El Gobierno ha expresado su profundo malestar por la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados mediante la conocida como "ley de nietos" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La resolución del alto tribunal, que afecta potencialmente a 163.020 ciudadanos españoles residentes en el extranjero, ha provocado una nueva confrontación política entre el PSOE y el Partido Popular, con acusaciones cruzadas sobre la protección del derecho al sufragio y la legalidad del censo electoral.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido uno de los primeros representantes del Ejecutivo en cuestionar la decisión judicial. Durante una conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el titular de Interior ha lamentado que se mantenga una medida que puede impedir votar a miles de españoles que obtuvieron su nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", ha señalado el ministro, evidenciando el desacuerdo del Gobierno con el criterio del Supremo.
La resolución ha sido adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha rechazado las peticiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para levantar la suspensión acordada el pasado 8 de septiembre. El tribunal considera que debe mantenerse la medida mientras se examina la legalidad de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), una cuestión que ha adquirido especial trascendencia después de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones generales al 29 de noviembre.
Marlaska critica la decisión del Supremo y el Gobierno estudia sus opciones
El ministro del Interior ha trasladado la preocupación del Ejecutivo por las consecuencias que la decisión puede tener sobre el ejercicio de un derecho fundamental. Grande-Marlaska ha cuestionado que se mantenga la suspensión del voto cuando el calendario electoral hace prácticamente imposible revisar los expedientes de los afectados antes de la celebración de los comicios.
El titular de Interior ha explicado que corresponde ahora a la Abogacía del Estado examinar el alcance de la resolución y las posibles vías jurídicas disponibles, incluida la valoración de si la decisión sobre las medidas cautelares tiene carácter definitivo a efectos de una eventual impugnación. El Gobierno ya había advertido de que el adelanto electoral modificaba sustancialmente las circunstancias que existían cuando el Supremo acordó inicialmente la suspensión.
La principal dificultad reside en los plazos. El censo electoral válido para las elecciones del 29N es el cerrado a 1 de agosto de 2026, mientras que el periodo para consultar los datos y presentar reclamaciones se extiende del 12 al 19 de octubre. Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, resulta materialmente imposible examinar individualmente los expedientes de miles de nacionalizados y distinguir qué inscripciones deben mantenerse antes de que concluya el procedimiento de revisión censal.
La Abogacía del Estado había reclamado al Supremo que reconsiderara su decisión ante el riesgo de provocar una privación efectiva del derecho al sufragio, puesto que una eventual sentencia posterior favorable a los afectados no permitiría recuperar el voto perdido en unas elecciones ya celebradas.
El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "Han vuelto a tropezar con la piedra del franquismo"
La respuesta más contundente ha llegado desde el Partido Socialista, que ha acusado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de respaldar una actuación que, a juicio de la formación, perjudica a los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Fuentes socialistas han denunciado que los líderes del PP y Vox han vuelto a "tropezar con la piedra" del franquismo, al considerar que la controversia sobre el censo supone un nuevo cuestionamiento de los derechos reconocidos a las víctimas del exilio y a sus familiares.
"¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y sí los nietos del régimen franquista?", se han preguntado desde el PSOE, que interpreta la decisión como un "atropello" contra miles de ciudadanos españoles.
Los socialistas han elevado el tono de sus críticas al asegurar que Feijóo y Abascal pretenden impedir que los descendientes de los exiliados puedan participar en las elecciones generales. "Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", han sostenido las mismas fuentes.
El PSOE también ha vinculado esta polémica con anteriores controversias relacionadas con el voto por correo y el funcionamiento del sistema electoral. En su opinión, PP y Vox están cuestionando sucesivamente distintos mecanismos de participación política y ahora sitúan el foco en el sufragio de los españoles nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática.
"En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza", han defendido los socialistas, que aseguran que continuarán denunciando lo que consideran un intento de restringir derechos fundamentales. Las acusaciones forman parte de la interpretación política del PSOE y contrastan con la posición de los partidos que defienden la revisión del censo para garantizar la regularidad de las inscripciones.
El PP celebra la resolución y acusa a Sánchez de intentar manipular el censo
La reacción del Partido Popular ha sido completamente opuesta. Los populares han recibido favorablemente la resolución del Tribunal Supremo y consideran que supone un límite a la actuación del Ejecutivo sobre el censo electoral. Desde el partido de Feijóo sostienen que las instituciones judiciales deben garantizar que las elecciones se celebren con un registro de votantes ajustado a la legalidad.
Una de las respuestas más destacadas ha sido la de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, que ha acusado directamente a Pedro Sánchez de intentar intervenir en la composición del electorado.
"Pedro Sánchez quiso manosear el censo electoral, pero España tiene instituciones capaces de poner límites al poder. El 29 de noviembre, elecciones limpias. Esa es la primera victoria de la democracia", ha escrito la parlamentaria en su cuenta de X.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, también del PP, quien ha afirmado que "parece que el intento de manipular el censo electoral no le ha salido bien".
Estas declaraciones reflejan la posición política del PP, aunque la resolución cautelar no establece que el Gobierno haya manipulado el censo ni acredita la existencia de fraude electoral. El procedimiento judicial se centra en determinar si determinadas inscripciones cumplen los requisitos legales y si deben mantenerse mientras se resuelve el recurso principal.
Qué ha decidido el Supremo y por qué afecta a más de 163.000 españoles
El origen de la controversia se encuentra en los recursos promovidos por Vox e Iustitia Europa contra determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Esta norma, aprobada en 2022, abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación sexual. Posteriormente, una instrucción del Ministerio de Justicia estableció criterios para facilitar la acreditación de la condición de exiliado en determinados supuestos históricos.
El Tribunal Supremo cuestionó cautelarmente la aplicación de esa instrucción, al considerar necesario comprobar si las inscripciones electorales realizadas mediante ese procedimiento se ajustaban a la legislación. La suspensión se adoptó inicialmente el 8 de septiembre, cuando todavía no se habían convocado las elecciones generales.
El adelanto electoral ha complicado considerablemente la ejecución de la medida. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, 163.020 personas se encuentran potencialmente afectadas por la suspensión para el 29N, aunque la aplicación concreta depende de la situación administrativa de cada elector.
Es importante señalar que la decisión del Supremo no supone la retirada de la nacionalidad española ni afecta necesariamente a todos los beneficiarios de la ley de nietos. La controversia se refiere al ejercicio del voto y a determinadas inscripciones electorales cuya legalidad está pendiente de revisión.
Una magistrada discrepa de la decisión y advierte de un daño irreversible
La decisión del Supremo no ha contado con unanimidad. La magistrada Alicia Millán ha formulado un voto particular discrepante al considerar que la convocatoria anticipada de elecciones constituye una circunstancia nueva que debía haber llevado a reconsiderar la suspensión.
En su argumentación, la magistrada advierte de que el mantenimiento de la medida puede provocar una consecuencia irreversible sobre el derecho fundamental de participación política, ya que los afectados no podrían recuperar posteriormente la posibilidad de votar en los comicios del 29 de noviembre.
La posición mayoritaria del tribunal, en cambio, otorga prioridad a la necesidad de garantizar la regularidad, veracidad y transparencia del censo electoral mientras se resuelve el litigio. Los magistrados consideran que la protección del proceso electoral justifica mantener las medidas cautelares, pese a las dificultades prácticas que plantea su aplicación.
Esta discrepancia refleja el principal conflicto jurídico del caso: cómo conciliar la garantía de un censo ajustado a la legalidad con el derecho de participación política de ciudadanos españoles cuya nacionalidad sigue siendo válida.
El conflicto estalla en plena cuenta atrás para las elecciones del 29N
La decisión judicial llega en un momento especialmente sensible del calendario electoral. Este lunes, 12 de octubre, se ha abierto el plazo para consultar el censo de las elecciones generales del 29 de noviembre, que permanecerá disponible para reclamaciones hasta el próximo 19 de octubre.
Las resoluciones sobre los errores u omisiones detectados deberán comunicarse dentro de los plazos establecidos, con el 23 de octubre como fecha de referencia para su exposición. La cercanía de estos trámites reduce el margen para revisar los expedientes de los nacionalizados afectados y aplicar posibles modificaciones antes de la votación.
La controversia se produce, además, en un escenario de creciente confrontación entre el Gobierno y la oposición, con los partidos preparando sus candidaturas y estrategias electorales. El PSOE denuncia una restricción injustificada del derecho al voto, mientras que el PP defiende la actuación del Supremo como una garantía de limpieza electoral.
Con las elecciones generales a menos de siete semanas, la situación de los 163.020 nacionalizados potencialmente afectados se convierte en uno de los principales conflictos jurídicos y políticos de la convocatoria. El Ejecutivo estudia los pasos que puede dar tras la resolución, mientras el Supremo mantiene la suspensión cautelar y continúa pendiente la resolución definitiva sobre la legalidad de las inscripciones cuestionadas.