Feijóo cree que el Constitucional no rescatará a Sánchez con la Ley de Nietos

La llamada Ley de Nietos ya está aprobada: es el nombre habitual de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, publicada el 20 de octubre de 2022. Lo que se promovió en septiembre de 2026 fue una modificación mediante una enmienda a una iniciativa educativa, no una nueva ley independiente. A fecha de 20 de octubre de 2026, la disolución de las Cortes impide presentar aquella reforma como una tramitación todavía abierta: al estar pendiente, caducó con la disolución.

Qué estaba aprobado y qué se quería modificar

La regulación de 2022 abrió una vía excepcional para optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles. Incluyó supuestos relacionados con el exilio, los hijos de españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución y los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad de origen mediante las leyes de memoria. No necesita una nueva aprobación parlamentaria para existir.

El Gobierno acordó el 9 de julio de 2024 ampliar un año el plazo para ejercer ese derecho. El periodo general de solicitudes terminó en octubre de 2025; esa finalización no debe confundirse con la aprobación de la ley ni con la resolución de los expedientes ya iniciados. Así lo explica la información de Exteriores sobre nacionalidad.

Hasta dónde llegó la reforma de 2026

La modificación de septiembre pretendía trasladar a una norma con rango de ley el criterio administrativo sobre la consideración de exiliados de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Su finalidad estaba vinculada a la controversia judicial sobre los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones, no a una aprobación inicial de la Ley de Nietos. (Demócrata, 23 de septiembre).

El último hito específico documentado fue la admisión a trámite de la enmienda por la Mesa de la Comisión de Educación, el 30 de septiembre de 2026. La propuesta se presentó sobre una iniciativa que modificaba la legislación educativa y las condiciones del desempeño docente. Admitirla permitía discutirla, pero no significaba aprobar su contenido. (Demócrata, 30 de septiembre).

En aquel momento, el siguiente paso era su examen en ponencia —el grupo de parlamentarios que prepara el texto— y después en comisión. Sin embargo, la disolución de las Cortes del 6 de octubre puso fin a las iniciativas legislativas pendientes. Por tanto, esa secuencia no puede describirse ahora como un calendario pendiente de ejecución.

Qué haría falta para aprobar una nueva reforma

La modificación tendría que volver a impulsarse en la nueva legislatura. No bastaría con retomar automáticamente la enmienda de septiembre. El recorrido general sería:

• Presentación de una nueva iniciativa: un proyecto del Gobierno o una proposición de ley. Esta última necesitaría que el Congreso aceptase comenzar su tramitación.
• Examen en el Congreso: presentación de enmiendas, informe de ponencia y dictamen de comisión; después, votación del Pleno cuando corresponda.
• Tramitación en el Senado: podría aprobar el texto, introducir modificaciones o formular un veto. Los cambios o el veto exigirían una nueva decisión del Congreso.
• Publicación oficial: tras completar la aprobación parlamentaria, procederían la sanción y promulgación reales y la publicación en el BOE, con la entrada en vigor que estableciera el texto.

En conclusión: la norma original no espera aprobación definitiva; la reforma promovida en septiembre no culminó y caducó con la disolución. No hay una fecha acreditada para aprobar una nueva modificación. Además, las decisiones judiciales sobre voto y censo electoral siguen una vía distinta de la tramitación legislativa.

El presidente del Gobierno dirige la acción del Ejecutivo y coordina a sus miembros, conforme al artículo 98.2 de la Constitución española. Además, dispone de atribuciones propias en sus relaciones con el Congreso, la Corona y el Tribunal Constitucional. Es importante distinguir estas facultades personales de las que la Constitución atribuye al Gobierno en su conjunto.

1. Dirección y coordinación del Gobierno

El artículo 98.2 establece que el presidente «dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo». Esta dirección debe respetar la competencia y responsabilidad directa de cada ministro en su gestión: no significa que el presidente sustituya personalmente a todos los departamentos.

El artículo 97 atribuye al Gobierno, no exclusivamente a su presidente, la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado. También le corresponde ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, siempre conforme a la Constitución y las leyes.

2. Composición del Ejecutivo

Según los artículos 100 y 62.e, el presidente propone al Rey el nombramiento y la separación de los demás miembros del Gobierno. La decisión formal corresponde al monarca, pero la propuesta procede del presidente. Esta atribución permite configurar y modificar el equipo gubernamental.

3. Relaciones con el Congreso y las Cortes

• Cuestión de confianza — artículo 112. Previa deliberación del Consejo de Ministros, puede preguntar al Congreso si mantiene su respaldo sobre el programa gubernamental o una declaración de política general. Se obtiene por mayoría simple. Si se pierde, el Gobierno debe dimitir, conforme al artículo 114.
• Disolución parlamentaria — artículo 115. Previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. La decreta el Rey y el decreto fija las elecciones. No puede proponerse mientras se tramite una moción de censura; tampoco procede otra disolución antes de un año, salvo el supuesto del artículo 99.5. Además, el artículo 116.5 impide disolver el Congreso durante los estados de alarma, excepción o sitio.
• Referéndum consultivo — artículo 92. Propone al Rey su convocatoria sobre decisiones políticas de especial trascendencia, previa autorización del Congreso. Por tanto, no puede convocarlo unilateralmente.

4. Relaciones con la Corona

El artículo 64 le atribuye el refrendo de los actos del Rey, que también puede corresponder a los ministros competentes. Quien refrenda asume la responsabilidad del acto. Existen excepciones: la propuesta y el nombramiento del presidente, así como la disolución por investidura fallida del artículo 99, los refrenda el presidente del Congreso.

Asimismo, el artículo 62.g contempla que el Rey presida sesiones del Consejo de Ministros para ser informado de asuntos de Estado, cuando lo estime oportuno y a petición del presidente del Gobierno.

5. Defensa de la Constitución y límites

El artículo 162.1.a legitima personalmente al presidente para interponer el recurso de inconstitucionalidad, mediante el que puede impugnar leyes y normas con fuerza de ley ante el Tribunal Constitucional.

Estas atribuciones están sometidas a control: el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso —artículo 108— y sus miembros deben atender preguntas, interpelaciones y requerimientos parlamentarios —artículos 109 a 111—. El Congreso puede sustituir al presidente mediante una moción de censura aprobada por mayoría absoluta que incluya un candidato alternativo —artículos 113 y 114—.

En definitiva, dirige el Ejecutivo, pero no concentra todas las facultades estatales: por ejemplo, los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros, según el artículo 88.

Fuente: Constitución española en el BOE.

Las últimas elecciones generales celebradas en España fueron las del 23 de julio de 2023. El Partido Popular obtuvo 137 diputados de los 350 del Congreso, alrededor de 8,09 millones de votos y aproximadamente el 33,05 % de los sufragios. Fue la candidatura más votada y con más escaños, aunque quedó a 39 diputados de la mayoría absoluta (resultados del 23J).

Las cifras principales

El resultado del PP puede resumirse en tres dimensiones: los apoyos recibidos, su representación parlamentaria y la distancia respecto a una mayoría propia. Estas cifras corresponden a elecciones celebradas, no a estimaciones de encuestas posteriores.

• Votos: alrededor de 8,09 millones de electores respaldaron al PP en la elección del Congreso (resultados del 23J).
• Porcentaje: aproximadamente el 33,05 %, equivalente a cerca de uno de cada tres votos (resultados del 23J).
• Diputados: consiguió 137 escaños, que representan aproximadamente el 39,1 % de los puestos del Congreso (resultados en RTVE).
• Mayoría absoluta: le faltaron 39 escaños para alcanzar los 176 necesarios; por tanto, su resultado no le daba una mayoría absoluta propia (reparto del Congreso).

Comparación con las generales anteriores

En las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el PP había conseguido aproximadamente 5,05 millones de votos, el 20,81 % y 89 diputados. En aquella convocatoria quedó como segunda fuerza, mientras que en julio de 2023 pasó a ocupar la primera posición en votos y escaños (evolución electoral del PP).

La comparación entre ambas convocatorias muestra un aumento de 48 diputados: de 89 a 137. En términos relativos, eso supone incrementar su representación parlamentaria aproximadamente un 54 %, tomando como referencia los escaños de noviembre de 2019 (evolución electoral del PP).

También aumentó su respaldo electoral: pasó de unos 5,05 millones a alrededor de 8,09 millones de votos, una diferencia aproximada de 3,04 millones. Su porcentaje creció unos 12,24 puntos porcentuales, desde el 20,81 % hasta aproximadamente el 33,05 % (resultados comparados del PP).

Su posición en el Congreso

Para situar esos 137 diputados, el reparto definitivo de las cuatro candidaturas con más escaños fue: PP, 137; PSOE, 121; Vox, 33; y Sumar, 31. El PP obtuvo así una ventaja de 16 escaños sobre el PSOE, la segunda candidatura con más representación (balance del 23J en Demócrata).

La suma de los diputados del PP y Vox fue de 170, seis menos que los 176 de la mayoría absoluta. Este dato permite distinguir entre quedar primero en las elecciones y disponer, junto con otra candidatura concreta, de una mayoría absoluta en el Congreso (aritmética del 23J).

En síntesis, el PP ganó las últimas generales en votos y escaños y mejoró su resultado respecto a noviembre de 2019. La cifra central para recordar es 137 diputados: 48 más que en la convocatoria anterior, pero 39 menos que los necesarios para alcanzar por sí solo la mayoría absoluta (serie electoral del PP).