Una asociación de descendientes de españoles recurre al Supremo para recuperar el voto de los afectados por la ley de nietos

El siguiente paso es que el Tribunal Supremo resuelva, tras escuchar a las partes, cómo se aplican las medidas cautelares sobre la inscripción en el CERA y qué efecto tienen en las elecciones del 29 de noviembre. Después deberá continuar el procedimiento hasta una sentencia sobre el fondo. Conviene distinguir esa decisión provisional de la resolución definitiva: la suspensión descrita afecta a la inscripción electoral, no a la nacionalidad.

La información concreta disponible procede de la nota de Vinces sobre voto CERA, elaborada por Teresa Núñez Marcos y fechada el 8 de octubre de 2026. Esa nota describe actuaciones pendientes en esa fecha; no permite presentar como ya resueltas las decisiones posteriores.

1. Alegaciones y decisión sobre las cautelares

Según la nota, el Supremo había concedido 48 horas a las partes para formular alegaciones antes de decidir sobre la aplicación de las medidas a la convocatoria electoral. El paso inmediato consiste, por tanto, en incorporar esas posiciones y resolver la controversia sobre su alcance. Ese plazo corresponde al trámite descrito en el documento: no debe entenderse que comienza ahora ni que sigue abierto.

También consta que el Gobierno recurrió las cautelares y que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal se habían opuesto a ellas. La impugnación debe recibir una respuesta judicial. La documentación consultada no precisa la modalidad del recurso ni su calendario, por lo que no cabe atribuirle plazos o efectos concretos adicionales.

2. Identificación de las personas afectadas

En paralelo, debe concretarse a quién alcanza la suspensión. La nota señala que la Junta Electoral Central acató el auto y pidió a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares que identificaran a los afectados.

• Quienes acreditaron documentalmente el exilio de su ascendiente conservan el voto, conforme al alcance del auto descrito.
• Para quienes obtuvieron la nacionalidad sin esa prueba, se suspende la inscripción en el CERA: no se incorporan nuevas altas y los ya inscritos no votan mientras dure la medida.

Esta identificación tiene una dificultad práctica relevante: según el documento, ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA indican por qué vía se obtuvo la nacionalidad. Por ello, la aplicación exige revisar expedientes, no simplemente separar automáticamente a todos los nacionalizados por la denominada «ley de nietos».

3. Aplicación al censo de las elecciones

La decisión judicial debe trasladarse a la actuación censal correspondiente. El documento sitúa el cierre del censo el 1 de agosto de 2026 y señala que la identificación debe completarse antes del 29 de noviembre. También recoge una petición del PP a la JEC para excluir las inscripciones suspendidas; esa petición no equivale, por sí sola, a una decisión judicial o censal ya ejecutada.

4. Continuación del procedimiento y sentencia

Resuelta la cuestión provisional, el procedimiento debe continuar hasta que el Supremo decida sobre el fondo del recurso contra el acuerdo de la JEC del 16 de julio, recurrido por Iustitia Europa y Vox. La nota no detalla qué trámites de alegaciones, prueba o conclusiones están ya cumplidos ni fija fecha de sentencia. No puede darse por pendiente una fase concreta sin esa información.

La clave jurídica es separar ambos planos: las cautelares regulan provisionalmente la situación electoral; la sentencia resolverá la controversia principal. Según la nota, el auto no anula la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática ni la instrucción sobre nacionalidad, no revoca nacionalidades y tampoco paraliza sus expedientes.

El Tribunal Supremo controla judicialmente determinadas decisiones de la Administración electoral que pueden afectar al voto de los españoles residentes en el extranjero. Su función no es organizar ese voto ni gestionar el censo, sino resolver los recursos de su competencia y garantizar que las actuaciones impugnadas respeten la legalidad y los derechos fundamentales. La residencia fuera de España no crea una jurisdicción electoral distinta: el órgano competente depende del acto que se recurre.

Control de las decisiones electorales

La intervención más relevante del Supremo se produce a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, que conoce de recursos contra actuaciones de la Junta Electoral Central cuando corresponde conforme a las reglas procesales. Ese control puede alcanzar decisiones relacionadas con el voto exterior, las instrucciones que lo ordenan o la respuesta de la Junta a reclamaciones sobre su ejercicio.

El Tribunal examina la legalidad de la decisión recurrida: si el órgano actuó dentro de sus competencias, si interpretó correctamente las normas y si respetó las garantías aplicables. Puede confirmar o anular el acto y, cuando proceda, ordenar las actuaciones necesarias para restablecer la situación jurídica afectada. No sustituye, sin embargo, al legislador para establecer nuevos requisitos de sufragio.

Censo exterior: revisión judicial, no gestión

El CERA, o Censo Electoral de Residentes Ausentes, identifica a los españoles que residen permanentemente fuera de España y están inscritos para participar en las elecciones correspondientes. Su gestión corresponde a la Oficina del Censo Electoral, bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central. Los consulados intervienen en las actuaciones que les corresponden para hacer posible el voto exterior.

El Supremo no incorpora electores al censo de oficio, no tramita sus reclamaciones administrativas iniciales ni envía la documentación electoral. Tampoco cualquier desacuerdo individual sobre una inclusión o exclusión llega directamente a él: existen vías específicas de reclamación y revisión judicial cuya competencia depende de la actuación discutida.

Medidas cautelares y protección del derecho de voto

Durante un recurso, el Tribunal puede resolver solicitudes de medidas cautelares: decisiones provisionales destinadas a evitar que el tiempo necesario para dictar sentencia haga inútil la protección judicial. Deben distinguirse de la sentencia que resuelve definitivamente el litigio.

En materia electoral, sus consecuencias pueden ser especialmente intensas porque las elecciones tienen plazos breves y una oportunidad de participación que no siempre puede recuperarse después. Por ello, la decisión debe ponderar los intereses afectados y justificar su alcance. Una medida sobre una actuación censal no equivale, por sí misma, a anular una norma, retirar una nacionalidad o resolver definitivamente quién tiene derecho a votar.

Lo que no corresponde al Supremo

• Organizar la votación exterior: no prepara los envíos, habilita los locales consulares ni custodia ordinariamente los sobres.
• Realizar el escrutinio: el recuento electoral corresponde a los órganos electorales competentes, no al Tribunal como tarea administrativa.
• Resolver cualquier litigio electoral: la competencia está distribuida entre distintos órganos judiciales según la elección y el acto impugnado.
• Ejercer las funciones del Tribunal Constitucional: la protección mediante recurso de amparo corresponde a este último, con sus propios requisitos.

También conviene separar nacionalidad, inscripción censal y ejercicio del sufragio. Son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas: revisar una decisión electoral no significa automáticamente revisar o revocar la nacionalidad de una persona.

En definitiva, el Supremo actúa como garante judicial de la legalidad electoral dentro de su competencia, no como administrador del voto exterior. Para determinar qué puede decidir en un caso concreto, lo decisivo es identificar qué acto se impugna, quién lo dictó y qué protección se solicita.

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática reconoce un derecho de opción a la nacionalidad española para determinados hijos y nietos de españoles. No basta con tener un apellido español o acreditar cualquier ascendencia: hay que encajar en uno de los supuestos previstos, demostrar el vínculo familiar y cumplir el requisito temporal. Es importante distinguir el texto de la ley de las instrucciones administrativas que concretan su aplicación.

1. ¿Qué descendientes contempla la ley?

La disposición establece tres supuestos principales:

• Nacidos fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles. El primer párrafo se refiere a quienes, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Su redacción dice: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» y añade las circunstancias relativas al exilio y a la pérdida o renuncia.
• Hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En este supuesto, lo relevante es acreditar esa pérdida vinculada al matrimonio; no se formula como requisito adicional haber sufrido exilio.
• Hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron el reconocimiento de su nacionalidad de origen mediante el derecho de opción de esta ley o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. No comprende, por su sola redacción, a los hijos de cualquier persona que haya adquirido la nacionalidad española por otra vía.

2. ¿Qué hay que acreditar?

La prueba debe corresponder al supuesto invocado. En términos sustantivos, es necesario demostrar:

• La identidad y el nacimiento del solicitante, incluido el nacimiento fuera de España cuando lo exige el supuesto.
• La filiación: el parentesco con el padre, madre, abuelo o abuela que permite ejercer la opción. Si se invoca a un abuelo, debe quedar acreditada también la generación intermedia.
• La condición del ascendiente: su nacionalidad española originaria o, según corresponda, el reconocimiento de la nacionalidad de origen mediante una de las dos leyes citadas.
• Las circunstancias específicas aplicables: el exilio y la pérdida o renuncia de nacionalidad, o la pérdida de nacionalidad de la madre por matrimonio, según la vía alegada.

Las certificaciones de nacimiento y los documentos sobre nacionalidad, matrimonio o exilio deben servir para probar esos hechos. La disposición adicional no contiene una lista documental cerrada: no debe confundirse el requisito legal con el documento concreto admitido para demostrarlo.

3. ¿Existe un plazo para solicitarla?

Sí. El apartado segundo exige que la declaración se formalice «en el plazo de dos años desde la entrada en vigor» y permite al Consejo de Ministros acordar una prórroga de un año. Por tanto, no es una vía abierta indefinidamente. Para valorar una solicitud concreta también resulta decisivo comprobar el plazo aplicable y, en su caso, las reglas sobre citas solicitadas dentro de él; esos extremos no quedan acreditados por el texto original aquí citado.

4. ¿La nacionalidad se obtiene automáticamente?

No. La ley permite optar: exige ejercer el derecho y acreditar sus presupuestos, con remisión al artículo 20 del Código Civil. La ascendencia, por sí sola, no sustituye esa declaración. Asimismo, antes de descartar un caso por la cuestión del exilio, debe atenderse a las instrucciones administrativas de aplicación, cuyo contenido no se reproduce en el texto legal consultado.

Fuente: Ley de Memoria Democrática, disposición adicional octava.