre PP y PSOE, con dos para cada partido. Por tanto, el apoyo recibido por Vox no se tradujo en representación por esta circunscripción. Puede consultarse el detalle en los resultados de León.

En noviembre de 2019, Vox había conseguido 40.884 votos, el 15,56 % y un diputado. La diferencia entre ambas convocatorias fue la siguiente:

• Votos: perdió 5.433 papeletas.
• Porcentaje: descendió 2,68 puntos porcentuales, del 15,56 % al 12,88 %.
• Escaños: pasó de uno a ninguno.

La pérdida de representación en León está recogida también por Demócrata, que recuerda que Vox obtuvo un diputado en noviembre de 2019 y lo perdió cuatro años después. Esa es la diferencia esencial: en 2023 mantuvo más de 35.000 votos, pero ya no contó con un representante elegido por la provincia.

Castilla y León: de seis diputados a uno

En el conjunto de Castilla y León, Vox reunió en julio de 2023 197.172 votos, el 13,78 % y un diputado, de los 31 que se elegían en la comunidad. En noviembre de 2019 había obtenido 230.743 votos, el 16,61 % y seis diputados. Los datos de ambas convocatorias pueden contrastarse en los resultados de Castilla y León.

La evolución del resultado autonómico agregado fue:

• Votos: perdió 33.571 papeletas.
• Porcentaje: bajó 2,83 puntos porcentuales, del 16,61 % al 13,78 %.
• Escaños: perdió cinco diputados, al pasar de seis a uno.

La reducción de escaños fue, por tanto, mucho más intensa que la caída del porcentaje de voto. Vox pasó de reunir seis de los 31 diputados elegidos en Castilla y León —aproximadamente el 19,4 % de esos escaños— a conservar uno, equivalente al 3,2 %. Estos porcentajes describen su peso en la representación de la comunidad, no su porcentaje de votos.

Cómo interpretar la comparación

Los resultados muestran un retroceso en ambos ámbitos, pero no deben sumarse entre sí: León ya está incluido en el total de Castilla y León. Del mismo modo, el diputado perdido en León forma parte de los cinco que Vox perdió en el conjunto de la comunidad.

En definitiva, tomando como referencia las generales inmediatamente anteriores, las de noviembre de 2019, Vox pasó de uno a cero diputados en León y de seis a uno en Castilla y León. El balance corresponde a las elecciones generales de 2023 y no debe confundirse con resultados de elecciones autonómicas.